Angie Cruickshank sostuvo que la Defensoría debe proteger los derechos de todas las personas y cuestionó las descalificaciones personales del ministro Gabriel Aguilar.
La defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, respondió la noche del miércoles al ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, quien aseguró al medio Trivisión que Cruickshank se había convertido en la "defensora de los delincuentes".
Las declaraciones de Aguilar se produjeron luego de que la Defensoría cuestionara un video publicado por el Ministerio de Justicia bajo el título “Los Jachudos van directo al CACCO”, en el que Aguilar comunicó a varios privados de libertad que serían trasladados a un régimen de alta contención y posteriormente al Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO).
En una entrevista con el medio Trivisión, Aguilar señaló:
Esta señora yo no sé si es que se convirtió en la defensora exclusiva de los delincuentes, junto con Carlo Díaz. Porque, por ejemplo, uno de los jachudos que sacamos ayer, por ejemplo, es un sicario, y yo no la vi a ella dándole el pésame a la familia de la persona que asesinó”.
En respuesta a esas declaraciones, Cruickshank rechazó que la defensa de los derechos de las personas privadas de libertad implique respaldar conductas delictivas y recordó que la institución debe velar por los derechos de todos los habitantes.
La defensora señaló:
Defender los derechos de todas las personas no me convierte en defensora de delincuentes. Soy la defensora de todos los habitantes. Ministro, la Defensoría no pregunta qué delito cometió una persona para decidir si defendemos o no los derechos que la Constitución misma le garantiza".
Cruickshank aclaró que sus cuestionamientos sobre el video del Ministerio de Justicia no se dirigían contra las acciones legítimas de seguridad:
No cuestionamos el decomiso de armas, las requisas ni las acciones legítimas para combatir la criminalidad, pero sí cuestionamos la arbitrariedad en el ejercicio del poder público y la objetivación de personas para fines mediáticos. El amedrentamiento y los impactos psicológicos en una persona bajo custodia del Estado no son asuntos menores".
La defensora añadió que las actuaciones del ministro demuestran, a su criterio, "desconocimiento del principio rehabilitador de la pena".
Además, Cruickshank recordó que la ubicación de una persona en regímenes de máxima seguridad o alta contención debe responder a valoraciones técnicas y jurídicas de los órganos correspondientes de Adaptación Social y no a una decisión unilateral de una autoridad política.
Ante el cuestionamiento de Aguilar sobre dónde estaba la defensora cuando sufrían las familias de las víctimas de delitos, Cruickshank respondió que la institución trabaja de manera permanente con víctimas y familias afectadas por la violencia y señaló que ella misma forma parte de una familia que sufrió una pérdida relacionada con el crimen organizado.
La defensora afirmó:
Ministro, usted pregunta dónde estoy cuando sufren las familias de las víctimas. En la Defensoría trabajamos permanentemente con las familias y víctimas de violencia. Yo misma soy parte de una familia doliente que ha sufrido una pérdida producto del crimen organizado, que se ha vuelto rampante, entre otros, por la falta de una política de seguridad efectiva. Pero ese dolor no puede justificar la arbitrariedad del Estado".
Cruickshank insistió en que la defensa de los derechos humanos implica exigir que las autoridades actúen dentro del marco jurídico, independientemente de la persona involucrada.
Defender los derechos humanos no es defender delincuentes, es garantizar que el Estado, frente a cualquier persona, actúe dentro del ordenamiento jurídico".
Finalmente, la defensora cuestionó las descalificaciones personales del ministro y defendió su independencia en el ejercicio del cargo.
Finalmente, ministro, la crítica y el debate público son legítimos. La descalificación personal no lo es. El cargo que usted ostenta y la inmunidad que lo cubre no deben convertirse en un escudo para descalificar a esta servidora en el ejercicio de sus funciones a cargo de la institución nacional de derechos humanos de Costa Rica. Así que, ministro, seguiré haciendo mi trabajo con independencia y firmeza".