Costa Rica logró consolidarse durante décadas como un destino atractivo para la inversión extranjera gracias a su estabilidad democrática, capital humano calificado y seguridad jurídica. Estas condiciones han permitido el establecimiento de importantes operaciones internacionales en sectores como el farmacéutico, tecnológico y de dispositivos médicos. Sin embargo, en un contexto internacional cada vez más competitivo, resulta importante analizar si nuestro marco jurídico continúa ofreciendo las condiciones necesarias para atraer nuevas inversiones y mantener las operaciones existentes.
Desde una perspectiva económica, es comprensible que los mercados respondan a fenómenos cíclicos. Algunas empresas llegan, otras se marchan y muchas transforman sus operaciones según sus necesidades. No obstante, ante la salida o reestructuración de operaciones empresariales consolidadas en los últimos años, independientemente de sus causas, resulta oportuno reflexionar sobre las condiciones que Costa Rica ofrece para mantenerse competitiva desde una perspectiva jurídica, sin comprometer las garantías y controles que nuestro ordenamiento debe preservar.
En los últimos años se han implementado importantes transformaciones en materia tributaria, societaria y regulatoria. Reformas legislativas, nuevas obligaciones de cumplimiento y modificaciones a procedimientos administrativos que, si bien persiguen objetivos legítimos como fortalecer la transparencia, combatir la evasión fiscal o prevenir la legitimación de capitales, también han generado nuevas cargas para quienes desarrollan actividades económicas en el país.
El problema no necesariamente radica en cada obligación individualmente, sino en sus efectos acumulativos. Una declaración adicional, un procedimiento de actualización o un nuevo requisito documental pueden parecer medidas razonables de manera aislada. Sin embargo, cuando estas obligaciones se suman, el cumplimiento puede convertirse en un proceso complejo y costoso, particularmente para pequeños empresarios e inversionistas.
Esto nos lleva a plantear una interrogante: ¿estamos construyendo un sistema jurídico y fiscal que facilita el desarrollo de actividades económicas legítimas o uno en el que cumplir con la ley resulta cada vez más complejo?
Un ejemplo cercano es el mantenimiento de sociedades utilizadas para la administración patrimonial. En Costa Rica, constituir una sociedad para mantener bienes, administrar inversiones o conservar participaciones accionarias es una práctica perfectamente legítima. Sin embargo, mantener estas estructuras al día supone atender diversas obligaciones, como el impuesto a las personas jurídicas, las declaraciones informativas que correspondan ante el Ministerio de Hacienda, el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales y los procesos de conocimiento del cliente exigidos por las entidades financieras.
A ello se suman los costos de asesoría y otras gestiones que pueden resultar necesarias según las características de cada sociedad. Para una persona que mantiene una estructura patrimonial sencilla, el costo económico y administrativo de cumplir con estas obligaciones puede resultar considerable frente a la finalidad para la cual fue constituida.
Incluso reformas como la eliminación de la posibilidad de utilizar nombres sociales en la constitución de nuevas sociedades anónimas y de responsabilidad limitada, sustituyendo estos por su identificación mediante cédula jurídica, reflejan cómo decisiones orientadas a simplificar procedimientos pueden modificar prácticas empresariales arraigadas.
La situación adquiere otra dimensión cuando se trata de estructuras corporativas internacionales. El Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales constituye una herramienta legítima para identificar a las personas físicas que ejercen el control final sobre determinadas entidades jurídicas. No obstante, cuando existen múltiples niveles de participación accionaria o sociedades constituidas en diferentes jurisdicciones, el proceso de recopilación y presentación de información puede convertirse en una tarea considerablemente compleja.
El desafío no consiste en cuestionar la necesidad de conocer quiénes son los beneficiarios finales, sino en determinar si los procedimientos disponibles permiten cumplir esa obligación de manera eficiente.
Situaciones similares pueden presentarse en materia tributaria. La modificación de mecanismos de pago, las limitaciones de determinados canales bancarios o la implementación de nuevas plataformas digitales pueden representar dificultades para los usuarios. La digitalización, por sí sola, no garantiza una simplificación si termina exigiendo más gestiones para completar una misma obligación.
Por otra parte, los trabajadores independientes y pequeños empresarios también enfrentan cargas importantes. Las obligaciones tributarias, las contribuciones a la seguridad social y los requisitos administrativos asociados a la formalización pueden representar un esfuerzo económico significativo, especialmente durante las primeras etapas de una actividad productiva. Sin cuestionar la importancia de financiar nuestro sistema de seguridad social, resulta válido discutir si los mecanismos de inscripción, determinación de cuotas y cumplimiento son suficientemente claros, accesibles y proporcionales.
Estos ejemplos reflejan una preocupación común: la creciente complejidad del cumplimiento normativo puede afectar tanto a grandes operaciones empresariales como a pequeños inversionistas, aunque sus consecuencias sean diferentes para cada uno.
Una multinacional puede contar con departamentos legales y de cumplimiento capaces de administrar estas obligaciones, aunque ello represente costos adicionales. En cambio, una persona que mantiene una sociedad patrimonial o desarrolla un pequeño negocio normalmente debe asumir directamente estas gestiones o contratar asistencia profesional.
Ahora bien, mejorar la competitividad no implica renunciar a los controles regulatorios. La transparencia corporativa, la prevención de actividades ilícitas, la recaudación tributaria y la protección de los derechos laborales son objetivos legítimos que deben preservarse y fortalecerse.
La discusión debería concentrarse en cómo hacer que estos mecanismos funcionen mejor.
En una época en la que existen herramientas tecnológicas capaces de automatizar procesos e integrar información, resulta razonable cuestionar por qué determinadas obligaciones continúan requiriendo múltiples declaraciones y gestiones ante distintas instituciones.
¿Por qué no avanzar hacia sistemas públicos de cumplimiento más intuitivos, interoperables y accesibles? ¿Por qué no facilitar la reutilización de información que ya posee la Administración, respetando las garantías de confidencialidad y protección de datos? ¿Por qué no diseñar procedimientos diferenciados según la naturaleza y complejidad de las actividades supervisadas?
La modernización del Estado no debería medirse únicamente por la cantidad de trámites disponibles digitalmente, sino por la facilidad con la que las personas y empresas pueden cumplir efectivamente sus obligaciones.
Costa Rica conserva ventajas importantes para la inversión. Sin embargo, mantenerlas exige comprender que la competitividad también depende de la calidad de nuestro marco jurídico y de la eficiencia con la que se aplica.
El desafío no consiste en eliminar obligaciones necesarias, sino en evitar que su cumplimiento se convierta en una barrera para quienes desean invertir, emprender o mantener actividades económicas legítimas. Porque un sistema de cumplimiento jurídico moderno no es necesariamente aquel que exige menos, sino aquel que permite cumplir mejor.