Organización sostiene que la discusión legislativa del proyecto que regularía la minería metálica en Cutris se encuentra estancada y afirma que apoyaría que el Ejecutivo impulse una consulta popular.
El Colegio de Geólogos de Costa Rica (CGCR) reiteró este 7 de octubre su respaldo a la posibilidad de realizar un referéndum sobre el futuro de Crucitas y pidió acelerar la búsqueda de una solución para la extracción ilegal de oro y los problemas ambientales y sociales que, según el gremio, persisten en la zona.
El pronunciamiento se produce mientras la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa mantiene en discusión el expediente 24.717, denominado Ley para regular la exploración y explotación de minería metálica sostenible en el distrito de Cutris del cantón de San Carlos, provincia de Alajuela. El Colegio cuestionó que la discusión de numerosas mociones prolongue la resolución del proyecto. El presidente del CGCR, Néstor Chamorro, afirmó:
En la Asamblea Legislativa se han producido acciones que han retrasado la discusión y la toma de decisiones. El resultado es que seguimos esperando mientras una situación que conocemos desde hace años continúa agravándose. Mientras el país guarda silencio, la problemática en Crucitas continúa creciendo”.
El Colegio atribuyó la urgencia de intervenir a la presencia de minería ilegal, contaminación y problemas de seguridad, sociales y migratorios en la zona. El documento agrega:
Esta posición responde a una razón concreta: urge encontrar una solución y el tiempo disponible para recurrir a ese mecanismo de participación ciudadana también se agota, dado que la búsqueda de una solución por parte de la Asamblea Legislativa es caótica".
Gremio mantiene apoyo a una consulta popular
El CGCR señaló que respaldará las medidas que el Poder Ejecutivo considere necesarias para encontrar una salida y agregó que, si el Gobierno opta por un referéndum, apoyaría esa decisión. El gremio argumentó que el tiempo disponible para recurrir a este mecanismo también se reduce mientras continúa la discusión legislativa.
La posición da continuidad a la planteada por el Colegio en septiembre. Como informó Delfino.cr, el gremio respaldó entonces llevar a consulta popular el futuro de Crucitas y también manifestó su apoyo a derogar la Ley 8904, que declaró a Costa Rica libre de minería metálica a cielo abierto. Chamorro sostuvo que el Colegio continuará reclamando una decisión después de 16 años de discusión sobre la zona:
Nosotros seguiremos levantando la voz tal y como lo hemos hecho durante los últimos 16 años; la situación es urgente y no podemos seguir postergando una decisión. Hemos advertido sobre lo que ocurre en la zona, hemos aportado nuestro criterio técnico y científico y hemos señalado la necesidad de actuar. Pero seguimos en el mismo punto”.
El CGCR agregó que cualquier alternativa para Crucitas debería sustentarse en criterios técnicos, científicos y ambientales, además de considerar las condiciones que enfrentan las comunidades de la zona.
El pronunciamiento del Colegio ocurrió el mismo día en que la presidenta Laura Fernández volvió a reclamar a la Asamblea Legislativa por la falta de aprobación de una solución para Crucitas y afirmó que el Gobierno continuará reforzando los operativos policiales en la zona mientras avanza la discusión legislativa.
¿Qué propone el proyecto?
El proyecto, impulsado en la administración Chaves Robles, propone autorizar de manera excepcional la minería metálica responsable a cielo abierto únicamente en el distrito de Cutris, San Carlos, excepto en áreas que formen parte del Patrimonio Natural del Estado, sin levantar la prohibición para el resto del país.
El Minae, por medio de la Dirección de Geología y Minas, realizaría una preselección pública de interesados y posteriormente una subasta minera, en la que tendría ventaja la oferta con el mayor porcentaje de royalty, siempre que cumpla los requisitos técnicos, legales, ambientales y económicos.
El pago partiría de un mínimo del 5% de las ventas brutas anuales y se distribuiría en un 72% para la Caja Única del Estado, 25% para la Municipalidad de San Carlos y 3% para asociaciones de desarrollo integral. Antes de adjudicar permisos o concesiones deberá aprobarse una línea base ambiental y cada proyecto requerirá viabilidad ambiental.
El texto también prohíbe la lixiviación abierta y exige métodos de ciclo cerrado o tecnologías aprobadas por el Minae, además de garantías financieras para cubrir costos de remediación, cierre y post cierre de la mina.