La Asamblea Legislativa de Costa Rica acordó retirarse de ParlAmericas, una organización que reúne a los parlamentos del continente americano y el Caribe, debido al incremento de la cuota anual que el Congreso debe pagar para mantener su participación. La decisión fue anunciada este jueves 15 de octubre por el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, el diputado oficialista José Miguel Villalobos Umaña.
Según explicó el legislador, la cuota anual pasará de $5200 a $9750 en 2027, lo que representa un aumento de $4550, equivalente al 87,5%. El Directorio Legislativo consideró inaceptable ese incremento y decidió poner fin a la afiliación del Parlamento costarricense a partir del 1.º de marzo del próximo año, cuando correspondería pagar la nueva cuota.
Villalobos informó que la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez Fallas, remitió el pasado 12 de octubre una comunicación al presidente de ParlAmericas, Iván Flores García, para notificarle el acuerdo del Directorio. La justificación transmitida al organismo se concentró en el aumento del costo de la membresía.
Sin embargo, el presidente de la comisión señaló que todavía está pendiente la respuesta de ParlAmericas y planteó que el organismo podría limitarse a aceptar el retiro o reconsiderar el incremento anunciado. Agregó que, una vez recibida la contestación, informará a los integrantes de la comisión para determinar los pasos posteriores.
ParlAmericas es una organización interparlamentaria que promueve la cooperación y el diálogo político entre los poderes legislativos de las Américas y el Caribe. Su origen se remonta al Foro Interparlamentario de las Américas, cuya reunión inaugural tuvo lugar en 2001 en Ottawa, Canadá. Entre sus áreas de trabajo figuran el fortalecimiento democrático, la igualdad de género, la transparencia parlamentaria, el cambio climático y la seguridad.
Congreso presupuestó ₡56 millones para cinco membresías internacionales en 2027
El anuncio del retiro se produce mientras el proyecto de Presupuesto Nacional para 2027, expediente 25.754, contempla una asignación de ₡56.050.000 para pagar cinco membresías a organizaciones parlamentarias internacionales, según el desglose de la subpartida 6.07.01, denominada "Transferencias corrientes a organismos internacionales".
De ese monto, ₡18.100.000 corresponden al Parlamento Latinoamericano (Parlatino), ₡17.500.000 a la Unión Interparlamentaria Mundial (UIP) y ₡14.150.000 al Foro de Presidentes Legislativos Centroamericanos (Foprel). Los restantes ₡6.300.000 se distribuyen en partes iguales entre ParlAmericas, con ₡3.150.000, y la Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA), también con ₡3.150.000.
En términos generales, el proyecto de presupuesto del próximo año para la Asamblea Legislativa propone aumentar en ₡2,5 millones los recursos destinados al pago de membresías internacionales en comparación con el presupuesto vigente al 31 de agosto de 2026. La exposición de motivos del presupuesto señala que ese incremento busca atender las obligaciones derivadas de la participación del Congreso en organismos de integración, cooperación e intercambio parlamentario.
Informe interno cuestionó las comunicaciones de ParlAmericas
Antes de adoptar la decisión, el Directorio Legislativo solicitó un informe a los departamentos de Asesoría Legal y de Comisiones Legislativas para evaluar la participación de Costa Rica en ParlAmericas. El documento, de 15 páginas, fue suscrito por Freddy Camacho Ortiz, gerente de Asesoría Legal, y Mónica Catalán Marín, gerente de Comisiones Legislativas, y recoge los beneficios atribuidos a la participación del Congreso en ese organismo.
El informe también detalla las actividades, congresos y seminarios a los que asistieron representantes legislativos entre 2023 y 2026, aunque, según Villalobos, no precisa quién asumió los costos de esos desplazamientos. El diputado llamó la atención sobre la reiterada participación de determinadas personas en las actividades internacionales.
Uno de los principales señalamientos del documento se refiere a que ParlAmericas redujo considerablemente su comunicación con los canales institucionales de la Asamblea Legislativa durante el período constitucional anterior y optó por establecer contacto directamente con diputados de forma individual. Según el informe, el organismo dejó de atender la mayoría de las consultas y solicitudes de información de la Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, mientras mantenía comunicaciones relacionadas con el cobro de membresías y otros asuntos puntuales.
El documento contrasta esa práctica con la de otros organismos, como la Unión Interparlamentaria, el Parlamento Latinoamericano y Caribeño y el Parlamento Europeo, que mantienen intercambios de información tanto con los legisladores como con la Secretaría Técnica de la comisión. Ese procedimiento, según el informe, permite conservar los registros institucionales y dar continuidad a las relaciones internacionales del Congreso cuando cambia su integración.
Villalobos cuestionó que las relaciones con organismos internacionales se concentraran en contactos personales con determinadas diputaciones, en lugar de canalizarse mediante las instancias oficiales. No obstante, aclaró que esa situación no constituyó la razón comunicada por el Directorio Legislativo para abandonar ParlAmericas, pues el motivo formal del retiro fue el incremento de la cuota anual.
Comisión cuestiona actuación del Departamento de Protocolo
Durante la misma sesión, Villalobos denunció otra situación relacionada con la comunicación institucional del Congreso con las representaciones diplomáticas. Según explicó, el Departamento de Protocolo de la Asamblea Legislativa remitió el 8 de octubre una nota a las misiones diplomáticas y organismos internacionales acreditados en Costa Rica, indicándoles que debían canalizar las invitaciones, solicitudes de audiencia y demás comunicaciones oficiales mediante esa dependencia, identificada en el documento como Departamento de Protocolo y Diplomacia.
El presidente de la comisión cuestionó que esa comunicación se hubiera realizado sin autorización de los órganos superiores de la Asamblea Legislativa y criticó el uso de una denominación departamental que, según afirmó, no había sido aprobada mediante el procedimiento correspondiente. También aseguró que algunas representaciones diplomáticas manifestaron dudas y preocupaciones por la instrucción recibida.
Ante esa situación, Villalobos presentó una moción para rechazar la actuación del departamento y solicitar la intervención del Directorio Legislativo. Después de un receso y de introducir modificaciones al texto original, la comisión aprobó la moción por unanimidad, con nueve votos a favor y ninguno en contra.
El acuerdo solicita al Directorio Legislativo que exija dejar sin efecto la nota del 8 de octubre y que comunique a las representaciones diplomáticas los canales institucionales correspondientes, entre ellos el propio Directorio, la Presidencia legislativa y la Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior. La moción también reconoce que los diputados pueden mantener comunicaciones individuales con las misiones diplomáticas, sin perjuicio de que las gestiones de representación institucional deban formalizarse por los canales oficiales.
Durante la discusión, la diputada Joselyn Sáenz Núñez expresó reservas sobre votar la moción sin escuchar previamente las explicaciones de las personas funcionarias del Departamento de Protocolo. Pese a ello, apoyó el acuerdo al considerar que la comunicación remitida a las misiones diplomáticas podía inducirlas a error.
Breves
— Con 21 votos a favor y 27 en contra se rechazó prorrogar el plazo cuatrienal del expediente 23.406 "Creación del Cantón XVII de la provincia de Alajuela, Peñas Blancas".
— Con 50 votos a favor y 0 en contra se aprobó en segundo debate el expediente 25.207 "Aprobación del protocolo que modifica el Convenio sobre las infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de las aeronaves, Ley n.º 5067, de 11 de septiembre de 1972".
— Con 50 votos a favor y 0 en contra se aprobó en segundo debate el expediente 25.311 "Adición de un inciso k) al artículo 79 de la Ley General de Policía, Ley n.º 7410 del 26 de mayo de 1994 y sus reformas, para regular la suscripción de una póliza de responsabilidad patrimonial y representación legal de los funcionarios policiales demandados o denunciados por actos en el ejercicio del cargo".
— Con 49 votos a favor y 0 en contra se aprobó en segundo debate el expediente 24.355 "Autorización al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para que condone la deuda por servicios prestados de agua potable, cargos varios y multas, facturados con los servicios NIS 3276895 y NIS 3276897, a nombre de Consorcio Cooperativo de Vivienda Fedecrédito R. L.".
Proyectos dictaminados
— La Comisión de Seguridad y Narcotráfico dictaminó el expediente 25.615 "Ley para combatir las asociaciones criminales". Por el contrario, rechazó el expediente 25.204 "Ley para el fortalecimiento del sistema antilavado en la actividad ganadera".
Leyes publicadas
Este jueves no se publicaron nuevas leyes en La Gaceta.