Todo país que enfrenta una crisis de violencia tiene, en el fondo, una decisión presupuestaria que tomar: invertir en formar a su niñez o invertir en encerrar a sus adultos. Costa Rica, en estos tiempos, ha elegido lo segundo. La sobrepoblación carcelaria alcanzó casi un 46%, un nivel inédito en años; el país construye una megacárcel inspirada en el modelo salvadoreño y destina infraestructura y presupuesto a administrar el fracaso social, no a prevenirlo. Mientras tanto, la prisión preventiva se duplicó en cinco años, lo que sugiere un sistema judicial que detiene más de lo que resuelve.
Conviene entender por qué la prevención cultural funciona y no conformarse con repetir que “la cultura es importante”. El sociólogo Pierre Bourdieu ofreció hace medio siglo la explicación más precisa que todavía tenemos: la desigualdad no se transmite solo por la herencia económica, sino por un capital cultural —códigos, disposiciones, formas de estar en el mundo— que las familias con más recursos entregan a sus hijos casi sin proponérselo y que las familias sin esos recursos no pueden entregar por más voluntad que tengan. Un niño que nunca sostuvo un instrumento, que nunca entró a una biblioteca, que nunca vio de cerca una obra de teatro, no solo pierde una experiencia estética: pierde el repertorio simbólico con el que después se compite por un empleo, una beca o un lugar en la conversación pública. Esa es la desigualdad que ninguna cárcel corrige y que, en cambio, toda cárcel termina castigando.
El economista David Throsby aportó la pieza que falta para que este argumento no dependa solo de la sensibilidad: demostró que los bienes culturales tienen un valor doble, económico y simbólico, mutuamente necesarios. Ignorar el valor económico de la cultura, por pureza artística, produce políticas inviables; ignorar su valor simbólico, por eficiencia de mercado, produce políticas ciegas. Esa doble contabilidad, la que casi nunca hacen los ministerios de Hacienda, es exactamente la que debería aplicarse cuando se compara el costo de una plaza carcelaria con el costo de un cupo en una escuela de música.
Costa Rica, para su crédito, ya hizo el experimento. El Sistema Nacional de Educación Musical opera veinte escuelas en comunidades de alto riesgo; los Centros Cívicos por la Paz, uno por provincia, atienden a miles de adolescentes en las zonas donde el crimen organizado recluta con más facilidad; el Parque La Libertad lleva quince años demostrando, en Desamparados, que la formación artística y técnica puede ser una vía de reinserción tan legítima como cualquier programa punitivo. El propio Ministerio de Justicia y Paz resumió alguna vez el principio con una frase que hoy suena casi profética: “un niño o joven más en un Centro Cívico es un adulto menos en una cárcel”. La pregunta que el país no se ha querido hacer es si sigue creyendo eso o si simplemente lo repite mientras el presupuesto dice otra cosa.
No hace falta salir de la región para confirmar que el modelo escala; Venezuela lo demostró desde 1975 con su sistema de orquestas juveniles; Medellín lo demostró desde 2004 con sus Parques Biblioteca. Ninguno de los dos países resolvió su violencia solo con música o solo con bibliotecas; pero ambos probaron algo más modesto y más útil: que la inversión cultural sostenida reduce, con el tiempo, la población que un sistema penal tendrá que absorber. Costa Rica no necesita ese ejemplo prestado. Ya tiene el suyo y lo está subfinanciando.
Nada de esto es un argumento contra la existencia de las cárceles. Un Estado que no logra aislar a quienes hoy dirigen estructuras criminales desde adentro de un penal tiene un problema real, y ese problema no lo resuelve una orquesta. Pero un Estado que solo invierte en aislar y nunca en prevenir no está gestionando la seguridad: está administrando su fracaso, año tras año, con presupuestos cada vez más altos. Costa Rica aprobó, desde 2024, una ley que obliga a sus instituciones a coordinarse para evitar el reclutamiento de menores por el crimen organizado. Esa ley no necesita más diagnósticos: necesita presupuesto, continuidad y la misma prioridad política que hoy recibe el cemento de una megacárcel. Sembrar cultura no es una alternativa ingenua al castigo. Es, con la evidencia disponible, la forma más barata, más humana y más inteligente de no tener que construir tantas cárceles.