Desde DNI Costa Rica creemos necesario hacer algunas aclaraciones sobre las preocupantes afirmaciones expresadas por la presidenta Laura Fernández, que distorsionan la realidad y las estrategias efectivas, criminalizan a la población joven en Costa Rica y la señalan sin comprender cómo y por qué las organizaciones criminales la reclutan, y no al revés.
Además, se omite que Costa Rica está en deuda con las niñas, niños, adolescentes y personas jóvenes ante la falta de oportunidades, los recortes presupuestarios en el área social, la débil gestión de proyectos preventivos y la ausencia de mejoras en las condiciones de vida de esta población y sus familias. Todo ello coloca a las personas menores de edad y jóvenes en bandeja de plata ante el crimen organizado que las acecha, sin escapatoria, por la falta de alternativas y condiciones.
No se trata, como sugiere la señora presidenta Fernández, de un asunto de capricho, gusto o voluntad propia de caer en las garras del crimen organizado. ¿Dónde debe el Gobierno dirigir sus esfuerzos y recursos? A las comunidades: a conocer sus duras realidades, hablar con las personas y las familias, escuchar directamente a niñas, niños, adolescentes y jóvenes y, desde allí, proponer programas preventivos, impulsar la protección integral, promover oportunidades e invertir estratégicamente en lo social.
La alianza entre instituciones como el MEP, el PANI, el Ministerio de Cultura y Juventud, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Justicia y Paz, entre otras, junto con organizaciones de base comunitaria y ONG con amplia trayectoria y experiencia, permitiría ofrecer propuestas integrales que brinden alternativas positivas y posibiliten proyectos de vida hoy y para el futuro cercano.
Es por ello que desde DNI Costa Rica insistimos en que, desde un enfoque de derechos humanos de las personas menores de edad, se deben diseñar estrategias interinstitucionales e intersectoriales estratégicas que abarquen prevención primaria, dirigida a toda la población, y prevención secundaria, dirigida a poblaciones en riesgo. La Ley N.° 10475, vigente en Costa Rica desde agosto de 2024, en concordancia con el Código de Niñez y Adolescencia, establece un marco legal para unificar esfuerzos interinstitucionales e intersectoriales contra el reclutamiento juvenil por el crimen organizado.
Prevenir va más allá de “asustar” con lo que podría pasar si se delinque. Las acciones gubernamentales deben dirigirse a prevenir el delito desde un enfoque integral, mediante la detección de los factores de riesgo que enfrentan niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y el desarrollo de factores protectores a través de intervención social comunitaria, educación y prevención temprana, fortalecimiento familiar, y estrategias policiales y de justicia.
Lo que queremos y exigimos como sociedad es que el Gobierno se enfoque en las conductas de riesgo, exclusión o vulnerabilidad que enfrentan las personas menores de edad y jóvenes, como el consumo inicial de sustancias, la exclusión escolar y la violencia familiar y comunitaria, factores que aprovecha el crimen organizado para reclutarlas.
Así que no: la “visita a la cárcel” no es prevención. Debemos atacar el problema con una intervención dirigida a evitar el delito por medio del acceso a la educación formal y técnica, la atención en salud física y mental, el arte, el deporte, la recreación y la integración comunitaria.
Eso es lo que merecen y lo que les potencia hacia un proyecto de vida distinto.