El reciente estudio “La deuda de Costa Rica con sus niños, niñas y adolescentes”, elaborado por mi querida y admirada Dra. Ana Teresa León Sáenz y presentado por Conare, nos obliga a mirar esta realidad sin eufemismos. La investigación analiza las condiciones de vida de la niñez y la adolescencia en las siete provincias y evidencia profundas desigualdades territoriales en pobreza, educación, salud, vivienda, nutrición, cuido y protección.
Uno de sus datos más contundentes proviene de los registros de Sinirube correspondientes a 2024: de 810.394 personas menores de edad analizadas, 557.193 se encontraban clasificadas en pobreza básica o extrema: 267.167 en pobreza básica y 290.026 en pobreza extrema. Este dato debe interpretarse metodológicamente con cuidado —no representa la tasa nacional de pobreza infantil—, pero revela una concentración extraordinaria de vulnerabilidades entre la población que llega a los mecanismos de protección social.
El estudio también demuestra que la pobreza infantil no tiene un rostro único ni se distribuye de manera homogénea. Hay territorios donde las oportunidades de una niña o un niño dependen, en una medida preocupante, del cantón donde nació, de las condiciones económicas de su familia y de la capacidad de las instituciones públicas para responder. En Sarapiquí, por ejemplo, la investigación estima que el 78,1% de los niños y las niñas y el 75% de las personas adolescentes registradas se encuentran en alguna condición de pobreza.
Esta evidencia nacional dialoga profundamente con el trabajo de la Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI). El informe A Disproportionate Burden: Children Living in Multidimensional Poverty by the Global MPI 2025, elaborado por OPHI, con quien tengo el honor de trabajar, muestra que, en los 109 países incluidos en el Índice Global de Pobreza Multidimensional, 586 millones de niños viven en pobreza multidimensional. Aunque las personas menores de 18 años representan el 33,6% de la población cubierta por el índice, constituyen el 51% de todas las personas que viven en pobreza multidimensional.
La conclusión es fundamental: la pobreza no se distribuye de manera neutral entre generaciones.
Los niños y las niñas cargan con una parte desproporcionada de las privaciones. El análisis de OPHI encuentra que, en nueve de los diez indicadores del Índice Global de Pobreza Multidimensional, el número de niños que viven en hogares pobres y experimentan simultáneamente esa privación es mayor que el de adultos en la misma situación. Las carencias en nutrición, asistencia escolar, saneamiento, agua, electricidad, vivienda y otros ámbitos se acumulan durante la infancia y pueden reproducirse de una generación a otra.
Esto es precisamente lo que significa hablar de pobreza multidimensional.
Una niña no deja de ser pobre porque su familia haya superado marginalmente una línea monetaria de pobreza si continúa viviendo en una vivienda inadecuada, si carece de alimentación suficiente, si tiene dificultades para permanecer en el sistema educativo, si no tiene acceso a servicios de cuido o si vive expuesta a distintas formas de violencia.
Por eso, cuando reducimos la inversión pública en educación, nutrición, cuido, salud y protección, no estamos simplemente disminuyendo el tamaño de una partida presupuestaria. Estamos retirando capacidades allí donde más se necesitan.
Como defensora de los derechos humanos y como mujer que ha tenido la responsabilidad de ejercer funciones públicas, estoy convencida de que el presupuesto de una nación revela sus verdaderas prioridades. Y, si hay una prioridad que Costa Rica no puede permitirse abandonar, es la niñez.
No podemos pedirle a una niña que espere a que mejore la situación fiscal para tener una alimentación adecuada. No podemos pedirle a un niño que espere para recibir atención cuando está siendo víctima de violencia. No podemos pedirle a una familia que espere para acceder a servicios de cuido mientras pierde sus posibilidades de generar ingresos. Y no podemos pedirle a una adolescente que espere para recuperar una educación que hoy está perdiendo.
La responsabilidad fiscal es necesaria. Pero también lo es comprender que existe una diferencia fundamental entre reducir gastos y reducir capacidades. Un Estado responsable debe buscar eficiencia, eliminar duplicidades, evaluar resultados y utilizar cada recurso público con rigor. Pero debe hacerlo protegiendo aquellas inversiones que determinan las oportunidades.
La primera infancia es una de ellas.
Invertir en la niñez significa combatir la pobreza antes de que se vuelva estructural. Significa prevenir la violencia antes de que se convierta en una trayectoria de vida. Significa garantizar educación antes de que aparezca la exclusión. Significa alimentar, cuidar y acompañar antes de que las privaciones se conviertan en daños difíciles de reparar.
Costa Rica ha demostrado que puede construir políticas públicas capaces de transformar vidas. Lo hizo cuando decidió universalizar la educación, fortalecer la salud pública, desarrollar sistemas de protección social y ampliar las oportunidades de las poblaciones históricamente excluidas. Y lo ha hecho cuando logra coordinar eficientemente sus instituciones para promulgar políticas públicas basadas en evidencia.
Ahora tenemos que decidir si queremos preservar ese legado o permitir que las desigualdades vuelvan a convertirse en destino.
Las niñas y los niños no votan, no negocian presupuestos ni participan en las comisiones donde se decide la distribución de los recursos públicos. Precisamente por eso, corresponde a quienes sí tenemos voz defender que sus derechos sean una prioridad de Estado.
No se trata de escoger entre disciplina fiscal y justicia social.
Se trata de entender que sin inversión en las personas, la sostenibilidad fiscal pierde sentido humano; y sin igualdad de oportunidades desde la infancia, la democracia pierde una parte esencial de su promesa.
Costa Rica no puede darse el lujo de ahorrar a costa de su infancia.