La investigación analizó a 810.394 personas menores de edad evaluadas por Sinirube en 2024 y también identificó brechas territoriales en educación, salud y protección.
El Consejo Nacional de Rectores (Conare) presentó este 24 de setiembre el estudio La deuda de Costa Rica con sus niños, niñas y adolescentes, una investigación que identifica diferencias territoriales y desafíos en pobreza, salud, educación, vivienda, recreación y protección de la población menor de edad, además de plantear programas para atender algunas de esas necesidades.
El documento, elaborado por Ana Teresa León Sáenz, analiza información nacional y de las siete provincias y parte de la tesis de que Costa Rica mantiene una brecha entre los derechos y servicios establecidos para esta población y aquellos que efectivamente recibe. La investigación también propone intervenciones educativas, preventivas, de atención y protección, con estimaciones de inversión y de potenciales beneficiarios.
Uno de los cambios identificados es el demográfico: las personas menores de edad pasaron de representar aproximadamente 33% de la población nacional en 2012 a cerca de 25% en 2023. El estudio sostiene que la reducción de esa proporción no disminuye las necesidades de atención y plantea aprovecharla para fortalecer las políticas dirigidas a esta población.
Pobreza y fuertes diferencias territoriales
La investigación utiliza registros del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube) de 2024 para analizar las condiciones socioeconómicas.
Los datos comprenden a 810.394 personas menores de edad evaluadas por Sinirube. De ellas, 253.201 aparecen clasificadas como no pobres, 267.167 en pobreza básica y 290.026 en pobreza extrema.
En conjunto, 557.193 personas menores de edad registradas se encontraban en pobreza básica o extrema, equivalentes al 68,8% del grupo analizado.
Estas cifras corresponden a la población evaluada por Sinirube y, por tanto, no equivalen a una estimación de pobreza para toda la población menor de edad del país.
Las diferencias se hacen más evidentes al observar los cantones. En Sarapiquí, por ejemplo, 78,1% de los niños y niñas y 75% de las personas adolescentes registradas se encuentran en alguna condición de pobreza.
Puntarenas, Coto Brus, Buenos Aires y Osa aparecen entre los cantones donde más de 30% de los hogares presentan carencias económicas.
Adicionalmente, en Coto Brus, Buenos Aires, Corredores y Golfito menos de la mitad de las personas menores de edad tienen atendidas sus condiciones materiales, según el Índice de Bienestar de la Niñez y la Adolescencia utilizado en la investigación.
El análisis también identifica diferencias educativas entre territorios. En Guanacaste, los 11 cantones registran un promedio de escolaridad inferior a seis años, mientras que en seis de ellos el indicador se sitúa por debajo de cinco años. Para la Región Norte, el estudio señala desafíos de cobertura, conectividad y acceso a oportunidades educativas.
Negligencia y violencia entre los desafíos de protección
La investigación señala la omisión y la negligencia entre los principales motivos presentes en los registros del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) analizados.
Para 2022 contabiliza 59.469 registros bajo la categoría “No atención desarrollo integral” y 44.909 asociados con “Negligencia”; ambas categorías representaron 77,6% de la casuística examinada para ese año.
En materia de violencia sexual, el documento registra 2.109 expedientes en el PANI en 2022, 2.607 en 2023 y 1.857 en 2024.
A esos datos suma 11.768 atenciones de personas menores de 18 años por abuso sexual, registrados en consulta externa de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) durante 2024.
Los indicadores provienen de registros administrativos distintos, por lo que no corresponden necesariamente a igual número de víctimas ni pueden sumarse entre sí.
La salud mental constituye otra de las áreas señaladas. La investigación retoma datos de la Tercera Encuesta Nacional de Juventudes de 2018, según los cuales 8,6% de las personas de entre 15 y 17 años consultadas manifestó haber tenido deseos de quitarse la vida y 4,8% indicó haberlo intentado.
En ese contexto, el estudio plantea reforzar la prevención, los equipos interdisciplinarios y los espacios de acompañamiento para adolescentes.
Entre las propuestas aparecen los denominados “Clubes de Adolescentes”, que combinarían apoyo académico, actividades deportivas y artísticas y atención psicológica. También se plantean centros de intervención temprana para comunidades con mayores necesidades y más espacios públicos para deporte, arte, música y otras actividades recreativas.
Cajas Cuna, Bebetecas y más espacios de cuido
Para la primera infancia, el estudio plantea implementar “Cajas Cuna” acompañadas de educación para las madres beneficiarias; “Bebetecas”, como servicios móviles de formación en crianza positiva para familias con niños menores de cuatro años; y “Unidades Móviles y Academias de Crianza”, orientadas a enseñar sobre desarrollo, derechos y responsabilidades.
La propuesta incluye además ampliar la cobertura de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (RedCUDI), capacitar al personal que trabaja en educación y cuido y mejorar los mecanismos para detectar tempranamente situaciones que puedan afectar a niños y niñas.
La investigación plantea articular esos servicios con salud, educación y protección para evitar que los problemas requieran posteriormente intervenciones de mayor complejidad.
Otra de las recomendaciones consiste en fortalecer la capacidad de respuesta del PANI. El estudio propone que la institución refuerce su papel rector, retome un observatorio de niñez y adolescencia, cree una unidad para monitorear programas y fortalezca su presencia regional y cantonal. También plantea dotar de mayores capacidades al Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia.
La investigación no propone una única intervención nacional uniforme, sino programas y coberturas diferenciadas según las condiciones de cada provincia. Para ello calcula inversiones a tres años y posibles poblaciones beneficiarias en áreas educativas, preventivas y de protección, entre ellas nuevos espacios en la Red de Cuido, centros de intervención temprana, clubes para adolescentes, consultorios familiares y hogares solidarios.
El presidente de CONARE, Jorge Herrera Murillo, señaló:
Las universidades públicas tienen una responsabilidad que va más allá de formar profesionales. También tienen el compromiso de generar conocimiento y evidencia que permitan comprender los principales desafíos que enfrenta Costa Rica. Este estudio aporta información para mirar con mayor claridad las condiciones en que viven nuestros niños, niñas y adolescentes y para fortalecer la discusión y las decisiones orientadas a garantizar sus derechos y oportunidades de desarrollo”.