La 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA, por sus siglas en inglés) abrió su debate general el 22 de septiembre de 2026 en Nueva York. La Asamblea General es el principal espacio deliberativo de las Naciones Unidas, donde sus 193 Estados miembros tienen representación y cada uno dispone de un voto. Durante esta semana, jefes de Estado y de Gobierno utilizan su tribuna para presentar sus posiciones sobre los principales conflictos y problemas internacionales.
No obstante, la UNGA también expone una de las contradicciones centrales del sistema internacional: los Estados son formalmente iguales, pero políticamente no tienen el mismo poder.
Esto se observa en el Consejo de Seguridad, donde China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia conservan los cinco puestos permanentes y el poder de veto sobre decisiones sustantivas. La estructura responde al equilibrio de poder surgido de la Segunda Guerra Mundial, no a la distribución política y demográfica del mundo actual.
Por eso, el problema de las Naciones Unidas no es simplemente que “no funcione”. Es más preciso decir que su diseño intenta conciliar dos principios difíciles de reconciliar: la igualdad soberana de los Estados y el reconocimiento institucional del poder de las grandes potencias.
Lula y Trump: dos concepciones del orden internacional
Los discursos de Luiz Inácio Lula da Silva y Donald Trump en la UNGA 81 mostraron esa tensión de manera particularmente clara.
Lula utilizó su intervención para defender la soberanía brasileña ante cualquier interferencia extranjera en las elecciones de octubre. También rechazó una eventual intervención externa para enfrentar el crimen organizado y defendió la cooperación internacional. Lula manifestó que “Brasil no es el patio trasero de nadie”. Esto resume una tradición latinoamericana que enfatiza soberanía, no intervención y mucho menos multilateralismo.
Trump presentó una concepción considerablemente distinta. Defendió la superioridad militar estadounidense y una política regional basada en una interpretación renovada de la Doctrina Monroe. También atacó a la Corte Penal Internacional, a la que calificó como una institución fuera de control, y pidió a sus Estados miembros que abandonaran la Corte.
Su intervención sobre Irán llevó esa lógica todavía más lejos: mientras reconocía posibilidades de negociación, amenazó con “annihilate” al régimen iraní si no se alcanzaba un acuerdo.
Los dos discursos permiten identificar una disputa mayor. Lula privilegia un orden en el cual la soberanía de Estados grandes y pequeños debe limitar la capacidad de intervención de las potencias. Trump enfatiza un orden en el cual el poder estatal —económico y militar— continúa siendo un instrumento legítimo para proteger intereses nacionales.
No son simplemente estilos diplomáticos diferentes. Son concepciones distintas sobre quién establece las reglas y qué ocurre cuando las instituciones internacionales chocan con los intereses de una potencia.
El problema no es la ausencia de reglas, sino su aplicación desigual
Esta contradicción también aparece en el derecho internacional.
Vladimir Putin y Benjamin Netanyahu tienen órdenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional. Sus casos y circunstancias jurídicas no son idénticos, y una orden de la CPI no determina por sí misma quién puede dirigirse a las Naciones Unidas.
Sin embargo, ambos casos permiten observar una limitación estructural: la justicia internacional dispone de normas e instituciones, pero depende considerablemente de los Estados para hacer efectivas sus decisiones.
Esto significa que la capacidad de aplicar una misma norma puede variar según el territorio, las alianzas y la cooperación estatal disponible. La igualdad jurídica internacional, por tanto, no garantiza igualdad en la capacidad de enforcement.
El propio António Guterres llevó esta discusión al centro de la UNGA 81. En su discurso de apertura sostuvo que la paz requiere que el poder sea restringido por el derecho y pidió utilizar la semana de alto nivel para promover “de-escalation and dialogue”.
Esta idea permite aclarar también la discusión sobre Putin y Netanyahu: dialogar no significa absolver.
La diplomacia y la responsabilidad jurídica cumplen funciones diferentes. Un Estado puede considerar que otro gobierno ha violado el derecho internacional y, simultáneamente, necesitar negociar con ese gobierno para detener una guerra, intercambiar prisioneros, permitir ayuda humanitaria o alcanzar un alto al fuego.
La comunicación no sustituye a la justicia. Pero tampoco puede existir negociación sin interlocutores.
Grynspan y los límites de reformar la ONU desde dentro
Es en este contexto donde la candidatura de Rebeca Grynspan a la Secretaría General adquiere mayor interés político.
Costa Rica presentó oficialmente su candidatura en marzo de 2026. Grynspan ha colocado entre sus propuestas la diplomacia preventiva, la mediación y el fortalecimiento de la capacidad de las Naciones Unidas para permanecer en las negociaciones cuando otros actores se retiran.
Su candidatura tiene, además, una dimensión regional. América Latina y el Caribe carecen de representación permanente en el Consejo de Seguridad, al igual que África. El problema de representación ya ha sido reconocido por los propios Estados miembros en las discusiones sobre la reforma del Consejo.
Pero una eventual elección de Grynspan no cambiaría por sí misma esa estructura. La persona que ocupe la Secretaría General no puede eliminar el veto, incorporar nuevos miembros permanentes ni obligar unilateralmente a una potencia a cumplir una decisión internacional.
Ahí está la verdadera paradoja de su candidatura. Se busca un liderazgo capaz de renovar las Naciones Unidas, pero ese liderazgo tendría que operar dentro de límites institucionales que la Secretaría General no controla.
Incluso su selección reproduce parcialmente esa tensión. El artículo 97 de la Carta establece que el secretario general es nombrado por la Asamblea General por recomendación del Consejo de Seguridad. Es decir, la persona llamada a dirigir y potencialmente impulsar reformas dentro de las Naciones Unidas debe primero atravesar un proceso en el que el órgano dominado por las cinco potencias permanentes ocupa una posición determinante.
Esto no hace imposible la reforma. Define sus límites.
El poder de una eventual secretaria general Grynspan estaría principalmente en la mediación, los buenos oficios, la construcción de coaliciones y su capacidad para colocar determinados asuntos en la agenda internacional. No podría sustituir la voluntad política de los Estados.
El verdadero problema de las Naciones Unidas
La crisis actual de las Naciones Unidas no puede explicarse únicamente por falta de liderazgo.
Existe una contradicción más profunda entre universalidad jurídica y concentración política del poder.
La Asamblea General representa la primera lógica: 193 Estados, “formalmente iguales”, mientras que el Consejo de Seguridad representa la segunda: cinco Estados poseen un privilegio institucional que los demás no tienen.
Los discursos de Lula y Trump muestran que esta tensión está lejos de resolverse. Mientras una visión insiste en multilateralismo, soberanía y límites a la intervención, otra reivindica abiertamente el poder nacional y cuestiona instituciones internacionales cuando interfieren con los intereses estatales.
La candidatura de Grynspan debe analizarse dentro de esa realidad. Su eventual capacidad de liderazgo dependería menos de prometer una transformación completa del sistema que de cuánto espacio pudiera crear para la negociación dentro de un sistema fragmentado.
Por eso, la reforma de las Naciones Unidas no depende simplemente de encontrar a un mejor secretario general. Requiere enfrentar una arquitectura internacional en la que las reglas pretenden ser universales, pero el poder para crearlas, bloquearlas y hacerlas cumplir continúa distribuido de manera profundamente desigual.
Ese es el desafío que recibirá quien suceda a António Guterres.