La unidad académica pidió publicar los estudios técnicos y comparar la demolición con alternativas de reforzamiento, rehabilitación y reutilización.
La Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica (UCR) se pronunció contra la demolición del edificio Jorge Manuel Dengo Obregón, sede central del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en Sabana Norte, y pidió que la institución haga públicos los estudios técnicos que sustentaron su decisión de sustituirlo por una nueva construcción.
El ICE anunció el pasado 27 de agosto que su Consejo Directivo acordó demoler la estructura actual y construir una nueva sede en el mismo terreno. Entre las opciones divulgadas figura un inmueble de hasta 21 pisos, con capacidad para unas 1100 personas y un área máxima cercana a 40.000 metros cuadrados. Al momento de aquel anuncio, la institución no había definido públicamente las fechas de demolición y construcción, el costo de las obras ni las empresas o unidades que estarían a cargo.
La Escuela reconoció que el ICE ha informado sobre estudios realizados desde 2015 y que, según la institución, evaluaciones efectuadas entre 2018 y 2021 identificaron vulnerabilidades estructurales y determinaron que el edificio no alcanzaría el nivel de desempeño denominado “Seguridad de Vidas” establecido en la normativa vigente. El ICE también ha reportado deficiencias en sistemas eléctricos, telecomunicaciones, climatización y protección contra incendios, además de una revisión técnica independiente realizada en 2023.
Arquitectura cuestionó, sin embargo, que el conocimiento público de esos análisis se haya limitado principalmente a resúmenes de sus conclusiones y sostuvo que no existe suficiente información pública para determinar si el reforzamiento o la rehabilitación resultan técnicamente inviables. La unidad académica agregó que la documentación disponible tampoco permite conocer con detalle cuáles alternativas fueron estudiadas antes de optar por la demolición.
Por ello, solicitó al ICE publicar los estudios estructurales, geotécnicos, de sismorresistencia, electromecánicos y de seguridad realizados desde 2015; los informes elaborados entre 2018 y 2021; la revisión independiente de 2023 y cualquier análisis posterior utilizado por el Consejo Directivo. La Escuela pidió incluir metodologías, diagnósticos completos, recomendaciones y escenarios de intervención considerados.
Pide comparar rehabilitación y demolición
La Escuela recomendó además realizar o divulgar una evaluación comparativa integral entre el reforzamiento y rehabilitación del edificio, su reutilización adaptativa, posibles estrategias de conservación parcial y la demolición seguida de una nueva construcción.
Según el pronunciamiento, ese análisis debería considerar seguridad estructural, actualización de sistemas, costos de inversión y operación, tiempos de ejecución y vida útil, pero también impactos ambientales, generación de residuos, consumo de energía, emisiones de carbono, valor histórico-arquitectónico y efectos sobre el paisaje urbano.
La unidad académica sostuvo que el inmueble posee características propias de la arquitectura estatal costarricense desarrollada durante las décadas de 1960 y 1970. El edificio fue diseñado por el arquitecto Rafael Sotela Pacheco y construido entre 1969 y 1972, y la Escuela considera que constituye un testimonio de la arquitectura moderna asociada con la expansión de las instituciones públicas durante ese periodo.
El pronunciamiento reconoce que el inmueble no cuenta con una declaratoria formal de patrimonio histórico-arquitectónico, pero sostiene que esa condición no elimina la necesidad de valorar sus atributos antes de una intervención irreversible. También señala que el edificio ha formado parte durante más de cinco décadas del paisaje urbano alrededor del Parque Metropolitano La Sabana.
La Escuela introdujo además un argumento ambiental. Según su análisis, demoler la estructura implicaría perder los materiales y la energía incorporados durante su construcción y generaría nuevos impactos vinculados con el desmontaje, transporte y disposición de residuos, además de los recursos necesarios para levantar un nuevo inmueble.
En su conclusión, la Escuela señaló:
La demolición del Edificio Jorge Manuel Dengo Obregón no puede ejecutarse como una decisión exclusivamente administrativa ni sustentarse únicamente en referencias generales a su antigüedad, prestigio o necesidad de modernización”.
Asimismo, pidió al ICE abrir una discusión técnica pública con especialistas, universidades, organizaciones profesionales y entidades relacionadas con patrimonio, ambiente y ciudad, y recomendó documentar exhaustivamente el edificio mediante planos, fotografías, memorias de cálculo, expedientes, registros audiovisuales y levantamientos tridimensionales.
El pronunciamiento completo fue divulgado por la UCR el 25 de septiembre después de que la Sala Constitucional ordenara al ICE abstenerse temporalmente de ejecutar la demolición mientras resuelve un recurso de amparo presentado por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP). La medida cautelar no resuelve todavía el fondo de la controversia.