La iniciativa, firmada por 56 diputaciones, también crearía el Día Nacional de la Semilla Criolla.
El diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Ariel Mora Fallas, presentó un proyecto de ley (expediente 25.786) que busca reconocer, proteger y promover las semillas criollas y otras variedades tradicionales utilizadas en el país.
La iniciativa daría reconocimiento legislativo a las semillas locales, criollas, tradicionales, nativas, endémicas y criollizadas como parte de la agrobiodiversidad y el patrimonio biocultural costarricense, además de establecer definiciones para estos tipos de semillas.
El proyecto también declararía de interés nacional la conservación, recuperación, investigación, documentación, promoción, siembra, uso sostenible, multiplicación, resguardo y transmisión de estas semillas.
Además, protegería prácticas tradicionales como la conservación, reproducción, trueque e intercambio no comercial y permitiría desarrollar acciones públicas de investigación, educación, bancos comunitarios y recuperación de variedades, sin modificar los regímenes vigentes en materia de semillas, fitosanidad, obtención vegetal o biodiversidad.
La propuesta establece expresamente que su aplicación no podrá utilizarse para crear nuevos permisos, registros, tasas o requisitos administrativos para actividades como ferias de intercambio, bancos comunitarios de semillas, huertas educativas o iniciativas de agricultura familiar.
También declararía el 16 de marzo de cada año como Día Nacional de la Semilla Criolla.
Justificación de la iniciativa
La exposición de motivos sostiene que las semillas criollas preservan conocimientos asociados con la selección de cultivos, su adaptación a diferentes territorios y la cultura alimentaria.
El proyecto señala:
Su conservación resulta relevante porque conecta pasado y futuro: por un lado, preserva elementos de la historia biocultural del país; por otro, mantiene recursos genéticos útiles para la investigación, el mejoramiento vegetal y la adaptación de la agricultura ante condiciones ambientales cambiantes”.
La iniciativa cita como antecedentes la Política Nacional de Semillas 2017-2030, la Ley de Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica (Ley N.° 8591) y su reglamentación, así como la Ley de Biodiversidad (Ley N.° 7788) y el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura.
La exposición de motivos también menciona investigaciones realizadas por universidades públicas y estudios internacionales sobre la diversidad genética de estas variedades, así como legislación aprobada en países latinoamericanos para proteger la agrobiodiversidad y los conocimientos tradicionales asociados.
Prácticas que quedarían protegidas
El proyecto busca dar protección legal a actividades tradicionales desarrolladas por familias agricultoras, entre ellas la siembra, conservación, reproducción, intercambio, trueque y resguardo de germoplasma.
También establece que el reconocimiento deberá respetar los conocimientos tradicionales y los derechos colectivos de los pueblos indígenas y las comunidades locales.
Las instituciones públicas quedarían facultadas para desarrollar, dentro de sus competencias, programas de capacitación, extensión agropecuaria, educación ambiental, investigación científica y participativa, conservación en bancos de germoplasma y recuperación de variedades locales.
Estas acciones deberían ejecutarse con los presupuestos ordinarios y recursos disponibles de cada institución, sin crear nuevos destinos específicos ni obligaciones presupuestarias adicionales.
Delfino.cr informó en 2021 sobre la oposición de organizaciones de agricultura orgánica a otro proyecto relacionado con la regulación de semillas, al considerar que podía limitar el intercambio y comercialización de semillas criollas.
La nueva iniciativa dispone expresamente que sus normas no podrán utilizarse para imponer controles administrativos adicionales sobre las prácticas tradicionales y comunitarias protegidas por el proyecto.
El expediente fue presentado con la firma de 56 de las 57 diputaciones. El único legislador que no figura entre las personas firmantes es Jesús Antonio Calderón Calderón, del Partido Liberación Nacional (PLN).
La iniciativa se encuentra pendiente de asignación a una comisión legislativa.