Los gobiernos locales solicitan participar en la instancia nacional y conocer los alcances de la estrategia Puertas Abiertas, así como los recursos previstos para atender esta problemática en 2027.
La Municipalidad de San José y otros nueve gobiernos locales remitieron este lunes un oficio a la Presidencia de la República y al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) para solicitar formalmente la incorporación de las municipalidades a la Mesa Nacional para la atención de las personas en situación de calle.
El documento fue dirigido a la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado; al primer vicepresidente, Francisco Gamboa Soto; y a la presidenta ejecutiva del IMAS, Yorleny León Marchena. La solicitud busca fortalecer la coordinación entre el Gobierno Central y los municipios que atienden esta problemática en sus territorios.
Los gobiernos locales argumentan que la habitabilidad de calle supera la capacidad de respuesta individual de cada municipalidad y requiere una acción articulada entre instituciones públicas, gobiernos locales, organizaciones sociales y otros actores.
Según el oficio, los municipios consideran necesario ampliar la participación territorial de la Mesa Nacional e incorporar cantones que registran una alta concentración de personas en situación de calle, entre ellos San José, Desamparados, Alajuelita, Goicoechea, Heredia y Alajuela.
El alcalde de San José, Diego Miranda Méndez, señaló que la coordinación entre municipalidades se viene trabajando desde hace dos años:
Esta articulación la hemos venido trabajando desde hace dos años porque tenemos claro que la habitabilidad de calle no es un problema que pueda resolver una sola municipalidad ni una sola institución. Los gobiernos locales estamos en el territorio, conocemos la realidad de nuestras comunidades y hemos desarrollado acciones concretas, pero no podemos trabajar solos. Necesitamos el apoyo, la coordinación y el compromiso del Gobierno Central para construir soluciones de fondo y sostenibles”.
El jerarca agregó que la atención debe incluir una definición clara de competencias, responsabilidades y recursos entre las instituciones involucradas.
Queremos que esta Mesa Nacional escuche a los municipios. Somos quienes convivimos diariamente con esta realidad y quienes conocemos las diferencias entre un cantón y otro. Necesitamos una política pública que defina claramente quién hace qué, con qué recursos y cómo vamos a medir los resultados. La respuesta no puede limitarse a atender la emergencia; tenemos que generar rutas que permitan que las personas salgan de la situación de calle y recuperen su autonomía. Los municipios hemos venido haciendo nuestra parte desde los territorios, pero necesitamos que esta problemática sea abordada con una visión nacional, con liderazgo y coordinación del Gobierno Central y con el respaldo institucional necesario para lograr resultados sostenibles”.
Municipalidades cuestionan el modelo actual
En el oficio, las municipalidades plantean la necesidad de conocer los resultados de la Estrategia para el Abordaje Integral de Personas en Situación de Calle desarrollada durante la Administración Chaves Robles y los cambios previstos por la Administración Fernández Delgado.
También solicitan información sobre la estrategia denominada Puertas Abiertas, de la cual, según indican, han conocido principalmente mediante publicaciones y declaraciones en medios de comunicación nacionales.
Los gobiernos locales señalan que no cuentan, a la fecha, con un documento oficial que detalle integralmente los objetivos, alcance, metodología e instituciones participantes de esta estrategia.
Entre sus principales preocupaciones está la necesidad de superar intervenciones de carácter asistencialista. En ese sentido, mencionan acciones como la Carpa Anzuelo, que, según plantean, pueden generar un efecto de “puerta giratoria” si los servicios ofrecidos —como alimentación, ropa, barbería o valoraciones médicas— no están acompañados de mecanismos suficientes de referencia y seguimiento.
El oficio también señala limitaciones en hogares de abrigo y centros de alojamiento temporal, particularmente por restricciones presupuestarias y de infraestructura.
Otro desafío identificado es la escasa transición hacia soluciones habitacionales permanentes. Los municipios plantean avanzar hacia modelos de Vivienda Primero (Housing First), acompañados de atención psicosocial, salud mental, tratamiento de adicciones y procesos de reinserción social y laboral.
Piden definir responsabilidades y recursos
Entre las medidas propuestas por las municipalidades están superar el asistencialismo fragmentado, fortalecer la red de salud mental y atención de adicciones, ampliar las alternativas de tratamiento residencial, avanzar hacia modelos de vivienda permanente y establecer mecanismos de reinserción sociolaboral.
También solicitan definir las competencias y responsabilidades de cada institución, así como mecanismos de coordinación y seguimiento que permitan medir los resultados de las políticas implementadas.
Además, los gobiernos locales pidieron conocer la inversión destinada al programa Puertas Abiertas y las acciones previstas por las instituciones con competencia en la materia.
La solicitud incluye información sobre el Proyecto de Presupuesto Nacional 2027, particularmente acerca de los recursos anunciados para la atención y cobertura de salud de las personas en situación de calle, su distribución territorial y su articulación con las acciones municipales.
Los municipios consideran que las nuevas inversiones nacionales deben coordinarse con los esfuerzos que ya realizan los gobiernos locales, con el fin de evitar duplicidades y transferencias de responsabilidades sin los recursos correspondientes.
La Municipalidad de San José sostiene que la atención de la habitabilidad de calle requiere una política nacional que, a la vez, considere las particularidades de cada territorio.
La incorporación de los gobiernos locales a la Mesa Nacional, según la propuesta, permitiría aportar experiencia territorial, identificar brechas de atención y establecer una estrategia conjunta que contemple las diferencias presupuestarias, institucionales y operativas entre los cantones.
El objetivo planteado es avanzar de respuestas aisladas y temporales hacia una política pública integral y sostenible para atender a las personas en situación de calle y, al mismo tiempo, considerar las necesidades de las comunidades donde se concentra esta problemática.
Municipalidades firmantes
El oficio está respaldado por los gobiernos locales de Grecia, Alajuelita, Aserrí, Moravia, Curridabat, Turrialba, Alajuela, Coronado y Pérez Zeledón.
La Municipalidad de San José, como promotora de la iniciativa, manifestó su disposición de continuar trabajando con las instituciones nacionales para fortalecer las rutas de atención y generar oportunidades de recuperación, autonomía y reinserción para las personas en situación de calle.