La asignación pasaría de ₡2.000 millones en 2026 a ₡162.410 millones en 2027 y consumiría una mayor proporción de los recursos de Fodesaf, lo que limitaría transferencias adicionales al IMAS, PANI y Régimen No Contributivo.
El proyecto de Presupuesto Nacional para 2027 propone aumentar de ₡2.000 millones a ₡162.410,1 millones los recursos destinados a financiar la cobertura de salud de personas en situación de calle y otras poblaciones sin capacidad contributiva, un incremento de ₡160.410,1 millones y de 8020,5% respecto de este año.
El dinero aparecería en el presupuesto del Ministerio de Salud como una transferencia a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y provendría del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf). Hacienda explicó que el incremento responde al cumplimiento de la fórmula que utiliza la CCSS para calcular el subsidio que cubre a esta población.
La exposición de motivos señala que esos recursos buscan financiar la cobertura de salud de personas en situación de calle y de otras poblaciones que carecen de capacidad contributiva, con el objetivo de garantizar su acceso a los servicios de salud.
El cambio tiene un impacto considerable sobre las cuentas del Ministerio de Salud. El Gobierno propone elevar su presupuesto total de ₡402.572 millones en 2026 a ₡598.083 millones en 2027, un incremento de ₡195.511 millones o 48,6%, el segundo mayor crecimiento porcentual entre los títulos presupuestarios después del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos.
Dentro de Salud, las transferencias corrientes crecerían 74,1%, al pasar de aproximadamente ₡213.643 millones a ₡371.858 millones. Hacienda atribuye fundamentalmente ese incremento al fortalecimiento de las transferencias hacia la CCSS para financiar la atención de personas en condición de indigencia, aunque también registra variaciones en otras transferencias del ministerio.
En total, el proyecto contempla ₡352.998,6 millones en transferencias corrientes del Ministerio de Salud a la CCSS. Además de la cobertura para personas sin capacidad contributiva, esos recursos financian obligaciones estatales vinculadas con los seguros de salud y pensiones, poblaciones aseguradas por cuenta del Estado, aseguramiento voluntario, vacunas, exámenes de ADN asociados con la Ley de Paternidad Responsable y procedimientos de fecundación in vitro, entre otros rubros.
El aumento también tendría efectos en otras instituciones que reciben recursos de Fodesaf. Hacienda advierte que el crecimiento de 8020,5% en el financiamiento del seguro de salud para personas en condición de indigencia limita los recursos disponibles para realizar asignaciones adicionales al Régimen No Contributivo de Pensiones (RNC), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), más allá de los montos que establece la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.
La exposición de motivos señala que las transferencias de Fodesaf hacia esas tres instituciones registran una “reducción considerable” para 2027 y coloca el incremento destinado al seguro de salud de las personas en condición de indigencia como una de las principales explicaciones.
Ese movimiento presupuestario también ayuda a explicar la caída que registra el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, donde se contabiliza el programa de Fodesaf. Su presupuesto pasaría de ₡694.270,8 millones a ₡314.106 millones, una reducción de ₡380.164,8 millones o 54,8%. Hacienda identifica como uno de los dos principales factores de esa disminución la menor disponibilidad de Fodesaf después de cubrir el aumento del seguro de salud para personas en condición de indigencia; el otro corresponde al traslado hacia Vivienda de la transferencia destinada al Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi).
El fuerte incremento presupuestario se plantea semanas después de que el Gobierno anunciara, el 12 de agosto, una estrategia interinstitucional para atender la situación de calle y el consumo problemático de sustancias psicoactivas, cuya primera etapa se concentraría en el distrito Merced de San José. El anuncio ocurrió tres días después de que el alcalde de San José, Diego Miranda, pidiera a la presidenta Laura Fernández una respuesta nacional ante el aumento de personas en situación de calle.
Según los datos divulgados entonces por el Ejecutivo, Costa Rica registra 7.132 personas en situación de calle, de las cuales 3.590 se encuentran en la capital. La estrategia quedó bajo coordinación operativa del Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social y el IMAS e involucra, entre otras instituciones, al Ministerio de Salud, la CCSS, Seguridad Pública, el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), el PANI y el Instituto Costarricense sobre Drogas.
El plan plantea rutas diferenciadas de atención que abarcan prevención, atención en salud, tratamiento especializado, protección social y acompañamiento posterior, además de acciones para la recuperación de espacios públicos y la reintegración de las personas atendidas. Su primera intervención se anunció para Merced por la concentración de población en situación de calle que registra esa zona.
La estrategia anunciada en agosto contempla tres líneas de acción: una respuesta inmediata en puntos críticos y coordinación territorial; rutas de recuperación mediante tratamiento, protección social y reintegración; y medidas preventivas en familias, centros educativos y comunidades. El Gobierno informó entonces que establecería evaluaciones a los 30, 60 y 90 días de la implementación de la primera etapa.