La reciente aprobación unánime del expediente legislativo 23.166 para garantizar la integración de pasos de fauna en la infraestructura pública constituye una buena noticia para Costa Rica. Su importancia va más allá de construir estructuras que permitan a la fauna silvestre cruzar una carretera de forma segura. Este proyecto nos invita a replantearnos qué significa nuestra infraestructura vial y para quiénes diseñamos nuestras carreteras.
El proyecto, aprobado en segundo debate el pasado 4 de agosto, establece que las obras viales deberán incorporar pasos de fauna cuando exista evidencia técnica de afectación a la conectividad ecológica, tanto en obras nuevas como en las existentes. En estas últimas, las medidas deberán incorporarse a los procesos de mantenimiento, ampliación, mejoramiento o rehabilitación.
Este aspecto es especialmente relevante porque reconoce que una carretera no es una obra terminada el día en que se cortan las cintas. Es un activo público que debe gestionarse durante toda su vida útil y adaptarse conforme evolucionan el territorio, el conocimiento y las necesidades de la población.
También permite reconocer algo que pocas veces nos cuestionamos: las carreteras no sirven únicamente a los vehículos. Atraviesan comunidades, cuencas, bosques, áreas protegidas y corredores biológicos. Aunque facilitan el desplazamiento de las personas y las mercancías, también pueden fragmentar ecosistemas, perjudicar a las comunidades y generar riesgos para la seguridad vial.
El contraste con otra decisión reciente resulta interesante. En abril, la Asamblea Legislativa aprobó, también por unanimidad, un proyecto para construir, mejorar y administrar las paradas de transporte público. La iniciativa pretendía hacer estos espacios más seguros, accesibles y dignos, además de establecer responsabilidades y mecanismos de financiamiento para su gestión. Pese al amplio respaldo legislativo, el proyecto fue vetado por el Poder Ejecutivo debido a problemas de técnica legislativa, financiamiento y distribución de competencias. Aunque algunos aspectos del texto tenían margen de mejora, otros podían desarrollarse mediante el reglamento de la propia ley. Cabe preguntarse, entonces, si esas deficiencias justificaban detener por completo la iniciativa o si podían haberse corregido sin abandonar su propósito.
No se trata de contraponer la protección de la fauna a las necesidades de quienes utilizamos el transporte público; ambas forman parte de una infraestructura que aspire a ser sostenible. Una carretera debe permitir la conectividad ecológica y ofrecer condiciones dignas para cualquier persona que deba esperar el bus, el tren o un taxi.
La comparación de estas iniciativas evidencia un problema más profundo: reconocer la importancia de una obra no garantiza su ejecución cuando no existe acuerdo sobre quién debe planificarla, financiarla, construirla y mantenerla. Podemos coincidir en que necesitamos pasos de fauna y mejores paradas de transporte público, pero esas aspiraciones difícilmente se convertirán en resultados si las instituciones continúan actuando de manera fragmentada.
Recientemente, para mi tesis de maestría, estudié en profundidad las políticas de conservación vial de Costa Rica y su relación con el desarrollo sostenible. La investigación mostró que el país ha seguido una lógica contraria al espíritu de estas dos iniciativas, pues históricamente nos hemos concentrado en la expansión de la red vial y en atender lo urgente por encima de lo importante, dejando de lado la conservación y el desarrollo planificado de la infraestructura.
El resultado salta a la vista: carreteras que se deterioran prematuramente, reparaciones cada vez más costosas, congestión vial a toda hora, riesgos para los usuarios y un sinfín de problemas sociales, ambientales y económicos que con frecuencia se atienden de forma tardía, cuando el daño ya existe. En fin, tenemos una inversión pública que cada vez devuelve menos valor a la sociedad costarricense, pero que cada día resulta más cara.
Con una frecuencia mayor de la que nos gustaría aceptar, se interviene una vía cuyo nivel de deterioro la hace parecer un paisaje lunar, en lugar de actuar oportunamente para reducir costos y prevenir consecuencias mayores; o bien, se interviene y, pocas semanas después, llega otra institución a cortar la calle para realizar trabajos que no fueron coordinados.
Costa Rica cuenta con capacidades técnicas, experiencia institucional e instrumentos prometedores. Sin embargo, estos esfuerzos continúan funcionando sin una estrategia nacional que conecte las decisiones cotidianas con objetivos de mediano y largo plazo.
La discusión sobre los pasos de fauna permite observar cómo podría funcionar un enfoque diferente. El proyecto asigna responsabilidades al MOPT, las municipalidades, el SINAC y otras entidades; exige estudios técnicos; incorpora las medidas desde la planificación y la presupuestación de las intervenciones viales; y contempla el seguimiento de su efectividad. No se limita a ordenar la construcción de una estructura; intenta organizar la forma en que distintas instituciones toman decisiones al respecto.
¿Cuentan con la capacidad para hacerlo? Lo veremos. El desafío, precisamente, será trasladar todos esos principios al conjunto de la conservación de la infraestructura vial. El país necesita una política nacional que permita acordar qué infraestructura debe atenderse primero, qué condiciones mínimas debe ofrecer, cómo se financiarán estas intervenciones, quién deberá responder por sus resultados y, sobre todo, qué capacidades es necesario desarrollar para cumplir con lo que el país demanda.
Es necesario, tanto para el aparato estatal como para los ciudadanos, cuestionar, entender y exigir que la gestión de las vías vaya más allá del estado del pavimento. Es urgente incorporar la seguridad vial, el transporte público, la accesibilidad, la resiliencia climática, las comunidades y los ecosistemas afectados. Costa Rica no puede seguir atrapada en el costoso ciclo de construir, dejar deteriorar y reconstruir.
Los pasos de fauna representan un avance concreto. El veto al proyecto sobre las paradas de transporte público evidencia que todavía existen desacuerdos y vacíos en torno a cómo convertir necesidades igualmente legítimas en acciones institucionales que faciliten y mejoren la vida de los ciudadanos. Ambos casos deberían servir de punto de partida para el desarrollo de una política pública que comprenda que conservar nuestras carreteras implica proteger y potenciar el valor económico, social y ambiental de Costa Rica.