Hay algo profundamente patético en un funcionario público rodeado de policías, frente a personas privadas de libertad, levantando la voz para demostrar quién manda. No porque el Estado no deba ejercer autoridad dentro de las cárceles —por supuesto que debe hacerlo—, sino porque la autoridad que necesita ser gritada frente a una cámara quizá no sea autoridad: quizá sea espectáculo. Un ministro no demuestra que controla una cárcel porque puede gritar más fuerte que quienes están detrás de los barrotes. Lo demuestra cuando puede garantizar seguridad, disciplina, legalidad y resultados sin necesidad de montar una escena.
Y luego está el gran Centro de Alta Contención de Crimen Organizado (Cacco), presentado casi como si Costa Rica hubiera descubierto la solución definitiva a su crisis penitenciaria. Pero conviene bajar un poco el volumen de la propaganda: el Cacco no es una revolución penitenciaria. Se trata, fundamentalmente, de un par de módulos nuevos dentro de un sistema que sigue arrastrando problemas estructurales. Ponerle un nombre rimbombante a un edificio no convierte automáticamente la política penitenciaria en una política pública. Porque, si la solución al crimen organizado fuera inaugurar módulos y gritarles a los presos con veinte policías detrás, probablemente ya habríamos resuelto el problema hace décadas.
Lo verdaderamente preocupante es que el Gobierno parece haber confundido la imagen de autoridad con el ejercicio de autoridad. Hay una diferencia enorme entre controlar una cárcel y escenificar que se controla una cárcel. La primera requiere inteligencia, planificación, personal capacitado, infraestructura, investigación, ejecución de la pena, reinserción y controles institucionales. La segunda necesita una cámara, un grupo de oficiales y alguien dispuesto a levantar la voz lo suficiente. La primera cuesta años de trabajo. La segunda dura treinta segundos y funciona perfectamente en redes sociales.
Quizá por eso el discurso resulta tan cómodo. “Aquí mando yo”. “Se acabó la alcahuetería”. “Cero tolerancia”. Frases perfectas para un video, pero bastante pobres como política pública. Porque, mientras el Gobierno se dedica a demostrar quién manda, alguien debería estar preguntando quién está resolviendo. ¿Dónde están los resultados sobre reincidencia? ¿Dónde está la estrategia contra las estructuras criminales? ¿Dónde está la transformación integral del sistema penitenciario? ¿Dónde está la política que explique qué ocurre después de que termina el espectáculo y esas personas regresan a la sociedad?
Costa Rica necesita cárceles seguras, no performances de seguridad. Necesita funcionarios protegidos, no ministros jugando a ser protagonistas de una película de acción. Necesita control penitenciario, pero también legalidad, inteligencia, reinserción y resultados. Porque cualquiera puede pararse frente a un grupo de personas privadas de libertad, con una fila de policías detrás, y gritar que el Gobierno manda. Lo difícil es demostrar que el Gobierno sabe gobernar. Y ahí es donde el ruido empieza a desaparecer y quedan las preguntas que ningún operativo puede esconder.
Así que quizá el ministro podría ahorrarnos el próximo espectáculo. No hace falta gritar. No hace falta posar. No hace falta convertir cada intervención penitenciaria en una producción audiovisual. Dejar el show es gratis. Y si, después de dejarlo, todavía queda una política penitenciaria seria que mostrar, entonces sí podremos hablar de autoridad. Porque un Estado fuerte no necesita gritarles a los presos para demostrar que manda. Necesita demostrarle al país que sabe qué hacer con el poder que tiene.