En el primer y el segundo artículo de esta serie tracé las líneas generales sobre la generación y la gestión del sistema para un nuevo modelo eléctrico costarricense, en el marco de la “ley de armonización eléctrica” (expediente 23.414) que se discute en el congreso. Cierro esta serie con el eslabón final: las redes por donde la electricidad llega hasta nosotros, las empresas que las gestionan y nos la venden, y el consumidor que paga la factura.
Y conviene decirlo de entrada: esta es la parte del sistema más alejada de la ley en discusión. La ley abre el mercado mayorista de la generación, no el minorista. Los usuarios residenciales, comerciales y la vasta mayoría de los industriales seguirán con tarifa regulada por la Aresep, pagando por un servicio que prestan distribuidores públicos o semipúblicos. El efecto sobre el recibo es indirecto y depende de dos cosas: la forma que tome la subasta y cómo se trasladen esos precios al usuario. Por eso los argumentos categóricos son temerarios, tanto el que promete rebajas automáticas como el que anuncia la quiebra del ICE y el fin del carácter social del sistema. La apertura reordena los roles en la generación. Lo que pase después dependerá de las dinámicas que se desarrollen en ese nuevo campo de juego.
Incluso los señalados como grandes beneficiados merecen matiz. Los grandes consumidores que podrían participar en la subasta son empresas industriales electrointensivas conectadas en alta tensión. En 2023 eran apenas 16 clientes, cerca del 5% del consumo nacional. Un grupo minúsculo en cantidad y en volumen. Y su entrada a la subasta no excluye al ICE de seguir vendiéndoles: mientras usen las redes de transmisión y distribución, además, seguirán pagando los peajes que correspondan. Así que aunque el precio mayorista baje por competencia, la tarifa al hogar, al comercio y a la industria la seguirá fijando la Aresep con la lógica de costo del servicio. Y si los cargos de red se salen de control, como expliqué en el artículo anterior, esa tarifa sí podría subir para todos.
Zanjado eso, volvamos a pensar en el modelo. Uno justo en lo económico y en lo social permitiría que todos los consumidores, y no solo un puñado de industrias, se beneficien de la subasta mayorista. La ley menciona someramente la figura del agregador de demanda, el intermediario que gestiona el consumo y la flexibilidad de un grupo de consumidores y los ofrece al mercado. Esta figura sí puede marcar la diferencia. A través de un agregador, los consumidores pequeños agrupados, sean residenciales, comerciales o industriales, podrían ofrecer servicios auxiliares al sistema o adaptar su consumo a la energía disponible, para lograr un balance técnico y económico en ambos extremos de la red. Ese balance no solo compensa la variabilidad del sol y el viento: también permite modular el consumo en periodos de bajas lluvias para proteger la operación de las centrales hidroeléctricas. Ganan los dos lados: precios más bajos y transparencia para el consumidor; gestión más eficaz de la variabilidad para el operador. Pero la ley, en su afán de abarcarlo todo sin concretar nada, deja el desarrollo de esta figura a un reglamento. Sin reglas claras sobre cómo se le remunera, cómo se relaciona con las distribuidoras y cómo se protege al consumidor, el agregador se queda en el papel.
La oportunidad, sin embargo, es concreta porque, a diferencia de otros países, la infraestructura ya se está instalando. A mediados de 2025, 43,3% de los abonados del país contaba con medidor inteligente, requisito indispensable para la agregación, superando la meta del plan nacional con más de un año de antelación. Y aunque la cobertura total sigue siendo un reto, todos los distribuidores avanzan en esa dirección. Estos medidores traen beneficios más allá del precio: reducen conexiones ilegales, detectan sobrecargas y ayudan a prevenir averías, dan visibilidad del consumo al usuario y de la red al distribuidor, y facilitan la integración de generación distribuida. Sobre todo, preparan el terreno para una tarifa dinámica, en la que la electricidad es más barata cuando abunda y más cara cuando escasea.
La experiencia de Escandinavia, el Reino Unido y Australia muestra que una generación mayorista con múltiples actores, combinada con tarifas dinámicas, sí puede reducir el costo para quienes logran mover su consumo, además de bajar los costos de operación de la red y la necesidad de quemar combustibles fósiles para estabilizar el sistema. Eso sí, requiere marcos regulatorios que permitan al usuario elegir su plan, ver su consumo en tiempo real y actuar en consecuencia, con protecciones para quienes no pueden desplazar su demanda. Ese debe ser el norte del modelo, uno que comulgue con los ideales con que se fundó el ICE: calidad y eficiencia tecnoeconómica con conciencia social.
Después de tres artículos, mi conclusión es que estamos teniendo la discusión equivocada. Preguntar si estamos a favor o en contra de la ley 23.414 sin tener claro el modelo es poner la carreta delante de los bueyes. Y eso, como sabemos, produce resultados impredecibles, casi siempre negativos, que terminamos pagando los consumidores. Mi recomendación es tomarse el tiempo de construir un modelo consensuado, y ese trabajo empieza por acordar su propósito. El mío es claro: una transición energética sostenible en lo ambiental, justa en lo social y motor del desarrollo económico. De ahí, y no al revés, deberían deducirse las leyes, en plural, y los reglamentos que las hacen funcionar en conjunto. Leyes que habiliten a operar con eficacia a los actores nuevos y existentes, públicos y privados, con roles claros y sin jueces que sean parte. Instituciones e instrumentos que coordinen la evolución del sistema y protejan sus objetivos. Monopolios públicos bien definidos donde hagan falta para resguardar las partes críticas, pero obligados a operar con eficiencia. Y, al final de la cadena, un suministro de calidad al mejor precio posible para todos. Como esbocé en estos tres artículos, tenemos la infraestructura, el talento y la experiencia institucional para construirlo. Sería una lástima que, como en tantos otros temas, terminen pudiendo más la improvisación, la polarización y la chambonada.