La transición energética nacional y regional tienen la capacidad de ser uno de los ejes estratégicos de desarrollo que Costa Rica necesita con urgencia. Pero, a pesar de un contexto regional y global particularmente favorable, el tema está prácticamente ausente de los programas de gobierno y del debate electoral de la actual campaña electoral. Por tanto, para iniciar el debate, un breve esbozo de cómo una transición energética “a la tica”, más allá de sus considerables beneficios ambientales y de salud, puede activar un ciclo de desarrollo económico en el corto y mediano plazo.
La transición energética consiste en reemplazar los sistemas de suministro de energía basados en combustibles fósiles —y sus emisiones asociadas— por fuentes de energía renovables como la hidroeléctrica, geotérmica, eólica y solar, para satisfacer, principalmente en forma de electricidad-a todas las formas de consumo. En Costa Rica, esto significaría principalmente electrificar el transporte, que consume el 55% de la energía total del país, sustituyendo progresivamente vehículos de pasajeros y carga con motores de combustión por sus equivalentes eléctricos.
Este cambio tendría impactos inmediatos y profundos. Progresivamente eliminaría la volátil factura petrolera del país, sustituyéndola por electricidad generada de manera renovable localmente. Y, además, permitiría aprovechar una coyuntura internacional excepcional. Hoy existe una competencia feroz en la industria automotriz global. Fabricantes establecidos —europeos, estadounidenses, japoneses y coreanos— aceleran la electrificación de sus portafolios, mientras fabricantes emergentes —especialmente de China, India y Vietnam— expanden rápidamente su capacidad productiva y la calidad de sus vehículos. El resultado es una fuerte presión a la baja en los precios, acentuada por una sobreproducción de unidades, dado que los mercados de los fabricantes establecidos responden con aranceles y barreras comerciales para proteger a sus industrias locales.
Costa Rica, y Centroamérica, al no tener una industria automotriz que proteger, pueden aprovechar esta coyuntura para remplazar aceleradamente una flotilla vehicular en su mayoría obsoleta, insegura, contaminante e ineficiente, por vehículos eléctricos de mayor calidad y menor costo operativo. Prueba de esto es el crecimiento orgánico que la electromovilidad está teniendo en el país.
El próximo gobierno debe apoyar decididamente este reemplazo y estructurarlo. Específicamente deben facilitar y acelerar aún más la importación de vehículos eléctricos nuevos y usados en buen estado, mientras desincentivan progresivamente la importación y propician la salida de circulación de vehículos de combustión. Así como incentivar la inversión pública y privada en la infraestructura de carga. Esto no implica grandes subsidios, sino el uso estratégico de la banca pública para dirigir los créditos, la regulación de los márgenes de venta para evitar la usura y la exigencia de que el transporte público —taxis y autobuses— se renueve progresivamente a modelos eléctricos. Otras medidas necesarias incluyen una transición gradual hacia nuevas fuentes de ingresos fiscales que sustituyan el impuesto a los combustibles y una estrategia diplomática que permita un mayor acercamiento a proveedores emergentes sin tensionar las relaciones con socios estratégicos, i.e., Estados Unidos y la Unión Europea.
Esta transformación del sector transporte desencadena una serie de oportunidades económicas. La primera es la necesidad de aumentar la capacidad instalada de generación eléctrica, desde los aproximadamente 3,7 GW actuales hasta unos 6–7,4 GW manteniendo un sistema 100% renovable. Esta duplicación de la capacidad instalada justifica una apertura ordenada a la generación privada renovable, acompañada de una reestructuración funcional del ICE que separe claramente los negocios de generación, transmisión y distribución, sin debilitar a la institución ni comprometer la amortización de proyectos actuales y futuros. Lejos de desmantelarlo, se trataría de fortalecer al ICE en un ecosistema energético más dinámico.
La segunda es la reducción del precio de la electricidad. Aunque un aumento de la capacidad instalada no reduce automáticamente las tarifas, en este caso remplazaría fuentes de generación con alto costo marginal —como las actuales reservas térmicas fósiles—, diversificaría las fuentes y mejoraría el uso del sistema, especialmente el factor de planta. Esto permitiría reducir costos de producción y aumentaría la fiabilidad de las fuentes energéticas, traduciéndose en una reducción y estabilización de los precios finales de la electricidad. Esta rebaja no solo aumentaría la competitividad del sector productivo nacional, sino que además haría al país más atractivo para inversión extranjera en nuevas actividades económicas energéticamente intensas, como la producción de hidrógeno verde o la instalación de centros de datos, críticos para el boom de la inteligencia artificial.
La tercera es un desarrollo exponencial del sector económico asociado a la electromovilidad. Esto incluye servicios de mantenimiento, electrolineras, reciclaje de baterías y su reutilización en almacenamiento estacionario. Y, finalmente, una matriz eléctrica renovable, flexible y confiable permite promover a Costa Rica como hub de investigación y desarrollo en tecnologías de infraestructura energética sostenible. Muchas de estas inversiones en infraestructura de la transición energética, además, pueden aprovechar programas internacionales para su financiamiento.
Mirando más allá de nuestras fronteras, apoyar al resto de Centroamérica en su transición energética le permite a nuestros actores privados y públicos invertir en infraestructura, ofrecer servicios y exportar electricidad.
Así como la transición energética representa una oportunidad histórica de desarrollo, el camino contrario puede ser nefasto. Muchos candidatos presidenciales insisten en promover la exploración y explotación de petróleo o gas natural. Esto es ignorar la actual geopolítica energética mundial. Estados Unidos, actualmente el mayor productor mundial, y países como Rusia, Irán, Qatar o Venezuela, poseen infraestructura, reservas probadas, calidades y capacidades de producción para ofrecer precios que fácilmente arruinarían a una potencial explotación costarricense que empezaría desde cero. Por tanto, invertir en o concesionar la exploración y explotación de combustibles fósiles no solo supondría un riesgo altísimo, sino que requeriría inversiones o cesiones a empresas extranjeras que anularían los beneficios económicos para el país.
Por tanto, la transición energética en Costa Rica no es una utopía ambientalista o un deseo iluso. En el contexto actual representa una oportunidad de desarrollo económico concreta, que mejora nuestra competitividad y fortalece nuestro peso geopolítico. Es necesario entonces, que exijamos de nuestros próximos dirigentes reformas concretas y un liderazgo claro para iniciar esta transformación de inmediato. La pregunta es si tendremos líderes con la visión necesaria.