Hace unas semanas, cuando la Ley de Armonización Eléctrica volvió a discutirse en la Asamblea Legislativa, aparecieron voces de todo tipo con argumentos que fueron desde válidos hasta poco coherentes. No obstante, el argumento más sensato fue: en lugar de decidir sobre esta ley, hay que pensar primero en el modelo energético que queremos y que queremos lograr con él. Y luego en las leyes, en plural, que lo soportan.
Como escribí en un artículo anterior, la transición energética es una oportunidad central para Costa Rica, y aprovecharla exige el modelo correspondiente, por tanto, ahí, en mi opinión, el para que. Y ahora toca discutir el modelo, y esto no lo resuelve una sola ley, sino un conjunto de leyes con sus reglamentos y roles claros para cada institución. Por eso, la siguiente es una serie de artículos con mi opinión sobre líneas base para ese modelo, uno por cada parte que lo constituye: generación y subasta, transmisión y gestión del sistema, y distribución y venta minorista.
En este primero, el punto central del expediente: la generación y la apertura a la participación privada por subasta. Esa apertura, en mi opinión, es una pieza válida del nuevo modelo. No porque el ICE sea incapaz de garantizar el suministro, ni porque abrir el mercado vaya a bajar automáticamente los precios, particularmente para los grandes consumidores industriales. Ninguna de esas dos cosas las garantiza la ley por sí sola. Pero si aprovechamos la transición energética, la capacidad instalada tendría que duplicarse, y una apertura ordenada con el ECOSEN como mediador, no una limitada y dominada por pocos actores donde el ICE quede como juez y parte, puede traer eficiencia al sistema.
Además, algo poco discutido: permitiría que la unidad de generación del ICE opere como un proveedor competitivo, extendiendo inversiones incluso más allá de Costa Rica. Referencias exitosas son la sueca Vattenfall o la noruega Statkraft, ambas estatales con presencia global.
Los aciertos del proyecto están en las estructuras que sí crea:
- Un mercado de energía y uno de capacidad regulados por el ECOSEN. En el primero se paga por MWh generado; en el segundo, por la disponibilidad de generar. El mercado de capacidad mitiga la canibalización, en la que los oferentes bajan precios hasta niveles ruinosos buscando quebrar competidores; sin él, ningún privado invertiría en respaldo firme y el ICE cargaría ese peso sin remuneración clara. También protege inversiones existentes del ICE por diez años, un buen paso para la institución que los privados disputarán.
- La planificación indicativa queda en MINAE con apoyo del ECOSEN: la dirección estratégica sigue pública, la ejecución se abre a competencia. Un híbrido razonable que evita la sobreconstrucción de proyectos tendiendo al dumping.
- Se priorizan las renovables verdaderas, no la clasificación cuestionada de la Unión Europea que trata al gas natural como energía de transición, y se restringe la generación no renovable al ICE, evitando que actores privados desmonten el esfuerzo ejemplar del país en una matriz limpia. Y cuarto, se habilita a agentes existentes (ICE, CNFL, ESPH, JASEC y las cooperativas), que quedan libres para buscar nuevas oportunidades de negocio.
Los problemas surgen en los frentes que la ley no cubre y que tampoco puede pretender resolver por sí sola. No queda claro si el ECOSEN, mediante las subastas, podrá encauzar la construcción de solar y eólica para evitar una canibalización entre estas fuentes en el mercado de energía. Como muestran los casos de Alemania y California, un aumento desproporcionado de estas fuentes hunde el precio mayorista, pero ese ahorro no llega al consumidor final porque el sistema debe compensar con costosos servicios de capacidad y auxiliares. Un punto que explicaré en detalle en el próximo artículo.
El otro gran ausente es Setena con un rol diferenciado. Los proyectos geotérmicos, hidroeléctricos grandes o eólicos en zonas sensibles requieren evaluación ambiental robusta, y Setena arrastra críticas conocidas por tiempos y criterios. Setena necesita también competencias para denegar proyectos por razones técnico-ambientales sin exponer al Estado a litigios costosos e interminables. Este es el segundo eje del modelo en el lado de la generación: roles y competencias claras para cada actor.
En resumen, la ley abre la generación con aciertos importantes, pero deja frentes abiertos: riesgo de canibalización que la sola apertura no resuelve, tensión entre privados nuevos y plantas existentes del ICE durante la transición de diez años, y coordinación pendiente con Setena.
Abrir la generación sin atender la transmisión y los servicios auxiliares puede traer un problema peor: un sistema con más renovables variables, pero menos estable, donde el ICE termine absorbiendo costos de balance sin remuneración adecuada, lo cual si lo desfinanciaría, o donde los costos finales suban en espiral, lo que pagaríamos los consumidores finales como en Alemania o en California. De eso tratará el siguiente artículo.