Pronunciamiento advierte sobre la magnitud de la violencia sexual y solicita al Estado impulsar reformas legales, fortalecer la institucionalidad y garantizar una respuesta integral para las personas sobrevivientes.
La violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes continúa siendo una de las principales problemáticas que afectan a la niñez en Costa Rica y la región. Ante este panorama, diversas organizaciones y el Movimiento Voces Libres contra la Violencia Sexual presentaron un pronunciamiento público en el que exponen 12 demandas dirigidas al Estado costarricense para fortalecer la prevención, la atención y el acceso a la justicia para las personas sobrevivientes.
El documento señala que, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada cinco mujeres y uno de cada siete hombres sufrió violencia sexual durante la infancia o la adolescencia en América Latina.
En el caso de Costa Rica, el pronunciamiento indica que, según los expedientes abiertos por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), durante 2024 se atendieron en promedio cinco personas menores de edad por violencia sexual cada día.
Además, detalla que ese mismo año la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) registró 13.108 atenciones por abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes en consulta externa y emergencias, mientras que el Ministerio Público recibió 9.650 casos por delitos sexuales contra personas menores de edad. Las organizaciones también advierten que se estima que por cada caso denunciado existen alrededor de siete que nunca llegan al conocimiento de las autoridades.
Ante esta situación, las organizaciones firmantes hacen un llamado a la sociedad y al Estado para priorizar el derecho de las personas menores de edad a vivir libres de violencia sexual y plantean una serie de acciones consideradas urgentes.
Entre las principales demandas figura la declaratoria del 9 de agosto como Día de Solidaridad con las Personas Sobrevivientes de Violencia Sexual padecida en la Infancia y/o Adolescencia, con el propósito de visibilizar la problemática y promover medidas de prevención, acompañamiento y acceso a la justicia.
Asimismo, solicitan la aprobación de reformas legales para establecer la imprescriptibilidad de los delitos de violencia sexual contra personas menores de edad, al considerar que las secuelas del trauma, el miedo y las relaciones de poder pueden impedir que las personas sobrevivientes denuncien los hechos durante años o incluso décadas.
El pronunciamiento también pide fortalecer las investigaciones administrativas dentro de las instituciones públicas, garantizar la correcta aplicación de la legislación sobre delitos sexuales contra personas menores de edad y restablecer la Educación Integral en Sexualidad como política pública de prevención.
Las organizaciones además instan a promover la declaratoria de Cantones Libres de Violencia Sexual, ampliar el acceso a servicios especializados de atención integral para personas sobrevivientes y detener el debilitamiento de las instituciones encargadas de la protección de la niñez y la adolescencia, mediante el fortalecimiento de sus capacidades técnicas, operativas y presupuestarias.
Entre las restantes solicitudes se incluyen promover una comunicación con enfoque de derechos humanos que evite la revictimización, garantizar la inclusión de niñas, niños y adolescentes indígenas en las políticas públicas de protección, reforzar la investigación y sanción de la violencia sexual ocurrida en instituciones religiosas y robustecer el sistema de protección para personas sobrevivientes y testigos durante todas las etapas del proceso judicial.
Las organizaciones firmantes concluyen que estas medidas son necesarias para fortalecer la prevención de la violencia sexual, garantizar una atención integral a las personas sobrevivientes y mejorar el acceso efectivo a la justicia en el país.
