Parlamento Cívico Ambiental solicitó determinar responsabilidades por los problemas sanitarios denunciados en la Estación Biológica Sirena y revisar la infraestructura de las áreas silvestres protegidas del país.
El Parlamento Cívico Ambiental pidió realizar una investigación integral sobre las descargas de aguas residuales y materia fecal denunciadas en la Estación Biológica Sirena, en el Parque Nacional Corcovado, así como una auditoría nacional de la infraestructura sanitaria, operativa y ambiental de las áreas silvestres protegidas.
La solicitud, realizada el 10 de agosto, forma parte del manifiesto ambiental ciudadano Por nuestras áreas protegidas: Corcovado en alerta roja, en el cual se sostiene que los problemas registrados en el parque reflejan deficiencias más amplias relacionadas con la gestión, el mantenimiento, el financiamiento y la fiscalización del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac).
En junio anterior, Delfino.cr informó que en Corcovado se realizaron descargas de aguas residuales y materia fecal desde la Estación Biológica Sirena hacia cuerpos de agua dentro del parque y que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y el Ministerio de Salud comprobaron esa situación.
En ese contexto, el Parlamento Cívico Ambiental solicitó determinar eventuales responsabilidades, divulgar los informes y órdenes sanitarias relacionadas con el caso y reparar la infraestructura que presente deficiencias.
Piden revisar la situación de todas las áreas protegidas
La organización planteó además que el caso de Corcovado no debe analizarse de manera aislada y pidió una evaluación pública de la infraestructura de las áreas silvestres protegidas del país. Por tanto, llamó a que el análisis tome en cuenta aspectos como la categoría de manejo, la cantidad de visitantes y las necesidades particulares de cada sitio.
También reclamó un fortalecimiento del presupuesto del Sinac para disponer de personal, equipos y recursos suficientes para mantenimiento, prevención y fiscalización ambiental.
Adicionalmente, el manifiesto solicita revisar los permisos, concesiones y actividades económicas que se desarrollan dentro de las áreas protegidas, junto con mayores mecanismos de transparencia, acceso a datos, participación ciudadana y rendición de cuentas.
Corcovado no es el problema: es la alerta. No podemos normalizar que los lugares llamados a recibir la mayor protección operen con infraestructura deteriorada, servicios precarios, controles insuficientes y respuestas tardías”.
El pronunciamiento lleva las firmas de Bernardo Aguilar González, presidente del Parlamento Cívico Ambiental; Victoria Rudín Vega, vicepresidenta; Oscar Moya Cantero, primer secretario; y Melanie Pérez Vargas, segunda secretaria.
El Parlamento Cívico Ambiental está compuesto por las siguientes organizaciones ambientales:
