El Colegio de Abogados y Abogadas, el Colegio de Contadores Públicos y la Federación de Colegios Profesionales Universitarios han advertido sobre posibles vacíos de fiscalización y control en la iniciativa presentada por la diputada Marta Esquivel.
El proyecto de ley que pretende eliminar la colegiatura obligatoria para la mayoría de las profesiones comenzó a generar oposición entre organizaciones profesionales, que cuestionan especialmente el efecto que tendría la propuesta sobre las funciones de fiscalización, disciplina y control que actualmente ejercen los colegios.
El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica y la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica (Fecoprou), que agrupa a 33 colegios profesionales, han manifestado reparos al expediente 25.747, presentado esta semana por la diputada del Partido Pueblo Soberano (PPSO) Marta Esquivel Rodríguez.
La iniciativa permitiría que las personas con un título universitario reconocido ejerzan la mayoría de las profesiones sin necesidad de incorporarse a un colegio profesional. Mantendría la colegiatura obligatoria únicamente para determinadas actividades de salud, derecho e ingeniería en el sector privado y eliminaría ese requisito para las personas funcionarias públicas.
El proyecto también propone crear un Registro Nacional de Profesionales adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), limitar las potestades de supervisión y sanción de los colegios exclusivamente a sus afiliados y prohibir que las corporaciones profesionales exijan cuotas, contribuciones, timbres u otras cargas económicas como requisito para ejercer.
La exposición de motivos sostiene que la colegiatura obligatoria puede justificarse cuando sea indispensable para proteger bienes jurídicos especialmente relevantes, pero que fuera de esos casos puede constituir una barrera de entrada que impone costos sin generar una mejora equivalente para el interés público.
Contadores cuestionan exclusión de la Contaduría Pública
En un comunicado remitido a Delfino.CR, el Colegio de Contadores Públicos pidió rechazar el proyecto y cuestionó específicamente que la Contaduría Pública no figure entre las profesiones para las cuales se mantendría la colegiatura obligatoria.
Según el Colegio, los Contadores Públicos Autorizados emiten certificaciones, informes y otros documentos que pueden servir de fundamento para decisiones de personas, empresas e instituciones públicas y privadas, por lo que considera que su ejercicio involucra la fe pública y derechos de terceros.
El gremio también cuestionó que el proyecto limite su potestad disciplinaria a quienes decidan permanecer afiliados, pues, a su criterio, eso permitiría que profesionales que realicen una misma actividad estén sometidos a regímenes de fiscalización distintos.
Además, señaló que la iniciativa no define qué autoridad especializada asumiría la vigilancia técnica, ética y disciplinaria de quienes ejerzan la Contaduría Pública sin estar incorporados al Colegio.
El presidente de la organización, Francisco Ovares Moscoa, sostuvo que la posición del Colegio no responde a una defensa de privilegios gremiales, sino a su criterio de que las funciones de fiscalización profesional constituyen mecanismos de protección del interés público.
Abogados advierten sobre pérdida de fiscalización
El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica también manifestó su oposición al expediente.
La organización argumentó que los colegios profesionales realizan funciones de control sobre la idoneidad, la ética y la responsabilidad de quienes ejercen determinadas profesiones y advirtió que reducir esas competencias sin establecer un mecanismo alternativo podría generar vacíos de fiscalización.
En el caso particular del Derecho, el proyecto mantendría la colegiatura obligatoria únicamente cuando se ejerza representación, patrocinio, defensa técnica o asesoría jurídica en sede jurisdiccional o en mecanismos de resolución alterna de conflictos, así como para la función notarial.
El Colegio señaló que ya convocó a otras organizaciones profesionales para analizar conjuntamente las implicaciones de la iniciativa.
Federación cuestiona enfoque de la reforma
La Fecoprou también expresó preocupación por el proyecto. Su presidenta, Anny Chaves Quirós, cuestionó que la propuesta plantee el ejercicio profesional principalmente desde la perspectiva de la libre competencia y el mercado. En declaraciones recogidas este sábado por La República, Chaves sostuvo que las profesiones no deberían ser tratadas únicamente como actividades comerciales y defendió las funciones de control y protección pública que actualmente desempeñan los colegios profesionales.
La Federación también ha señalado que la colegiatura permite establecer mecanismos especializados para verificar condiciones de ejercicio profesional, aplicar códigos de ética y tramitar procesos disciplinarios. El expediente 25.747 fue presentado el 27 de agosto y todavía se encuentra en una etapa inicial de trámite legislativo.
Informática pide análisis diferenciado por riesgos asociados al sector
Paralelamente, el Colegio de Profesionales en Informática y Computación (CPIC) informó que sus instancias técnicas se encuentran analizando el expediente 25.747 y pidió que cualquier modificación al régimen de colegiatura considere de manera diferenciada los riesgos y responsabilidades asociados con cada profesión.
Aunque el Colegio no expresó todavía una posición definitiva a favor o en contra de la iniciativa, señaló que en el caso de la informática y la computación deberían valorarse especialmente ámbitos como la ciberseguridad, la protección de datos personales, la continuidad de los servicios tecnológicos y la operación de sistemas vinculados con infraestructura crítica.
Según el CPIC, las actuaciones u omisiones de profesionales en tecnologías de la información pueden producir efectos que trascienden el ámbito estrictamente tecnológico. Por ello, considera necesario analizar si los mecanismos previstos en el proyecto permiten asegurar adecuadamente la idoneidad profesional, la conducta ética y la rendición de cuentas.
El Colegio agregó que reconoce la importancia de revisar periódicamente la regulación del ejercicio profesional para asegurar que sea razonable y proporcional, pero sostuvo que cualquier reforma debería preservar mecanismos efectivos de protección del interés público. También indicó que se mantendrá atento a la tramitación legislativa y se puso a disposición de la Asamblea Legislativa para aportar criterio técnico.
Biólogos se suman a oposición
El Colegio de Biólogos de Costa Rica (CBCR) también manifestó su oposición al proyecto. La organización sostuvo que eliminar la colegiatura obligatoria debilitaría los mecanismos utilizados actualmente para verificar la idoneidad y fiscalizar el ejercicio profesional en áreas como gestión ambiental, manejo de recursos naturales, conservación de biodiversidad, investigación científica, reproducción asistida y análisis genómico.
El Colegio cuestionó además la distinción que establece la iniciativa entre profesiones que conservarían la colegiatura obligatoria y aquellas para las que pasaría a ser voluntaria, pues considera que esa clasificación no refleja adecuadamente los riesgos e impactos asociados a cada ejercicio profesional.
Este proyecto de ley desprotege a la sociedad civil al debilitar los controles de idoneidad que garantizan un ejercicio profesional ético y riguroso. La colegiatura obligatoria no es un privilegio ni un obstáculo al mercado; es una herramienta de resguardo público”.
Así lo manifestó Anny Chaves, presidenta del Colegio de Biólogos, quien señaló que, en el caso de esa profesión, la regulación abarca actividades relacionadas tanto con el patrimonio natural como con ámbitos biomédicos.
CCECR: "Colegiatura constituye un mecanismo para proteger el interés público"
El Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica (CCECR) también informó que analizará técnica y jurídicamente dicho proyecto de ley.
El ente gremial subrayó que la colegiatura no es únicamente un requisito de incorporación, sino un mecanismo para promover la ética, la actualización profesional, la fiscalización y la protección de la ciudadanía.
El CCECR advirtió que cualquier reforma debe valorar no solo la competencia y el acceso al mercado laboral, sino también la calidad, responsabilidad y rendición de cuentas en el ejercicio profesional.
El Colegio aseguró que continuará dando seguimiento al proyecto y participará en los espacios de diálogo institucional.
Geólogos advierten sobre fiscalización de profesionales
El Colegio de Geólogos de Costa Rica (CGCR) también manifestó su oposición al proyecto y advirtió que hacer voluntaria la colegiatura dejaría sin resolver quién asumiría la fiscalización, el control ético y la disciplina de las personas profesionales que opten por no incorporarse a un colegio.
El presidente del CGCR, Néstor Chamorro Aravena, señaló:
La discusión trasciende el pago de una colegiatura y centra su preocupación a cuestionar: ¿quién garantizará a la sociedad costarricense el ejercicio profesional ético, responsable, independiente y de calidad si la colegiatura deja de ser obligatoria? Nosotros siempre hemos sido garantes de una opinión técnica, científica e independiente, nunca ligada a una opinión de un gobierno de turno o intereses políticos”.
El gremio señaló que, en el caso de la Geología, la fiscalización resulta especialmente relevante porque las decisiones profesionales pueden incidir en el territorio, los recursos naturales, la seguridad de las personas y la ejecución de obras públicas. También defendió el papel de los colegios en la emisión de criterios técnicos independientes, especialmente cuando están involucrados proyectos y recursos del Estado.
El CGCR pidió que la discusión legislativa determine quién asumiría funciones como la investigación y sanción de faltas profesionales, la protección de las personas usuarias, la garantía de idoneidad y calidad del ejercicio profesional y la emisión de criterios técnicos independientes si la colegiatura deja de ser obligatoria.
Trabajadores sociales también cuestionan eliminación de colegiatura obligatoria
Por su parte, el Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica (COLTRAS) manifestó su rechazo al proyecto de ley, al considerar que eliminar la colegiatura obligatoria podría debilitar los controles éticos y técnicos del ejercicio profesional y afectar la protección de poblaciones vulnerables.
“Garantizar estándares éticos y técnicos de cumplimiento obligatorio no es entorpecer la competencia; es asegurarle a cada familia costarricense que, cuando requiera una intervención social, contará con un servicio respaldado por la excelencia, la rigurosidad científica y el respeto absoluto a sus Derechos Humanos”, subrayó Jorge Arturo Sáenz Fonseca, presidente del COLTRAS.
El ente gremial defendió la colegiatura como un mecanismo de fiscalización y garantía de estándares profesionales, y pidió a las diputaciones archivar el expediente N.° 25.747.
CFIA advierte sobre impacto de una colegiatura voluntaria
Adicionalmente, el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA) manifestó su oposición a que la colegiatura sea voluntaria en profesiones como la ingeniería y la arquitectura, al considerar que los colegios profesionales cumplen una función de interés público relacionada con la habilitación, fiscalización, ética y responsabilidad del ejercicio profesional.
El ente gremial señaló que estas disciplinas tienen una responsabilidad directa con la seguridad, la protección de los bienes y la calidad de vida de las personas, por lo que su adecuada regulación contribuye a garantizar la idoneidad técnica y el cumplimiento de la normativa vigente.
El CFIA advirtió que una colegiatura voluntaria debilitaría los mecanismos de control ético y disciplinario y defendió el uso de aranceles como parámetros técnicos vinculados con la complejidad, responsabilidad civil y riesgos de cada proyecto. No obstante, sostuvo que la modernización de la regulación profesional y la protección del interés público pueden avanzar de manera conjunta, y reiteró su disposición a participar en un diálogo técnico con el Poder Legislativo para contribuir a una reforma que fortalezca la modernización del país sin reducir las garantías para las personas, sus bienes y el interés público.