El Colegio de Abogados y Abogadas, el Colegio de Contadores Públicos y la Federación de Colegios Profesionales Universitarios han advertido sobre posibles vacíos de fiscalización y control en la iniciativa presentada por la diputada Marta Esquivel.
El proyecto de ley que pretende eliminar la colegiatura obligatoria para la mayoría de las profesiones comenzó a generar oposición entre organizaciones profesionales, que cuestionan especialmente el efecto que tendría la propuesta sobre las funciones de fiscalización, disciplina y control que actualmente ejercen los colegios.
El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica y la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica (Fecoprou), que agrupa a 33 colegios profesionales, han manifestado reparos al expediente 25.747, presentado esta semana por la diputada del Partido Pueblo Soberano (PPSO) Marta Esquivel Rodríguez.
La iniciativa permitiría que las personas con un título universitario reconocido ejerzan la mayoría de las profesiones sin necesidad de incorporarse a un colegio profesional. Mantendría la colegiatura obligatoria únicamente para determinadas actividades de salud, derecho e ingeniería en el sector privado y eliminaría ese requisito para las personas funcionarias públicas.
El proyecto también propone crear un Registro Nacional de Profesionales adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), limitar las potestades de supervisión y sanción de los colegios exclusivamente a sus afiliados y prohibir que las corporaciones profesionales exijan cuotas, contribuciones, timbres u otras cargas económicas como requisito para ejercer.
La exposición de motivos sostiene que la colegiatura obligatoria puede justificarse cuando sea indispensable para proteger bienes jurídicos especialmente relevantes, pero que fuera de esos casos puede constituir una barrera de entrada que impone costos sin generar una mejora equivalente para el interés público.
Contadores cuestionan exclusión de la Contaduría Pública
En un comunicado remitido a Delfino.CR, el Colegio de Contadores Públicos pidió rechazar el proyecto y cuestionó específicamente que la Contaduría Pública no figure entre las profesiones para las cuales se mantendría la colegiatura obligatoria.
Según el Colegio, los Contadores Públicos Autorizados emiten certificaciones, informes y otros documentos que pueden servir de fundamento para decisiones de personas, empresas e instituciones públicas y privadas, por lo que considera que su ejercicio involucra la fe pública y derechos de terceros.
El gremio también cuestionó que el proyecto limite su potestad disciplinaria a quienes decidan permanecer afiliados, pues, a su criterio, eso permitiría que profesionales que realicen una misma actividad estén sometidos a regímenes de fiscalización distintos.
Además, señaló que la iniciativa no define qué autoridad especializada asumiría la vigilancia técnica, ética y disciplinaria de quienes ejerzan la Contaduría Pública sin estar incorporados al Colegio.
El presidente de la organización, Francisco Ovares Moscoa, sostuvo que la posición del Colegio no responde a una defensa de privilegios gremiales, sino a su criterio de que las funciones de fiscalización profesional constituyen mecanismos de protección del interés público.
Abogados advierten sobre pérdida de fiscalización
El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica también manifestó su oposición al expediente.
La organización argumentó que los colegios profesionales realizan funciones de control sobre la idoneidad, la ética y la responsabilidad de quienes ejercen determinadas profesiones y advirtió que reducir esas competencias sin establecer un mecanismo alternativo podría generar vacíos de fiscalización.
En el caso particular del Derecho, el proyecto mantendría la colegiatura obligatoria únicamente cuando se ejerza representación, patrocinio, defensa técnica o asesoría jurídica en sede jurisdiccional o en mecanismos de resolución alterna de conflictos, así como para la función notarial.
El Colegio señaló que ya convocó a otras organizaciones profesionales para analizar conjuntamente las implicaciones de la iniciativa.
Federación cuestiona enfoque de la reforma
La Fecoprou también expresó preocupación por el proyecto. Su presidenta, Anny Chaves Quirós, cuestionó que la propuesta plantee el ejercicio profesional principalmente desde la perspectiva de la libre competencia y el mercado. En declaraciones recogidas este sábado por La República, Chaves sostuvo que las profesiones no deberían ser tratadas únicamente como actividades comerciales y defendió las funciones de control y protección pública que actualmente desempeñan los colegios profesionales.
La Federación también ha señalado que la colegiatura permite establecer mecanismos especializados para verificar condiciones de ejercicio profesional, aplicar códigos de ética y tramitar procesos disciplinarios. El expediente 25.747 fue presentado el 27 de agosto y todavía se encuentra en una etapa inicial de trámite legislativo.