Durante el último Mundial escuché en un programa mexicano de opinión una comparación que se me quedó grabada: la política comenzaba a parecerse demasiado al fútbol. La idea explicaba algo que llevaba tiempo observando, pero que no había logrado formular con tanta claridad. En el fútbol nadie espera que un aficionado contemple el partido con absoluta objetividad. Celebra las faltas de su equipo, protesta las del contrario y sospecha del árbitro cuando la decisión no lo favorece. El problema comienza cuando trasladamos esa lógica a la política.
México ocupa un lugar particular en mi vida. Viví allí durante mi infancia y regresé años después para cursar mi MBA. Esa afinidad cultural me llevó a seguir su vida política, no como quien observa un país completamente ajeno, sino con la preocupación que se reserva para un lugar que también siento propio. En los últimos años vi cómo un gobierno de izquierda, surgido de agravios legítimos contra la corrupción, la desigualdad y el descrédito de los partidos tradicionales, utilizó la voluntad popular para debilitar los contrapesos que limitan su poder.
Ahora observo señales inquietantemente parecidas en Costa Rica, aunque provengan de un gobierno situado en el extremo ideológico contrario. Aquí no se habla en nombre de la izquierda. Por el contrario, la presidenta llamó “comunistas” incluso a sectores de la oposición socialdemócrata por disentir de una iniciativa gubernamental. Cambian el vocabulario, los adversarios y el color de la camiseta, pero el mecanismo se parece demasiado: dividir a la sociedad entre el pueblo legítimo y sus enemigos, desacreditar a quienes arbitran y presentar cualquier límite institucional como un obstáculo contra la voluntad popular. El populismo, después de todo, es ambidiestro.
La investigación denomina polarización afectiva a la transformación del adversario político en alguien esencialmente distinto, desagradable y moralmente inferior. La discrepancia deja de ser una diferencia entre ciudadanos y se convierte en una lucha entre personas buenas y malas. En ese entorno, reconocer una mentira del propio líder puede sentirse como traicionar al grupo, mientras que una verdad pronunciada por el contrario se rechaza antes de examinarla. Ya no preguntamos si una afirmación es verdadera, sino si favorece a los nuestros.
Cuando la pertenencia política determina quién merece credibilidad, también termina determinando qué instituciones reconocemos como legítimas. El tribunal, la autoridad electoral o la contraloría dejan de evaluarse por la calidad de sus decisiones y pasan a ser juzgados según favorezcan o contradigan al equipo propio. Donald Trump llevó esa lógica hasta sus últimas consecuencias después de las elecciones estadounidenses de 2020. Tribunales, autoridades electorales y funcionarios de su propia administración rechazaron las denuncias de fraude. Aun así, Trump presentó la derrota como un robo y, el 6 de enero de 2021, una multitud atacó el Capitolio para impedir la certificación. El equipo perdió, el líder negó el marcador, la hinchada atacó el estadio y el culpable pasó a ser el árbitro.
México demuestra que la criatura puede cambiar de camiseta sin modificar su naturaleza. Morena presentó a los contrapesos como residuos de un régimen corrupto y en 2024 impulsó una reforma constitucional que transformó el sistema de selección judicial. México celebró la primera elección en junio de 2025, con miles de candidaturas, papeletas complejas y los llamados “acordeones”, listas que indicaban por quién votar. La participación fue de apenas un 13%. Después de observar el proceso, la misión de la Organización de los Estados Americanos desaconsejó que ese modelo fuera replicado en otros países.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya había advertido que las consideraciones políticas podían imponerse sobre el mérito profesional y que la reforma no contemplaba adecuadamente la posibilidad de que el crimen organizado influyera en los procesos electorales judiciales. La elección popular se presentó como democratización, pero votar no convierte automáticamente una institución en independiente. Puede trasladar la selección desde una carrera profesional imperfecta hacia partidos, operadores electorales, financiadores, redes clientelares y poderes criminales.
Costa Rica no ha llegado al punto de México, pero la comparación ya no es meramente hipotética. Cuando la presidenta Laura Fernández defendió la acusación de que una resolución de la Sala Constitucional constituía un “golpe de Estado”, contrapuso la legitimidad de cuatro magistrados con los más de 1,2 millones de votos que ella recibió y con las 31 diputaciones que obtuvo Pueblo Soberano. Precisamente allí reside el riesgo: enfrentar la legitimidad electoral de la mayoría con la legitimidad constitucional de quienes no fueron designados para representar al pueblo, sino para limitar el poder de quienes sí lo fueron.
La crítica a la Sala Constitucional, la Contraloría o cualquier institución pública es legítima y necesaria. También lo es discutir la mora judicial, la calidad de los nombramientos y los mecanismos de reelección de las magistraturas. Algo distinto ocurre cuando una decisión adversa se describe como un golpe y el desacuerdo con una institución se utiliza para cuestionar quién debe arbitrar.
El 25 de agosto, Fernández fue consultada sobre si los cargos de magistrados y jueces deberían someterse a elección popular. Su respuesta fue: “puede ser una buena sugerencia”. La frase podría parecer cautelosa, pero adquiere otro significado frente a la experiencia mexicana. Convertir a jueces y magistrados en candidatos no los libera de la política: los obliga a buscar visibilidad, movilización y apoyo para ganar.
La señal tampoco aparece aislada. El Gobierno presentó reformas destinadas a restringir competencias de la Contraloría y recuperó disposiciones semejantes a otras que la Sala Constitucional ya declaró inconstitucionales. Cada decisión puede discutirse por separado, pero juntas revelan una concepción problemática de la democracia: que ganar las elecciones concede autoridad no solo para gobernar, sino también para redefinir los límites del poder.
La democracia no significa que el equipo ganador pueda controlar todas las posiciones del campo. Significa que incluso quien obtiene una mayoría acepta procedimientos, controles y decisiones que pueden frustrar sus objetivos. Estados Unidos mostró cómo una mentira puede movilizar a una hinchada contra el marcador. México demuestra cómo la voluntad popular puede utilizarse para reconfigurar al árbitro. Costa Rica todavía conserva contrapesos capaces de resistir, pero esa resistencia ya está en disputa.
Hasta el fútbol necesita una cancha, reglas, un marcador y alguna autoridad arbitral. La política futbolizada se vuelve peligrosa cuando la lealtad al equipo determina qué hechos aceptamos y cuando la victoria electoral se interpreta como permiso para escoger a los árbitros, modificar las reglas y negar cualquier resultado adverso. La criatura puede presentarse como derecha nacionalista, izquierda popular o rebelión contra las élites. Cambia de camiseta, pero siempre pretende lo mismo: que ganar importe más que la verdad y más que la democracia. El populismo es ambidiestro; la democracia no puede darse el lujo de ser ingenua.