Regidora de Juntos San José acusa represalias del Ejecutivo; el alcalde denuncia “sabotajes y bloqueos” y Laura Fernández afirma que no le dará audiencia.
La tensión pública entre el alcalde de San José, Diego Miranda Méndez, y el Gobierno de Laura Fernández Delgado escaló durante los últimos días, después de una disputa por la atención de personas en situación de calle y el posterior retiro de varias instituciones públicas del Festival de la Luz.
La regidora suplente de Juntos San José, Andrea Rudín Montes de Oca, acusó este sábado al Gobierno de tomar represalias contra la Municipalidad luego de que Miranda reclamara una mayor participación de instituciones nacionales en la atención de personas en situación de calle.
En una publicación en X, Rudín vinculó directamente ambos conflictos y aseguró que el retiro de instituciones públicas del Festival de la Luz ocurrió después de que la Alcaldía reclamara públicamente al Ejecutivo una mayor coordinación.
Hablen de frente y sin ambigüedades: les molesta que se hayan hecho públicas las solicitudes de trabajar en equipo todas las instituciones que por competencia se deben también encargar de los habitantes de calle”.
Rudín, regidora suplente de Juntos San José, sostuvo además que la disputa estaría relacionada con la salida de la Municipalidad de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) y acusó a instituciones del Ejecutivo de obstaculizar otras actividades organizadas por el ayuntamiento, incluido el concierto de fin de año.
Miranda denuncia “cancelaciones, sabotajes y bloqueos”
La publicación de Rudín se produjo luego de que Miranda elevó el tono de sus propias críticas al Gobierno. La Municipalidad había informado desde el jueves que varias instituciones públicas que inicialmente habían confirmado su participación en el Festival de la Luz 2026 comunicaron posteriormente que no formarían parte del desfile.
La posición remitida por la Alcaldía a medios de comunicación señaló que algunas de las cancelaciones fueron comunicadas de manera informal y que, en varios casos, no se explicaron oportunamente las razones técnicas, financieras o políticas de la decisión.
Miranda identificó posteriormente a Kölbi, Banco Nacional, Instituto Nacional de Seguros, Banco Popular y Banco de Costa Rica entre las instituciones que habían descartado participar con carrozas. También indicó que la participación de la Junta de Protección Social permanecía sin confirmar.
El alcalde atribuyó públicamente los retiros a posibles razones políticas, aunque reconoció que no cuenta con pruebas que demuestren esa motivación. En una entrevista en Telenoticias, Miranda amplió sus señalamientos y aseguró que el problema no se limita al Festival.
Yo he venido recibiendo cancelaciones, sabotajes y bloqueos”.
Miranda mostró documentos que, según afirmó, demuestran que instituciones públicas habían confirmado previamente su participación en el desfile antes de retirarse.
Al menos una de las entidades rechazó públicamente que su decisión tuviera motivaciones políticas. El Banco Popular aseguró que su ausencia responde exclusivamente a criterios técnicos de mercadeo y estrategia institucional y señaló que analiza otras actividades para mantener presencia durante la temporada de fin y principio de año.
Disputa comenzó por estrategia para personas en situación de calle
El nuevo enfrentamiento ocurre después de varias diferencias públicas entre Miranda y el Ejecutivo alrededor de la atención de personas en situación de calle.
El 10 de agosto, Miranda pidió a Fernández una respuesta nacional ante el crecimiento de esta población y propuso crear una mesa interinstitucional, impulsar una iniciativa de ley y establecer seguimiento permanente desde el Consejo Social ligado a la Presidencia. Dos días después, el Gobierno anunció una estrategia interinstitucional cuya primera intervención se concentrará en el distrito Merced, en San José.
La propuesta incorporó instituciones como el IMAS, Ministerio de Salud, Ministerio de Seguridad Pública, IAFA, CCSS, ICD, IFAM, PANI y Migración, además de convocar a la UNGL y la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias. Sin embargo, la Municipalidad de San José no fue incorporada inicialmente a la mesa de trabajo, pese a que el proyecto piloto se desarrollará en el cantón central.
Miranda reclamó públicamente esa exclusión el 14 de agosto y sostuvo que no debía apartarse del proceso a actores por diferencias políticas con el Gobierno.
Fernández dice que Miranda está “resentido” y rechaza recibirlo
La presidenta Fernández respondió este viernes durante una entrevista en el programa Por Tres Razones, de Radio Columbia.
La mandataria dijo que considera inapropiado recibir personalmente a Miranda debido a que debe intervenir en una recusación presentada por el alcalde dentro de un procedimiento disciplinario que se tramita en su contra en el Concejo Municipal.
Miranda recusó a 17 regidores propietarios y suplentes vinculados con el procedimiento, lo que dejó al Concejo sin posibilidad de conformar cuórum para resolver el asunto. En esos casos, el artículo 234.2 de la Ley General de la Administración Pública atribuye a la Presidencia de la República la resolución de la recusación.
La intervención de Fernández no consiste en determinar si el alcalde debe ser sancionado, sino en resolver si existe una causal que impida a los miembros recusados participar en el procedimiento.
Fernández aseguró además que el vicepresidente Francisco Gamboa Soto ha recibido a Miranda en distintas ocasiones y señaló que el Gobierno optó por coordinar el trabajo con los municipios mediante la UNGL.
En declaraciones recogidas por El Observador, la presidenta atribuyó parte de la disputa al interés de Miranda por participar directamente en la estrategia sobre personas en situación de calle.
Parece que el señor está como resentido porque él quería estar en las mesas de trabajo (...) pero no hay ninguna mala fe ni mucho menos”.
Fernández añadió que cualquier persona que quiera contribuir a la estrategia será bienvenida, aunque reiteró que no considera oportuno mantener una audiencia personal con Miranda mientras deba resolver la recusación pendiente.