La organización expresó preocupación por la independencia judicial, solicitó completar los nombramientos pendientes y pidió seguimiento a organismos internacionales.
La Asociación de Abogadas y Abogados, Jueces y Fiscales de Derechos Humanos de América Latina y el Caribe emitió un comunicado en respaldo al Poder Judicial de Costa Rica y expresó su preocupación por la querella penal presentada contra cuatro magistrados de la Sala Constitucional por el contenido de una sentencia. La organización solicitó a las autoridades reconsiderar la acción penal interpuesta.
El comunicado señala que estos hechos forman parte de una secuencia que incluye reducciones presupuestarias sucesivas al Poder Judicial, con un impacto documentado sobre la investigación criminal y el acceso a la justicia en zonas periféricas; cuestionamientos públicos reiterados a la Fiscalía General; y manifestaciones de autoridades estatales que han evocado ante audiencias públicas la posibilidad de una dictadura y del cierre del Poder Judicial.
La asociación expresó su solidaridad con los magistrados querellados, respaldó la sentencia n.º 2026-013498 y añadió:
La vacancia prolongada de las suplencias compromete la aptitud del tribunal para integrarse y, con ello, la efectividad del acceso a la justicia, garantía que los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana exigen sencilla, rápida y efectiva. La solución adoptada, provisional y subsidiaria, es la que imponen el principio pro homine y el deber de hacer efectivos los derechos”.
El comunicado añade:
La alternativa habría subordinado la operatividad del control de constitucionalidad a la voluntad del órgano político cuyos actos ese control precisamente examina. Corresponde a la Sala determinar el alcance de su propia competencia, conforme al principio Kompetenz-Kompetenz, sin el cual el control dejaría de operar”.
La asociación reconoció que las demandas ciudadanas por una justicia más pronta y accesible son legítimas, pero recordó que no pueden servir de pretexto para la persecución penal ni para la restricción presupuestaria, pues estas medidas agravan precisamente aquello que se dice combatir.
La asociación solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados valorar la posibilidad de requerir información al Estado costarricense y dar seguimiento a la situación dentro de sus respectivos mandatos.
Además, solicitó al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo cumplir la resolución de la Sala IV y completar a la brevedad los nombramientos pendientes.