La Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa terminó este martes de conocer las 282 mociones de fondo vía artículo 137 que las diputaciones presentaron al expediente 23.736, iniciativa que busca regular los servicios de transporte ofrecidos mediante plataformas como Uber o DiDi.
En total, la comisión aprobó nueve mociones, por lo que el texto actualizado regresará al plenario legislativo para su discusión y eventual votación en primer debate. Antes de esa votación, las diputaciones podrán presentar mociones de reiteración para insistir ante el plenario con propuestas de fondo que la comisión rechazó.
La última modificación aprobada este martes estableció que, durante el primer año de vigencia de la ley, cada conductor afiliado deberá pagar ₡25.000 anuales. El Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) tendrá seis meses para determinar el monto temporal que deberán cancelar las empresas propietarias de las plataformas durante ese primer año.
El proyecto define el transporte mediante plataformas como un servicio económico de interés general, sujeto a las reglas del libre mercado, pero regulado por el Estado. El Cosevi administraría las autorizaciones, los registros de vehículos y conductores y la fiscalización, mientras que el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones deberá emitir criterios sobre seguridad informática y privacidad de la información.
El texto permite dos mecanismos para calcular el precio: la plataforma podrá informar el costo total antes del viaje o el conductor y la persona usuaria podrán negociarlo previamente. Sin embargo, cada recorrido deberá garantizar una rentabilidad bruta mínima por kilómetro para el conductor determinado por el Estado, aunque el precio final seguirá bajo un régimen de libre determinación.
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes deberá calcular esa rentabilidad con base en factores como el consumo de combustible, los gastos mecánicos, el kilometraje promedio, una ganancia mínima por viaje y los pagos de seguros y de la Caja Costarricense de Seguro Social. El Poder Ejecutivo actualizará el monto cada seis meses, mediante decretos que deberá publicar en febrero y agosto.
Otra de las mociones excluyó la captación, el abordaje, la recogida y la descarga de pasajeros en aeropuertos, puertos, muelles, terminales marítimas internacionales y otras terminales sujetas a concesiones o regímenes especiales, salvo que exista una autorización expresa de la autoridad competente. Con esta medida, los conductores de plataformas tendrían prohibido, por ejemplo, llevar o traer personas al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, manteniendo el monopolio de los taxis naranjas.
El proyecto también considera una falta gravísima utilizar las plataformas para competir directamente con las rutas regulares de autobús mediante prácticas como obstruir paradas, adelantarse a los autobuses para recoger pasajeros, circular por las calles en busca de usuarios o agrupar en un mismo traslado servicios solicitados por personas distintas (carpooling).
Las empresas deberán constituir una sociedad, sucursal o filial inscrita en Costa Rica, cumplir sus obligaciones tributarias, actuar como agentes retenedores del impuesto al valor agregado y reportar trimestralmente al Cosevi la lista de conductores, vehículos, bajas y cantidad de viajes. También tendrán que contar con mecanismos para atender quejas, prevenir el acoso y la discriminación y colaborar con autoridades administrativas o judiciales.
Cada plataforma recibirá una autorización por un plazo de diez años, renovable por periodos sucesivos de hasta diez años. Cuando una empresa opere sin permiso, el Cosevi le dará un mes para regularizarse y podrá conceder otro mes si la demora responde a razones ajenas a la compañía; el bloqueo de pagos o transacciones requerirá una orden judicial.
Los conductores deberán tener una licencia vigente expedida al menos un año antes, completar un curso aprobado por el Cosevi, inscribirse como contribuyentes y, cuando corresponda, como trabajadores independientes ante la Caja. Además, deberán presentar anualmente su hoja de delincuencia, contratar pólizas, mantenerse al día con las multas de tránsito y colocar una calcomanía de identificación en el parabrisas.
Los vehículos que transporten pasajeros mediante plataformas deberán colocar un sticker alusivo en su parabrisas.
Los vehículos tendrán que aprobar anualmente la inspección técnica, mantener vigente el marchamo, respetar el límite de antigüedad que defina el reglamento y contar con el seguro obligatorio y una póliza voluntaria de responsabilidad civil. El proyecto limita el servicio a automóviles con capacidad máxima para siete personas y permite utilizar carros de terceros mediante una autorización del propietario registral.
Las plataformas deberán garantizar que las personas menores de 15 años viajen acompañadas por una persona adulta y aplicar las medidas especiales que el reglamento determine para usuarios de entre 15 y 17 años. Los pasajeros tendrán derecho a conocer anticipadamente el precio, la identidad del conductor y las características del vehículo, pagar en efectivo o mediante medios electrónicos y recibir un comprobante al finalizar el viaje.
El proyecto crea además un Fondo de Movilidad financiado con los pagos de las plataformas, las afiliaciones de los conductores y las multas. Estos recursos cubrirán la implementación de la ley y financiarán proyectos de infraestructura vial, movilidad, modernización del transporte y fiscalización.
Las faltas podrán generar multas de entre uno y diez salarios base, dependiendo de su gravedad y de si las comete una empresa o un conductor. En los casos más graves, el Cosevi podrá inhabilitar a una plataforma o impedir que una persona conductora vuelva a obtener una afiliación durante un periodo de uno a cinco años.
La iniciativa también modifica normas aplicables a los taxis, entre ellas la periodicidad anual de la inspección técnica, la posibilidad de otorgar permisos temporales ante necesidades de servicio no satisfechas y el mecanismo para que una persona concesionaria designe beneficiarios que asumirían la concesión en caso de su muerte.
Breves
— Con 53 votos a favor y 0 en contra se aprobó en primer debate el expediente 25.303 "Aprobación de la Adhesión de la República de Costa Rica al Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente (PTAPMA)".
— Con 53 votos a favor y 0 en contra se aprobó en primer debate el expediente 23.952 "Reforma a varias leyes para fortalecer la lucha contra el crimen organizado en materia de delitos ambientales".
— Con 55 votos a favor y 0 en contra se aprobó una moción multipartidista de consenso "para que la Asamblea Legislativa rinda reconocimiento público a los agentes del OIJ y el Ministerio Público que participaron en la operación Némesis; manifestar la solidaridad del Congreso con los agentes heridos durante el operativo y enviar un agradecimiento a cada uno de los agentes participantes del operativo por haber puesto su vida al servicio de la seguridad de todas las familias costarricenses".
Proyectos dictaminados
— La Comisión de Gobierno y Administración dictaminó afirmativamente el expediente 25.246 "Reforma al Artículo 25 de La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Radio y Televisión, Ley N.°8346 del 12 de febrero de 2003" y el expediente 25.312 "Ley de desafectación del uso público y autorización al Instituto Mixto de Ayuda Social para que done tres fincas de su propiedad en favor del Instituto Nacional de Aprendizaje, la Caja Costarricense de Seguro Social y la Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral".
— La Comisión de Asuntos Jurídicos dictaminó afirmativamente el expediente 25.420 "Ley de Protección Marítima".
Cambios en la agenda de sesiones extraordinarias
El Poder Ejecutivo retiró de la agenda de sesiones extraordinarias los siguientes proyectos de ley:
- Expediente 24.283 "Ley para la promoción de la educación y formación técnica y profesional dual y el impulso al talento humano, en la revolución industrial 4.0 y el empleo del futuro".
- Expediente 24.015 "Fortalecimiento de la salud pública".
- Expediente 24.410 "Ley de creación del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos".
- Expediente 24.633 "Ley para el funcionamiento y ejecución del Fondo para el Desarrollo de Limón (FODELI)".
- Expediente 24.888 "Autorización al Instituto Costarricense de Turismo para realizar la mutación demanial de un inmueble de su propiedad a favor de la Municipalidad de Esparza".
- Expediente 25.244 "Ley para facilitar la negociación de valores extranjeros en Costa Rica por implementación del reconocimiento de jurisdicción y la participación de inversionistas no domiciliados por medio de la operación remota de intermediarios bursátiles extranjeros".
- Expediente 24.669 "Ley general de adquisición de terrenos destinados a obras de infraestructura pública por trato directo, donación y expropiación y adquisición de otros bienes muebles de interés".
Leyes publicadas
Este martes no se publicaron nuevas leyes en La Gaceta.