Representantes del sector advierten que conformar el Consejo de Cinematografía y Audiovisual sin reglamento publicado ni reglas claras podría afectar la seguridad jurídica, la representatividad y la continuidad de programas como El Fauno, CRFIC e Ibermedia.
Organizaciones y personas trabajadoras del sector audiovisual solicitaron al Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) información clara, pública y verificable sobre el estado de la reglamentación de la Ley de Cinematografía y Audiovisual N.° 10657, así como sobre los criterios y plazos para conformar el Consejo de Cinematografía y Audiovisual.
El pronunciamiento fue emitido tras una reunión sectorial convocada el miércoles 22 de julio por la Asociación Costarricense de Sonidistas Audiovisuales (ACSA), la Asociación de Productores Independientes de Cine de Costa Rica (APICC), la Asociación de Autores y Autoras de Cinematografía de Costa Rica (CCR), la Unión de Directoras de Cine de Costa Rica, DOKUS - Asociación de Documentalistas de Costa Rica, InterArtis Costa Rica, la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Costa Rica (ASODEV) y la Organización Multisectorial del Cine y Audiovisual Costarricense.
Según las organizaciones, persisten vacíos legales, reglamentarios, administrativos y presupuestarios en la implementación de la ley. Entre los puntos señalados figuran la publicación pendiente del reglamento, la integración y operación del Consejo, y la continuidad de programas como el Fondo de Fomento Audiovisual y Cinematográfico El Fauno, el Costa Rica Festival Internacional de Cine (CRFIC) y la participación del país en Ibermedia.
Cuestionamientos a la convocatoria
El comunicado señala que el 15 de julio el MCJ publicó una convocatoria para que organizaciones del sector postularan ternas para la conformación del nuevo Consejo de Cinematografía y Audiovisual. La convocatoria apareció en el Alcance N.° 90 a La Gaceta N.° 131 del 15 de julio de 2026.
Sin embargo, las organizaciones cuestionan que el proceso avance sin un reglamento debidamente emitido por el Poder Ejecutivo y sin un procedimiento claro para presentar, valorar y seleccionar las ternas.
También señalan que el edicto no precisa requisitos de candidaturas, documentos por presentar, mecanismos para acreditar pertenencia a cada sector, forma de resolver la eventual presentación de varias ternas ni criterios para efectuar los nombramientos.
Solicitamos que ambos procesos se realicen con legalidad, transparencia, participación y seguridad jurídica. La urgencia institucional no puede sustituir el procedimiento que la propia ley ordena desarrollar mediante reglamento”.
Consejo con poder decisorio
Las organizaciones recordaron que el Consejo de Cinematografía y Audiovisual no será una instancia únicamente consultiva.
De acuerdo con la Ley N.° 10657, el órgano tendrá funciones vinculadas con la aprobación de políticas, planes, estrategias y presupuestos; la definición de reglas para recursos concursables; el nombramiento de jurados; el nombramiento y remoción de la Dirección General del Centro y de la Dirección de la Cinemateca Nacional; y la supervisión de programas y recursos públicos.
Por esa razón, consideran que su integración debe realizarse con reglas claras, plazos razonables y condiciones que permitan la participación efectiva de los sectores representados.
Representatividad e incertidumbre institucional
El sector también advirtió que un proceso acelerado podría afectar la representación de áreas que la nueva ley incorpora formalmente, como animación digital, videojuegos, actores, actrices, personas intérpretes y otros oficios creativos vinculados con la dirección y la escritura audiovisual.
Según el comunicado, la nueva ley amplía la composición del Consejo de tres a siete integrantes, lo que representa una oportunidad para reconocer la diversidad del ecosistema audiovisual costarricense. No obstante, las organizaciones advierten que la falta de reglamento y de mecanismos claros podría limitar la participación de colectivos emergentes y reducir la representatividad efectiva de los sectores recién incorporados.
El pronunciamiento también alerta sobre posibles efectos en la competitividad del país, la planificación de producciones, la atracción de inversiones, la creación de empleo, el acceso a coproducciones internacionales y la continuidad de programas públicos de estímulo, exhibición y circulación audiovisual.
El Fauno, CRFIC e Ibermedia
Las organizaciones señalaron que la convocatoria del Fondo El Fauno establecía el 17 de julio de 2026 como fecha para anunciar los proyectos beneficiados, pero los resultados no fueron publicados según lo previsto.
El comunicado solicita al MCJ informar públicamente sobre el estado del proceso de evaluación, la situación de las recomendaciones del jurado, una nueva fecha para anunciar los proyectos beneficiados y el fundamento jurídico que permitirá concluir la convocatoria.
Además, las organizaciones expresaron preocupación por la ausencia de un Consejo constituido y de una persona a cargo de la Dirección del Centro Costarricense de Cine y Audiovisual (CCCA), por sus posibles efectos en la continuidad del CRFIC, la participación en Ibermedia, la Cinemateca Nacional y otros programas administrados por el Centro.
Recursos de la Ley de Atracción de Inversiones Fílmicas
El comunicado también pide una rendición de cuentas pública sobre los recursos generados por la Ley de Atracción de Inversiones Fílmicas.
Según las organizaciones, en 2025 Costa Rica recibió más de 11 millones de dólares en inversiones vinculadas con producciones audiovisuales internacionales. El sector solicita claridad sobre los montos trasladados al Centro Costarricense de Cine y Audiovisual, los recursos pendientes de transferencia y las medidas previstas para fortalecer los encadenamientos entre inversión extranjera y sector audiovisual nacional.
Solicitudes al Ministerio
Las organizaciones firmantes solicitaron al MCJ tramitar la firma definitiva del reglamento de la Ley N.° 10657, actualizar las bases de datos de las distintas representaciones sectoriales, presentar un plan de continuidad institucional y presupuestaria para programas como El Fauno, CRFIC, Ibermedia y la Cinemateca Nacional, y rendir cuentas sobre los recursos generados por la Ley de Atracción de Inversiones Fílmicas.
El pronunciamiento concluye que la nueva Ley de Cinematografía y Audiovisual representa una oportunidad para fortalecer el sector, ampliar su diversidad y consolidar la presencia de Costa Rica en mercados internacionales, pero advierte que su implementación requiere información verificable, procesos transparentes y respeto al ordenamiento jurídico.