El Plenario de la Asamblea Legislativa ratificó este martes los nombramientos de Marco Vinicio Arroyo Flores y Giannina Córdoba Corrales como miembros propietarios del órgano superior de la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom), así como el de Cinthya Zapata Calvo como integrante suplente.
Las tres ratificaciones se votaron por separado, pero obtuvieron el mismo resultado: 30 votos a favor de la fracción oficialista del Partido Pueblo Soberano (PPSO) y 25 votos en contra de las bancadas de oposición. El oficialismo utilizó así su mayoría legislativa para avalar las designaciones efectuadas por el Consejo de Gobierno.
La decisión permitirá recomponer el órgano superior de Coprocom, que desde diciembre de 2025 funcionaba solamente con uno de sus tres integrantes propietarios. La falta de cuórum le impedía adoptar decisiones finales sobre investigaciones por prácticas monopolísticas y concentraciones empresariales, entre ellas fusiones y adquisiciones.
Guillermo Rojas permanecía como el único integrante en funciones después de que el nombramiento de Isaura Guillén Mora venció en diciembre de 2024 y el de Viviana Blanco Barboza concluyó en diciembre de 2025. La autoridad acumuló cerca de siete meses sin la integración necesaria para resolver los asuntos asignados a su órgano superior.
La Coprocom tiene entre sus funciones prevenir monopolios e investigar, de oficio o por denuncia, prácticas monopolísticas, concentraciones ilícitas y otras restricciones que afecten el funcionamiento eficiente de los mercados. Su órgano superior también debe aprobar la distribución presupuestaria, revisar los estados financieros y emitir políticas administrativas y laborales.
Aunque se encuentra adscrita al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), la institución cuenta por ley con independencia técnica, funcional, administrativa y presupuestaria. El órgano superior debe estar integrado por tres miembros propietarios —al menos un profesional en Derecho y otro en Economía— y dos suplentes.
El trámite legislativo correspondió al expediente 25.613, remitido a la Asamblea Legislativa el 16 de junio. La Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica establece que el Congreso dispone de 30 días naturales para objetar las designaciones del Consejo de Gobierno; si no se pronuncia dentro del plazo, los nombramientos quedan ratificados automáticamente.
La legislación dispone que los miembros propietarios y suplentes permanezcan seis años en sus puestos y no puedan ser reelegidos. También exige que sean mayores de 30 años, tengan formación universitaria en Derecho o Economía y acrediten al menos ocho años de experiencia profesional en materia de competencia.
Arroyo Flores es licenciado y máster en Derecho y ejerció como viceministro de Economía, Industria y Comercio entre marzo de 2025 y abril de 2026. Córdoba Corrales es licenciada en Economía, mientras Zapata Calvo es licenciada en Derecho y dirige desde 2003 la Dirección de Apoyo al Consumidor del MEIC.
Gobierno anterior desistió de enviar candidatos
La parálisis del órgano superior se produjo después de varios enfrentamientos entre el anterior Gobierno y la Asamblea Legislativa alrededor de las propuestas enviadas para llenar las vacantes. En noviembre de 2025, la administración de Rodrigo Chaves comunicó al entonces presidente legislativo, Rodrigo Arias Sánchez, que no presentaría otro candidato para sustituir a Blanco Barboza.
En el oficio MP-DMP-DVPAP-OF-0103-2025, el viceministro de la Presidencia, Alejandro Barrantes Requeno, expresó el malestar del Poder Ejecutivo por los rechazos legislativos y aseguró que las postulaciones surgieron de procesos públicos de selección.
El Gobierno de la República considera que no tiene sentido enviar otro postulante para llenar el puesto vacante”.
El viceministro responsabilizó entonces a la Asamblea Legislativa por las consecuencias que pudiera enfrentar Coprocom y sostuvo que la falta de integración afectaría el régimen de competencia, la protección de los consumidores y el cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por Costa Rica.
El Consejo de Gobierno revirtió esa posición el 11 de mayo de 2026, cuando abrió un nuevo proceso para recibir candidaturas. Las personas interesadas pudieron presentar sus postulaciones entre el 12 y el 18 de mayo, lo que condujo posteriormente a la selección de Arroyo Flores, Córdoba Corrales y Zapata Calvo.
Antecedentes de rechazos legislativos
La anterior Asamblea Legislativa rechazó en tres ocasiones candidatos remitidos por el Poder Ejecutivo para integrar Coprocom. Dos de esas votaciones correspondieron a Córdoba Corrales, mientras la tercera afectó la postulación de Mauricio Soto Rodríguez.
El Gobierno de Rodrigo Chaves propuso por primera vez a Córdoba Corrales el 12 de diciembre de 2024, durante el receso legislativo de fin de año. El Plenario rechazó su nombramiento el 8 de enero de 2025, con 14 votos a favor y 36 en contra.
El Ejecutivo volvió a proponerla a finales de enero de 2025, pero los diputados rechazaron nuevamente la designación el 11 de febrero, con siete votos favorables y 41 contrarios. En esa oportunidad, las fracciones opositoras argumentaron que el artículo 7 de la Ley 9736 obligaba al Consejo de Gobierno a sustituir a la persona objetada y presentar un nombre distinto.
Posteriormente, el Gobierno postuló a Soto Rodríguez, cuyo nombramiento también fue rechazado por el Plenario el 4 de septiembre de 2025. La propuesta obtuvo 17 votos a favor y 26 en contra, tras lo cual el Poder Ejecutivo decidió dejar de enviar candidaturas durante el resto de aquella administración.
Comisión emitió informes contrapuestos
La Comisión Permanente Especial de Nombramientos remitió al Plenario dos informes con conclusiones opuestas. El dictamen afirmativo de mayoría, suscrito por el oficialismo, recomendó ratificar a las tres personas al considerar que cumplían las condiciones académicas, técnicas, profesionales y éticas necesarias para integrar el órgano superior.
Según ese informe, la revisión de los atestados, la experiencia profesional y las comparecencias legislativas permitió comprobar una trayectoria vinculada con áreas relevantes para Coprocom. El documento sostuvo que las respuestas brindadas durante las audiencias demostraron conocimiento de las competencias institucionales y de los desafíos del mercado nacional.
Los legisladores favorables a los nombramientos afirmaron que las personas designadas mostraron independencia de criterio, capacidad de análisis y conocimiento de los alcances de la autoridad de competencia. Además, indicaron que no encontraron elementos que cuestionaran su capacidad, probidad o aptitud.
La oposición presentó un informe de minoría firmado por la diputada Janice Sandí Morales y los diputados Salvador Padilla Villanueva y Antonio Trejos Mazariegos. El documento recomendó rechazar las tres designaciones por dudas sobre la independencia técnica de los postulantes, su experiencia especializada y el procedimiento seguido por el Consejo de Gobierno.
Oposición cuestionó cercanía con el MEIC
En el caso de Arroyo Flores, el informe de minoría cuestionó su cercanía reciente con el Poder Ejecutivo debido a su paso por el Viceministerio de Economía. Los legisladores señalaron que Coprocom debe estar en condiciones de emitir resoluciones contrarias a políticas o posiciones gubernamentales, pese a encontrarse adscrita al MEIC.
La oposición también puso en duda que Arroyo Flores acreditara los ocho años de experiencia profesional en materia de competencia exigidos por la ley. Según el dictamen, la experiencia en gestión pública, telecomunicaciones, comercio exterior, asesoría legal o mejora regulatoria no equivale necesariamente a experiencia especializada en prácticas monopolísticas, concentraciones económicas, barreras de entrada o poder sustancial de mercado.
El informe agregó que las respuestas del candidato no permitieron identificar una priorización clara de las necesidades institucionales de Coprocom, particularmente ante sus limitaciones presupuestarias y la necesidad de fortalecer las áreas técnicas encargadas de analizar los mercados.
Tercera postulación de Córdoba
La principal controversia jurídica se concentró en Córdoba Corrales, debido a que el Consejo de Gobierno volvió a presentar su nombre después de dos rechazos legislativos. El artículo 7 de la Ley 9736 dispone que, cuando el Congreso objeta un nombramiento, el Poder Ejecutivo debe sustituir a la persona rechazada y tramitar una nueva designación.
La asesoría técnica de la Comisión de Nombramientos sostuvo desde enero de 2025 que esa norma obligaba al Ejecutivo a proponer a una persona distinta. En el nuevo expediente, el órgano asesor reiteró su criterio y señaló que no procedía volver a tramitar la postulación de Córdoba Corrales.
El informe de minoría también citó un criterio de la Procuraduría General de la República según el cual la Asamblea actúa de manera incorrecta si ratifica un nombramiento efectuado sin observar los requisitos legales. Pese a esas objeciones, los 30 votos del oficialismo permitieron aprobar la designación.
Los diputados opositores cuestionaron además varios acercamientos realizados por Córdoba Corrales a despachos legislativos durante los procesos anteriores. El informe consignó un ingreso suyo al Congreso el 11 de diciembre de 2024, un día antes de que el Consejo de Gobierno remitiera su primera postulación.
La minoría también indicó que la comparecencia no despejó las dudas sobre la independencia de la economista frente al Poder Ejecutivo y mencionó que Córdoba Corrales reconoció una relación laboral y de amistad con el vicepresidente de la República, Francisco Gamboa Soto.
Dudas sobre experiencia de Zapata
En cuanto a Zapata Calvo, el informe negativo distinguió entre la protección de los consumidores y la defensa de la competencia. Los opositores reconocieron su amplia trayectoria en la Dirección de Apoyo al Consumidor, pero alegaron que esa experiencia no demostraba por sí sola conocimiento especializado en competencia económica.
El dictamen señaló que la candidata no explicó de manera suficiente si la información recibida por la Dirección de Apoyo al Consumidor produjo alertas, estudios sectoriales o coordinaciones con Coprocom para detectar eventuales prácticas contrarias a la competencia.
Los diputados de minoría también consideraron insuficientes sus respuestas sobre la prevención de conflictos de interés y la manera en que garantizaría su independencia frente a las autoridades del MEIC. El documento recordó que los integrantes suplentes deben cumplir los mismos estándares de idoneidad e independencia que los propietarios, debido a que pueden participar en decisiones sustantivas cuando deban sustituirlos.
Breves
— Con 30 votos a favor y 24 en contra se aprobó en primer debate el expediente 25.589 "Primer Presupuesto Extraordinario de la República y Primera Modificación Legislativa a la Ley No. 10.836, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2026".
— Con 54 votos a favor y 0 en contra se aprobó en primer debate, por segunda vez, el expediente 24.079 "Ley para promover la transición energética en el sector combustibles".
— Con 53 votos a favor y 0 en contra se aprobó en primer debate, por segunda vez, el expediente 23080 "Ley para facilitarle a las ciudadanas y los ciudadanos la empleabilidad como choferes de transporte público".
Proyectos dictaminados
Este martes no se reportaron proyectos dictaminados en las comisiones.
Leyes publicadas
Este martes no se publicaron nuevas leyes en La Gaceta.