La fracción oficialista de Pueblo Soberano no logró un consenso interno para apoyar a ninguna de las 18 personas propuestas por la Corte Suprema de Justicia para integrar las suplencias de la Sala Constitucional, por lo que la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez Fallas, anunció que impulsará una nueva devolución de la nómina al Poder Judicial.
Jiménez comunicó la decisión este jueves 2 de julio, durante la reunión de jefaturas de fracción, y sostuvo que el oficialismo mantiene la misma posición que impidió concretar los nombramientos en votaciones anteriores. La presidenta legislativa afirmó que llevaría una nueva resolución al plenario para que las diputaciones decidan si devuelven nuevamente la nómina a la Corte.
“No logramos consenso. Así las cosas, seguimos en una situación similar”, dijo Jiménez, quien agregó que, a su criterio, “votarlo no tiene sentido” si el oficialismo no cuenta con acuerdo interno para apoyar algún nombre.
La presidenta legislativa aseguró que la fracción oficialista no cuestiona la honradez de las personas incluidas en la nómina, pero dijo que Pueblo Soberano no identificó a ningún candidato con respaldo suficiente dentro del grupo parlamentario.
No tendría tampoco la posibilidad de decirle que son corruptos porque yo no soy quién para decir eso, ni yo ni nadie podría decir que una persona de esas son corruptos. No, no podemos cuestionarles eso, pero sí como fracción no logramos identificar a alguien que sea para apoyarlo”.
El diputado Álvaro Ramírez Bogantes, jefe del Partido Liberación Nacional, cuestionó la falta de explicaciones del oficialismo y pidió conocer cuáles razones impedían apoyar siquiera a tres o cuatro personas de la lista. El legislador señaló que varias de las personas propuestas ya ejercieron como magistradas suplentes y advirtió que la falta de nombramientos afecta la atención de expedientes en la Sala Constitucional.
Ramírez citó información atribuida a la Defensoría de los Habitantes y aseguró que los magistrados suplentes resolvieron 163.820 casos entre 2023 y 2025, además de casi 40.000 expedientes durante 2025. También afirmó que, al día de la reunión, existían 87 asuntos pendientes de resolución por falta de magistraturas suplentes.
La diputada Abril Gordienko López, del Partido Unidad Social Cristiana, calificó la decisión como “penosa” y cuestionó que el oficialismo pretenda devolver la nómina en lugar de avanzar con nuevas votaciones. La legisladora sostuvo que un nuevo concurso no garantiza que la Corte remita perfiles sustancialmente distintos y advirtió que el proceso podría tardar varios meses.
Gordienko también señaló que una eventual salida de magistrados propietarios agravaría el problema. En particular, mencionó que el nombramiento del magistrado Jorge Araya vence en octubre y que, si la Asamblea no acuerda su reelección o una sustitución, la Sala Constitucional podría enfrentar una situación más crítica.
El jefe de fracción del Frente Amplio, José María Villalta Florez-Estrada, rechazó la devolución de la nómina y planteó que la Asamblea debe votar las candidaturas para que cada diputación asuma su responsabilidad. Villalta afirmó que el Congreso incurre en un incumplimiento de deberes constitucionales si evita conocer y votar la propuesta remitida por la Corte.
Tenemos que cumplir la función constitucional, el mandato constitucional que se nos dio. Si al final no están de acuerdo y no llegan a ningún nombre, bueno, pues cada quien asumirá y dará explicaciones”.
La diputada María Eugenia Román Mora, también del Frente Amplio, recordó que la Asamblea ya intentó devolver la nómina y que la Corte Suprema respondió con la misma lista. Román pidió someter nuevamente las candidaturas a votación y sostuvo que el oficialismo no ofreció “ninguna razón de peso válida” para rechazar los 18 nombres.
La jefa de fracción de Coalición Agenda Ciudadana, Claudia Dobles Camargo, afirmó que la Presidencia legislativa no tiene potestad constitucional ni reglamentaria para devolver la nómina, y acusó al oficialismo de iniciar un “juego de ping pong” con la Corte. Dobles sostuvo que la Asamblea debe continuar con las votaciones y que los costos de la falta de nombramientos recaen sobre las personas que esperan una resolución de la Sala IV.
En defensa de la posición oficialista, el diputado Nogui Acosta Jaén afirmó que la Corte Suprema también tiene responsabilidad por remitir “exactamente las mismas personas” y dijo que la Asamblea tiene potestad para rechazar toda la nómina. Según Acosta, si la lista no alcanza los 38 votos requeridos, corresponde a la Corte enviar una propuesta distinta.
No hay, ninguna de esas personas cuenta con el respaldo del partido Pueblo Soberano y eso va a definir el derrotero de esta discusión”.
Jiménez sostuvo que enviar el expediente a la Comisión de Nombramientos extendería aún más el proceso, por lo que defendió la devolución directa de la nómina a la Corte. La presidenta legislativa insistió en que los magistrados propietarios siguen en funciones y cuentan con equipos de letrados para elaborar insumos, aunque reconoció que los letrados no pueden votar las resoluciones.
La discusión también giró en torno al procedimiento que utilizará la Presidencia legislativa. Jiménez dijo primero que la decisión respondía a la posición de la fracción oficialista y luego explicó que presentará una resolución propia ante el plenario para que las diputaciones la voten a favor o en contra, con posibilidad de recurrirla.
Dobles apeló directamente a Jiménez y le advirtió que, aunque el plenario respalde la resolución con los votos del oficialismo, la responsabilidad inicial recaería sobre ella como presidenta del Congreso. Acosta respondió que Jiménez dirige el debate parlamentario y que no actúa sola, sino como parte de la bancada de Pueblo Soberano.
Villalta cerró su intervención con un llamado a las diputaciones oficialistas a asumir la responsabilidad individual de su voto. El frenteamplista sostuvo que la Corte no puede conocer cuáles perfiles satisfarían al oficialismo si la fracción no expresa objeciones concretas contra las personas incluidas en la nómina.
La presidenta legislativa concluyó la discusión al indicar que tomaría nota de las observaciones y redactaría la resolución para llevarla al plenario durante la siguiente semana de sesiones, la cual iniciará el lunes 13 de julio.
Servicios Técnicos aclara límites a mociones presupuestarias
El Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos, mediante criterio AL-DEST-CJU-0040-2026 del 29 de junio de 2026, evacuó una consulta sobre el alcance del derecho de enmienda en proyectos de presupuesto extraordinario y modificaciones presupuestarias tramitados en sesiones extraordinarias.
El criterio distingue entre dos regímenes dentro del propio artículo 206 del Reglamento. Cuando el presupuesto extraordinario o modificación presupuestaria se tramita en sesiones ordinarias, rigen los incisos 1 al 4 del artículo 206, por lo que las diputaciones pueden trasladar, aumentar, rebajar o suprimir partidas únicamente dentro de los límites de las partidas comprendidas en el proyecto en debate. En ese supuesto, el inciso 2 impide dar curso a mociones destinadas a suprimir, trasladar o aumentar partidas que no estén específicamente comprendidas en el proyecto.
En cambio, cuando el proyecto se tramita en sesiones extraordinarias, el criterio señala que el parámetro aplicable es el inciso 5 del artículo 206, según el cual las diputaciones no pueden presentar mociones referidas a artículos o incisos no comprendidos en el proyecto objeto de la convocatoria del Poder Ejecutivo. Servicios Técnicos subrayó que el inciso 2 no corresponde al trámite de presupuestos extraordinarios en sesiones extraordinarias, sino al trámite en sesiones ordinarias.
El informe también concluyó que la sentencia 2000-05506 de la Sala Constitucional resulta aplicable bajo la redacción actual del artículo 206, pues los incisos 2 y 5 conservan el mismo contenido material que tenían al momento en que la Sala emitió esa resolución. Según Servicios Técnicos, la reforma reglamentaria de 2019 únicamente modificó la numeración del artículo —de 180 a 206—, pero no alteró el contenido de esos incisos.
Con base en la jurisprudencia constitucional citada, Servicios Técnicos indicó que, en sesiones extraordinarias, la interpretación vigente permite presentar mociones sobre títulos, programas, partidas o subpartidas que formen parte de los artículos o incisos convocados por el Poder Ejecutivo, aunque esos componentes no hayan sido expresamente consignados en la iniciativa original. El Departamento dejó constancia de que técnicamente mantiene una interpretación más restrictiva, pero reconoció que la posición de la Sala Constitucional es la vigente y debe respetarse.
Finalmente, el criterio aclaró que la Presidencia de la Comisión de Asuntos Hacendarios no tiene competencia para declarar inadmisibles mociones de fondo presentadas vía artículo 137 del Reglamento Legislativo, salvo que una reforma reglamentaria establezca expresamente ese procedimiento. En consecuencia, la Presidencia debe poner las mociones en conocimiento, discusión y votación, sin que exista una resolución de admisibilidad susceptible de apelación en ese trámite.
Proyectos dictaminados
— La Comisión de Seguridad y Narcotráfico dictaminó afirmativamente el expediente 25.208 "Reforma del artículo 174 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores Ley N.º 7732 de 17 de diciembre de 1997 y sus reformas, reforma de los artículos 16 bis, 25, 69 bis y 72 y adición de los artículos 16 ter y 69 ter de la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo Ley N°7786, del 30 de abril de 1998 y sus reformas".
— La Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior dictaminó afirmativamente el expediente 25.383 "Aprobación de la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de Sentencias Extranjeras en Materia Civil o Comercial".
Cambios en la agenda de sesiones extraordinarias
El Poder Ejecutivo convocó a sesiones extraordinarias los siguientes proyectos:
- Expediente 24.461 "Reforma de los artículos 11, 17, 18, 20, 21, 22, 23 y adición de un artículo 23 bis de la Ley N.º 1758, Ley de Radio, de 19 de junio de 1954".
- Expediente 25.635 "Reforma del artículo 1 y adición de un artículo 5 a la Ley N° 10812, del 13 de noviembre de 2025, Ley para fortalecer las asociaciones y organizaciones de bienestar social".
- Expediente 24.015 "Fortalecimiento de la salud pública".
- Expediente 24.410 "Ley de creación del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos".
- Expediente 24.633 "Ley para el funcionamiento y ejecución del Fondo para el Desarrollo de Limón (FODELI)".
- Expediente 25.093 "Reformas legales para la implementación del proyecto de Hacienda Digital (Sistema Tribu-CR)".
- Expediente 24.719 "Cierre del Ministerio de Gobernación y Policía de Costa Rica y reordenamiento de sus competencias desconcentradas".
- Expediente 25.444 "Casa para CONAPAM".
- Expediente 25.445 "Recuperando AGE CO".
- Expediente 24.888 "Autorización al Instituto Costarricense de Turismo para realizar la mutación demanial de un inmueble de su propiedad a favor de la Municipalidad de Esparza".
Leyes publicadas
En el Alcance N.° 85 a La Gaceta N.° 122 del jueves 2 de julio de 2026, se publicaron y entraron a regir las siguientes leyes:
— Ley 10.965 "Reforma al artículo 5 Bis de la Ley N°3091, Ley Orgánica de Japdeva (Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica) del 18 de febrero de 1963, para potenciar el desarrollo de alianzas estratégicas" que se tramitó bajo el expediente 24.259. Esta iniciativa se aprobó en segundo debate el 25 de junio de 2026, por lo que transcurrieron 7 días para que fuera publicada en La Gaceta.
— Ley 10.963 "Ley de creación del Área Silvestre Protegida Paisaje Nacional Espejo de Agua Embalse Arenal y fomento de actividades asociadas al uso sostenible en su zona de amortiguamiento" que se tramitó bajo el expediente 22.981. Esta iniciativa se aprobó en segundo debate el 2 de junio de 2026, por lo que transcurrieron 30 días para que fuera publicada en La Gaceta.