Ministerio Público afirmó que las diligencias respondieron a criterios jurídicos y de seguridad, y confirmó que investiga una manifestación del imputado sobre presunta colaboración de policías de Seguridad Pública.
El Ministerio Público rechazó este lunes los cuestionamientos formulados por la presidenta Laura Fernández Delgado y el ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, sobre el traslado y las diligencias judiciales realizadas con Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”.
La institución calificó las manifestaciones como “cuestionamientos infundados” que “pretenden sembrar dudas sobre actuaciones ejecutadas bajo las disposiciones del Código Procesal Penal y los protocolos de seguridad aplicables”.
Durante una conferencia de prensa celebrada este lunes, Fernández preguntó por qué Arias fue trasladado desde el centro penitenciario La Reforma durante la mañana si la audiencia de medidas cautelares estaba programada para la 1:30 p. m.. Consultó qué había hecho durante esas horas y por qué la diligencia no se realizó de manera virtual.
La mandataria también preguntó por qué se había trasladado “solo a él”, aunque Jonathan Pérez Méndez, alias “Tan”, también fue conducido desde La Reforma hasta el Primer Circuito Judicial de San José.
Chaves retomó los cuestionamientos y preguntó dónde estuvo Arias durante la mañana y con quién habló. Además, afirmó que “alguien dijo por ahí” que se pretendía facilitar una conversación privada y calificó como “demagogia” la explicación del fiscal general, Carlo Díaz Sánchez, sobre la protección del derecho de defensa.
Fiscalía defiende legalidad de las diligencias
El Ministerio Público respondió que las decisiones sobre el traslado de personas privadas de libertad, el horario en que son conducidas a los despachos judiciales y la modalidad presencial o virtual de las audiencias corresponden a las autoridades competentes del Poder Judicial.
Las decisiones relacionadas con el traslado de personas privadas de libertad, el momento en que estas son conducidas a los despachos judiciales, así como la modalidad en que se desarrollan las audiencias, responden exclusivamente a criterios jurídicos, procesales y de seguridad.
La Fiscalía agregó que ejercerá sus competencias legales “independientemente de que eso incomode a cualquier otro poder de la República”.
Recordó además que antes de la audiencia de medidas cautelares, Arias y Pérez debían cumplir diligencias previas, entre ellas la indagatoria, la comunicación formal de los cargos y la revisión del expediente por parte de sus defensas.
El Ministerio de Justicia y Paz había recomendado realizar la audiencia de manera virtual por razones de seguridad. La decisión final correspondía a la autoridad judicial encargada del proceso.
Investigan afirmación sobre policías de Seguridad Pública
El Ministerio Público cuestionó que las autoridades del Ejecutivo concentraran sus manifestaciones en la modalidad de la audiencia y el traslado, mientras —según indicó— recibió poca atención una afirmación realizada por Arias al momento de su captura. De acuerdo con el comunicado, el imputado manifestó que habría contado con la colaboración de policías del Ministerio de Seguridad Pública.
La Fiscalía aclaró que esa afirmación todavía debe ser investigada y confirmó que tanto el Ministerio Público como el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizan diligencias para determinar su veracidad.
Esa última afirmación, de ser cierta, representa un asunto de la mayor relevancia para la seguridad del país y merece que todas las instituciones competentes concentren sus esfuerzos en esclarecerla”.
Fiscal general cuestiona efecto de declaraciones
Díaz afirmó que las personas investigadas por delincuencia organizada son quienes se benefician cuando el Ejecutivo desacredita públicamente las actuaciones del Poder Judicial.
Quienes enfrentan procesos por delincuencia organizada son precisamente quienes se benefician cuando el Poder Ejecutivo desacredita al Poder Judicial por las acciones que este último ejecuta en contra del crimen organizado”.
La Fiscalía recordó que la captura de Arias fue producto de un operativo coordinado entre el OIJ y el Ministerio Público, y señaló que continuará investigando casos de crimen organizado y corrupción con independencia de las posiciones expresadas por otros poderes de la República.
