El detector de mentiras
— La Corte Plena le respondió ayer a la presidenta Laura Fernández y, en términos bastante claros, le dijo algo que debería ser obvio en democracia: si usted conoce casos concretos de corrupción o infiltración del crimen organizado dentro del Poder Judicial, denúncielos.
— A ver, en palabras de doña Pilar Cisneros: “¿Y las pruebas?”.
— Diay sí. Es que dicho en buen tico: manda huevo. Recordemos que la propia presidenta fue ligada al narcotráfico por el periodista Camilo Rodríguez y ¿cómo reaccionó ella? Pues con la misma moneda de cambio que hoy recibe. Aludiendo a las acusaciones del comunicador comentó doña Laura:
Lo que afirmó el periodista es muy grave. Y lo invito a presentar las pruebas ante las autoridades que corresponden”.
— Recordemos, la mandataria afirmó durante su conferencia semanal el miércoles pasado que el narcotráfico y el crimen organizado se están metiendo “hasta los tuétanos” del Poder Judicial.
— No dijo que había un caso específico bajo investigación. No señaló a una oficina, una red, una persona, una causa penal o una denuncia formal. Dijo algo más grave: que no cree casual que “un día sí y otro también” se otorguen medidas que permiten a personas peligrosas salir de la cárcel.
— Ese tipo de comentario no es inocente. Responde claramente al tono implementado desde la administración anterior que el chavismo tiene claro es muy efectivo con amplios sectores de la ciudadanía pues activa de inmediato ese campo minado de las emociones.
— Ojo, el debate de fondo que deberíamos tener es más complejo de lo que sugiere la superficie. Ya no estamos en un plano de “caramba, en mis tiempos no se levantaban falsos sin consecuencias”.
— Hoy la cabeza fría nos lleva a plantear un análisis más profundo: ¿Por qué la democracia más estable de América Latina ha empezado a normalizar este tipo de insinuaciones al punto de incluso aplaudirlas?
— La respuesta es más incómoda de lo que nos gustaría aceptar, pero es menester entrarle. Ese caldo de cultivo sobre el que opera el oficialismo facilito se nos descontrola y en un escenario como ese, nos guste o no, perderíamos todos.
— El “debido proceso” no es una sugerencia, es la columna vertebral de nuestras garantías constitucionales. Si la frustración de sentir el país empantanado nos lleva a avalar una “realidad alternativa” donde resulta que es opcional el Estado de Derecho ahí sí que tocará pedirle al último en salir que apague la luz.
— Vamos a ver... los gringos dicen que “Two wrongs don't make a right”. Es decir, dos errores no hacen un acierto. Y llevan razón, pero tanto ellos como nosotros cada vez más lo estamos olvidando.
— Ejemplo fácil ya que estamos en tiempos mundialistas. Digamos que el jugador Folarin Balogun fue “mal expulsado” por el árbitro brasileño Raphael Claus en el partido de Estados Unidos contra Bosnia Herzegovina. No digo que fue así, pero trabajemos con ese supuesto.
— ¿Implica eso que es aceptable que el presidente Trump llame al presidente de la FIFA y le sugiera “levantar” el castigo para que el jugador no quedara suspendido contra Bélgica?
— Por supuesto que no. Y por eso el mundo entero brincó una vez que se confirmó que la FIFA le permitiría jugar contra los belgas. Amén de que la anécdota terminó con goleada y con Lukaku haciendo un homenaje al “bailecito Trump” en el cuarto gol lo cierto es que el episodio demuestra la importancia de reglas comunes respetadas por todos.
— Entonces... si la Corte tuviera una gotera, la solución no es insinuar (sin evidencia) que está haciendo agua hasta el tope del cuarto de máquinas. Es elemental: no se apaga un incendio con gasolina.
— Estamos claros: la Corte no se puede hacer la loca. La cantidad de casos en los que las medidas cautelares han evidenciado un diseño poroso no es anecdótica. Eso ha generado una inquietante percepción entre un amplio grupo de costarricenses. Esa lectura no se puede ignorar: hay que atenderla con seriedad, profesionalismo, rigor y criterio jurídico.
— Si a cada reclamo legítimo de la ciudadanía reaccionamos de forma alarmista no estamos colaborando con la necesaria conversación madura que el tema requiere, especialmente cuando se acumulan los lustros de críticas y cuestionamientos a vista y resignación del pueblo.
— Ofenderse y ponerse a buscar medallas que solo brillan para adentro es dispararse en el pie. Y entonces sí: dejamos la puerta abierta para que un buen día la persona con el cargo más importante del país se deje decir algo así y un sector de la población lo aplauda.
— Esa foto no es bonita: todo lo contrario. Es inquietante. Pero estamos a tiempo de revelar una muy distinta. Ha hecho bien la Corte en marcar los límites y en devolverle una cucharada de su propia medicina al oficialismo pero sigue haciendo mal en negarse a entender que su margen de maniobra para sacar pecho es cada vez más limitado.
— Precisamente porque la independencia del Poder Judicial es la base misma de un Estado de Derecho es que tenemos que esmerarnos tanto en cuidarla. Y cuidarla, no es solo pelear por el (muy necesario) presupuesto, es saber ser autocríticos y demostrar una incuestionable capacidad de reacción ante el primer asomo de gotera.
— Ninguna institución está vacunada contra la mala conducta de quienes trabajan en ella. Eso incluye por supuesto al Poder Judicial. Y sí, también al Ejecutivo. Pero una cosa es reconocer que puede haber funcionarios corruptos, como los hay en cualquier institución grande, y otra muy distinta es acusar a más de 13.000 personas de trabajar en un sistema penetrado “hasta los tuétanos” por el narcotráfico.
— Por más que doña Laura sienta que representa el malestar ciudadano ella, como nuestra presidenta, debe saberse a sí misma por encima del comentario visceral de Facebook que pone en mayúsculas un carambas malencarado desbordado por el enojo.
— Lo cierto es que todavía hoy (afortunadamente) esa clase de afirmación exige pruebas. No intuiciones. No sospechas. No sugerencias. Pruebas. Ese es el mínimo democrático. ¡Ojalá no nos resignemos a perderlo!
— Dicho lo cual... no deja de ser incómodo que mientras doña Laura le pide al país asumir que el crimen organizado se ha infiltrado hasta el cafetín del Poder Judicial, su propio Gobierno mantiene bajo llave la información relacionada con las pruebas de polígrafo que aplicó a jefaturas policiales y altos jerarcas.
— Recordemos: la presidenta presentó públicamente la “no aprobación” de esas pruebas como la razón por la cual siete jefaturas policiales fueron removidas de puestos de confianza.
— Ahora resulta que (para sorpresa de nadie) el Ministerio de Seguridad no quiere revelar quiénes son esas siete personas, qué cargos ocupaban, a cuál cuerpo policial pertenecían, qué tipo de medida se tomó en cada caso ni cuál fue la investigación administrativa que se abrió después.
— Tampoco quiere explicar si el polígrafo fue el único criterio utilizado para apartarlas de sus puestos de confianza o si existían otros elementos objetivos que justificaran la decisión.
— Casa Presidencial, por su parte, se negó a revelar cuánto costaron las pruebas, bajo qué contrato o acuerdo se realizaron, de cuál partida presupuestaria salió el dinero y cuáles documentos respaldan la contratación de la empresa privada que las aplicó. Lo único que sí sabemos es que las pruebas fueron aplicadas por International Polygraph Studies Center, IPSC, en coordinación con la Dirección de Inteligencia y Seguridad.
— Partamos de lo obvio: no corresponde convertir un proceso de seguridad en un reality show. No hace falta publicar preguntas sensibles, metodologías operativas, detalles que pongan en riesgo una investigación o información personal que no tenga relevancia pública.
— Pero una reserva razonable (y legal) no puede convertirse en una caja negra. Que la DIS participe no convierte, por arte de magia, cada contrato, factura o decisión administrativa en secreto de Estado. La Sala Constitucional ha sido clara: una reserva debe explicar con precisión qué parte concreta se protege y por qué. Se pueden reservar preguntas sensibles, resultados individuales o detalles operativos; lo que no se vale es usar esa reserva como una manta para tapar todo el expediente.
— Si el Estado contrata una empresa privada para aplicar pruebas a jefaturas policiales, aparta a siete personas de puestos de confianza y anuncia ante todo el país que hay un riesgo de infiltración criminal, entonces el país tiene derecho a conocer, por lo menos, qué se contrató, cuánto costó, cuál fue el procedimiento, qué medidas se tomaron y qué ocurrió después.
— Ya establecimos con claridad que una prueba de polígrafo no es una sentencia judicial, no es una condena penal, no reemplaza una investigación administrativa y no sustituye una denuncia ante el Ministerio Público. Del mismo modo tampoco debería funcionar como un detector mágico de buenos y malos funcionarios, especialmente si el Gobierno pretende usarla para construir una narrativa de que hay corrupción en unas instituciones y pureza absoluta en otras.
— Pero diay, está claro que las personas apartadas de esos puestos de confianza no fueron expulsadas del servicio público. Regresaron por ende a sus plazas de propiedad dentro de los cuerpos policiales. Ese detallito importa. Porque la gente lo que interpreta es: “Mirá, dado que preguntamos por narcotráfico y tus respuestas no pasaron la prueba no te queremos sentado en las reus de la Fuerza Élite pero andate tranquilo al puesto de costumbre”.
— No suena óptimo ¿cierto?
— El dato de peso sigue siendo el mismo: siete directores policiales —nada menos— perdieron puestos de confianza después de que la presidenta anunció que no aprobaron pruebas aplicadas por una empresa privada. No sabemos cuánto costó el proceso —ni siquiera si hubo pago o donación—, qué acto administrativo lo respaldó, qué otros elementos objetivos se valoraron ni qué expediente se abrió después.
— Volvemos entonces a lo mismo: en un Estado de derecho, las acusaciones graves deben tener respaldo y las decisiones públicas deben tener trazabilidad. Si hay corrupción, que se investigue. Si hay infiltración, que se denuncie. Si hay prueba, ¡que haya expediente!
— Insisto: todavía estamos a tiempo. Pero para avanzar en la dirección correcta tendremos que aceptar una verdad incómoda: el crimen organizado no se combate con uniformes naranjas, frases incendiarias ni detectores de mentiras opacos. El show vende, calienta y moviliza, sí. Pero no investiga, no acusa, no condena ni corrige las grietas que permiten que el sistema falle. Eso exige información verificable, investigaciones serias, responsabilidades claras y autoridades capaces de trabajar sin convertir cada desacuerdo institucional en una pelea de barras. Mientras el Ejecutivo y el Poder Judicial sigan tirándose filazos frente a las cámaras, seguiremos llegando tarde a cerrar los portillos reales que aprovecha “un día sí y el otro también” el crimen organizado.
Bonus track: Contralora advierte que recorte de 5% al presupuesto de la Contraloría implicaría un “cierre técnico”.
Hidden track: Estados Unidos señala a Costa Rica por incumplir controles pesqueros internacionales.
Remix: Autoridades decomisan más de 5.400 artículos sin registro sanitario en operativo en San José.
Reporte Internacional
Hamás anuncia el fin de su gobierno en Gaza
Hamás afirmó este lunes que disolvió su gobierno en la Franja de Gaza y que se prepara para entregar la administración del enclave a un comité técnico respaldado por Naciones Unidas, como parte de los esfuerzos para avanzar en la aplicación del acuerdo de alto al fuego. Mientras tanto, Cuba sufrió este lunes un apagón en toda la isla, en medio de una crisis energética marcada por la escasez de combustible, el deterioro de la red eléctrica y cortes programados que, en algunos casos, superan las 24 horas consecutivas. Por último, el Senado de Filipinas abrió este lunes el juicio político contra la vicepresidenta Sara Duterte, un proceso que profundiza la ruptura entre dos de las familias políticas más influyentes del país: los Duterte y los Marcos.
Los detalles en el Reporte Internacional.
La Jornada
Oficial: arquera costarricense Génesis Pérez ficha con el Atlético de Madrid
El Atlético de Madrid anunció el fichaje de la arquera costarricense Génesis Pérez, quien actualmente tiene 21 años. Le brindaron un contrato hasta 2029 por su enorme potencial de seguir creciendo en Europa. Además, Costa Rica cerró con 10 medallas su participación en el Campeonato Panamericano de Parkour San Salvador 2026. La delegación nacional consiguió dos preseas de oro, tres de plata y cinco de bronce.
Los detalles en La Jornada.
Botonetas
— Impro: El espectáculo de improvisación, tango y dibujo en vivo "Tangled" se presentará el 10 y 11 de julio en el Teatro Niko Baker y ofrecerá además un taller especializado para artistas escénicos.
— Teatro: La obra Condominio, coproducida por el Teatro Nacional de Costa Rica y la compañía independiente Arketipo Asesoría & Producciones, iniciará la etapa final de su primera temporada con seis funciones programadas en el Teatro Vargas Calvo, del 10 al 19 de julio.
— En familia: Durante las vacaciones de medio año, la Fundación Libertad ofrecerá una amplia programación gratuita dirigida a toda la familia, con talleres, espectáculos, actividades deportivas, experiencias ambientales, cine, tecnología, arte y espacios de juego. La agenda se desarrollará del 6 al 18 de julio, con actividades para personas de todas las edades.
— San José: El Art City Tour (ACT) continúa la temporada 2026 con la propuesta "Vacaciones en Chepe", una invitación para que las personas se acerquen a disfrutar del arte y la cultura urbana de la ciudad.
— Agenda Cultural: El Ministerio de Cultura y Juventud mantendrá abiertos sus museos, teatros y bibliotecas con horarios especiales y una agenda de actividades para que las familias disfruten durante la semana de receso de medio periodo.
— Exposición: La Galería Índice y Lorenzo Café de Barrio anunciaron una nueva alianza para habilitar un espacio Art Friendly en el sector de Nunciatura, con el objetivo de fusionar arte y gastronomía en un mismo entorno.