Hacienda solicitó una rebaja de ₡1.055 millones en la propuesta presupuestaria de 2027; Marta Acosta indicó que la institución solo identificó ₡100,3 millones que podría recortar.
La contralora general de la República, Marta Acosta Zúñiga, respondió a la solicitud del Ministerio de Hacienda de reducir en 5% la propuesta presupuestaria de la Contraloría General de la República para 2027 y advirtió que la medida comprometería la operación de la institución.
Según indicó Acosta en un oficio remitido a Hacienda, el recorte solicitado equivale a ₡1.055 millones, pero la Contraloría solo logró identificar ₡100,3 millones que podrían ajustarse durante el próximo ejercicio presupuestario.
Un recorte del 5% llevaría en la práctica a un cierre técnico de la institución".
La contralora sostuvo que una reducción de esa magnitud afectaría la independencia institucional y la capacidad operativa de la entidad encargada de fiscalizar el uso de los recursos públicos.
Presupuesto prácticamente estancado
Acosta señaló que la Contraloría registró ejecuciones presupuestarias cercanas al 98% durante los últimos dos años, por lo que, según indicó, no cuenta con recursos ociosos o márgenes amplios para aplicar nuevos recortes.
Además, afirmó que en los últimos diez años el presupuesto de la institución creció apenas 1%, mientras que el Presupuesto Nacional aumentó 57% durante el mismo período.
La contralora añadió que el techo presupuestario fijado originalmente por Hacienda para 2027, incluso antes de considerar el recorte solicitado, se ubica por debajo del presupuesto inicial aprobado para la institución en 2015.
Mientras el universo de entidades y recursos sujetos a fiscalización se ha expandido significativamente, los fondos asignados a este órgano se han mantenido prácticamente estáticos".
Acosta también indicó que, aunque la regla fiscal permite para 2027 un crecimiento máximo de 4,08%, Hacienda no asignó ningún incremento al presupuesto de la Contraloría.
Según expuso, esa situación limita la capacidad de la institución para atender nuevas responsabilidades legales y absorber gastos que antes se registraban de otra manera, como las licencias de software, que ahora deben cubrirse dentro de las partidas de gasto corriente.
Alternativas planteadas a Hacienda
En el oficio, Acosta planteó dos medidas que, a su criterio, permitirían generar ahorros sin recortar los recursos de la Contraloría.
La primera consiste en revisar el nivel de la reserva de liquidez del Gobierno, que —según señaló— se mantiene alrededor de 5% del producto interno bruto desde setiembre de 2025, cuando históricamente rondaba 1%. Para la contralora, gestionar un nivel óptimo de liquidez evitaría mantener recursos sin utilizar en el Fondo General y reduciría el costo financiero para la Hacienda Pública.
La segunda propuesta apunta a acelerar la incorporación de recursos al Sistema de Cuentas del Sector Público (SCSP), cuyo plazo de implementación vence en 2029. Acosta sostuvo que una mayor integración de fondos al sistema, conforme a la Ley de Manejo Eficiente de la Liquidez del Sector Público, permitiría generar ahorros en intereses.
La contralora cerró su respuesta señalando que existen alternativas para atender las necesidades fiscales sin aplicar, a su juicio, recortes desproporcionados que debiliten la capacidad operativa de instituciones públicas.