Reducir de 500 a 200 salarios base el monto mínimo para configurar el delito tributario expondría a más contribuyentes a procesos penales
En medio del debate sobre la eficacia del sistema para investigar y sancionar los delitos tributarios, el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica hizo un llamado a analizar con detenimiento el proyecto de ley 25.650, que propone reducir de 500 a 200 salarios base el monto mínimo para configurar el delito de fraude contra la Hacienda Pública.
El Colegio advirtió que la reforma ampliaría el alcance de la norma y podría incrementar la cantidad de procesos penales, por lo que considera necesario valorar si las instituciones encargadas de su investigación y juzgamiento cuentan con la capacidad para atender un eventual aumento de casos de manera oportuna y eficaz.
Asimismo, planteó la necesidad de evaluar si la modificación contribuirá efectivamente a fortalecer la recaudación y el combate contra la evasión fiscal.
Luis Javier Porras, presidente de la Comisión de Asuntos Tributarios del Colegio, explicó:
Esta iniciativa debe ser objeto de un análisis técnico profundo, debido a los efectos que podría generar tanto para los contribuyentes como para el sistema de administración tributaria”.
El proyecto fue analizado durante el programa Huella CPA, en el que también participaron José Becerra, socio de Servicios Tributarios de Moore AGC, y Diego Salto Vanderlaat, experto en Derecho Tributario y socio de Consortium Legal.
La iniciativa presentada recientemente por el Frente Amplio plantea disminuir el umbral del delito tributario e incorporar la sumatoria de distintos impuestos y períodos no prescritos para determinar la eventual responsabilidad penal.
Becerra explicó que antes se analizaba un impuesto y un período, mientras que ahora podrían sumarse varios impuestos y varios años.:
La disminución de 500 a 200 salarios base, junto con la posibilidad de acumular diferentes impuestos y varios períodos fiscales, amplía considerablemente el alcance de la norma y podría hacer que más contribuyentes queden expuestos a procesos penales".
Por su parte, Diego Salto considera que antes de endurecer las sanciones penales es indispensable fortalecer los mecanismos de fiscalización y cobro.
Salto señaló:
El Estado debe contar con herramientas eficaces para combatir la evasión fiscal. Sin embargo, la prioridad debería ser fortalecer los procesos de control y recaudación. La sanción penal debe mantenerse como una medida excepcional para los casos de mayor gravedad".
El especialista dijo que una reducción del umbral podría generar un incremento significativo de investigaciones penales sin que ello necesariamente se traduzca en una mayor recaudación para el Estado.
Ambos especialistas coincidieron en que el combate a la evasión fiscal es indispensable para la sostenibilidad de las finanzas públicas, pero recalcaron que cualquier reforma debe construirse sobre criterios técnicos que garanticen seguridad jurídica, proporcionalidad y respeto al debido proceso.
El Colegio de Contadores Públicos informó que dará seguimiento al trámite legislativo del proyecto y continuará aportando criterios técnicos que contribuyan a enriquecer el debate legislativo.
Otros proyectos
Durante el programa también se abordaron otros dos proyectos de ley que forman parte del paquete de iniciativas tributarias presentado recientemente en la Asamblea Legislativa.
Uno de ellos propone ampliar la responsabilidad solidaria de socios, accionistas e integrantes de grupos económicos por deudas tributarias, con el objetivo de evitar el uso indebido de estructuras societarias para eludir obligaciones fiscales. Se trata del expediente N.°25.648.
Los especialistas coincidieron en que el propósito de combatir estas prácticas es positivo, aunque señalaron la necesidad de precisar los alcances de la propuesta para brindar mayor seguridad jurídica y garantizar el debido proceso.
Indicaron que la responsabilidad debería aplicarse únicamente cuando exista evidencia clara de un uso fraudulento de la estructura societaria y con pleno respeto al debido proceso.
En cuanto al proyecto que reforma la norma de subcapitalización (expediente 25.651) para limitar la deducción de intereses pagados a entidades financieras consideran que la iniciativa podría tener efectos sobre empresas que recurren al financiamiento bancario para desarrollar sus actividades, por lo que recomendaron valorar cuidadosamente su impacto en la inversión, el acceso al crédito y la competitividad empresarial, sin perder de vista el objetivo de fortalecer el control de prácticas tributarias abusivas.