La Escuela de Ciencias Ambientales señaló que solo 34 de los 85 cantones del país incorporan esta variable de forma voluntaria.
La mayoría de cantones en Costa Rica no incorporan variables relacionadas con la adaptación al cambio climático dentro de sus agendas locales. En detalle, solo 34 de los 85 cantones del país cumplen con esta tarea de manera voluntaria, de acuerdo con un análisis de la Escuela de Ciencias Ambientales, de la Universidad Nacional (UNA).
Es decir, 51 quedan a deber en este eje y, en términos porcentuales, el cumplimiento es de un 40%.
La mayoría de los gobiernos locales que si cuentan con planes para abordar la problemática se ubican en la Región Central. Estos son: Alajuela, Naranjo, Acosta, Belén, Cartago, Curridabat, Desamparados, Paraíso, Santa Ana, San Pablo, San Ramón, Santa Bárbara, Tarrazú, Zarcero, El Guarco, Goicoechea, La Unión, Montes de Oca, Oreamuno, San José, San Rafael y Vásquez de Coronado.
El resto de las regiones del país tiene resultados más modestos. En la Brunca, aparecen Buenos Aires y Golfito; en la Chorotega son Cañas y Tilarán; en el Pacífico central destacan Monteverde, Quepos y San Mateo; en la Huetar Norte están San Carlos, Los Chiles y Sarapiquí; y en la Huetar Atlántica solo Limón y Turrialba.
El tema se dio a conocer durante la conferencia Compromiso ambienta en acción: logros, conocimiento y futuro sostenible, organizada por la instancia UNA Campus Sostenible, de la Vicerrectoría de Administración de la UNA. La actividad fue parte de la conmemoración del Día Mundial del Ambiente (5 de junio).
¿Por qué es necesario en las agendas locales?
Las proyecciones científicas indican que el planeta alcanzará o superará de manera sostenida el umbral crítico de 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales entre los años 2030 y 2050. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) advierte que este límite marca la transición hacia un clima mucho más destructivo con especial afectación en el océano, ecosistemas, olas de calor, crisis de agua, inundaciones costeras, pérdida de cultivos, y pérdidas económicas derivadas.
Este 2026, por ejemplo, Costa Rica enfrenta un desafío sin precedente con el fenómeno de El Niño, según explicó este miércoles el director del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), Werner Stolz España.
En ese contexto, la UNA recuerda que incorporar el cambio climático en las agendas locales debe empezar a verse como política pública de alta relevancia y urgencia.
Para hacer frente a la problemática, el país cuenta con el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático de Costa Rica 2022-2026. Este busca orientar “las acciones hacia un modelo de desarrollo que garantice la resiliencia climática de la sociedad costarricense, que evite la pérdida de vidas humanas y modere los daños materiales generados por sus efectos adversos y que contribuya a aumentar la calidad de vida de las poblaciones más vulnerables”, según destaca el sitio web oficial del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).
La UNA detalló que, aunque los números en los gobiernos locales evidencian un rezago, el resultado es mejor si se compara con la última medición que realizó la unidad académica en el 2018. Para ese momento, solo un 25% de las municipalidades incorporaba la variable climática.
Vanessa Valerio, directora de la Escuela de Ciencias Ambientales de la UNA, recordó que el país no cuenta con una ley marco sobre cambio climático. Esta deficiencia impide un avance más acelerado, según su óptica.
Ahí está la dificultad, porque como no hay una normativa en ese sentido, hace que los gobiernos locales actúen de manera voluntaria. Estamos ante una crisis climática sin precedentes, el tema del cambio climático es urgente, una necesidad mundial y requerimos una ley marco que abrigue a todos los sectores, tal y como ocurrió con la Ley para la Gestión integral de Residuos”.
En el plano internacional, el sitio www.leycambioclimatico.cl identifica que, a nivel global, 73 países cuentan con una ley de este tipo. En esa lista sobresalen otras naciones latinoamericanas como Argentina, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Paraguay.
Planificación
Para Valerio, la elaboración de planes locales de adaptación de cambio climático debe ser vista como un proceso de planificación estratégica, que requiere el desarrollo de capacidades locales.
La evidencia de que lo anterior no se está cumpliendo, se percibe en el trabajo desarticulado que muchas veces impera, dijo.
Tenemos el problema de que, al igual que ocurre en la institucionalidad pública, se ve todo por separado. Programas de gestión ambiental, por un lado, planes de adaptación por otro, gestión de residuos por aparte. Entonces, a falta de una agenda ambiental integrada, las acciones se ven fraccionadas”.
Valerio asegura que una visión integrada permitiría, por ejemplo, asociar las estrategias ambientales con un enfoque de salud comunitaria.
Cuando vemos eventos extremos, como el fenómeno de El Niño, se incrementan las afectaciones a nivel local, con perjuicios a la economía y a las poblaciones más vulnerables”.
La infraestructura resiliente es otro de los elementos que debe trabajarse, apuntó la directora de la Escuela de Ciencias Ambientales. En este apartado, detalló que amenazas como la de El Niño, deben llevar a los municipios a replantear la forma en que se construyen proyectos, los cuales deben considerar variables como épocas de mayor o menor sequía o fenómenos meteorológicos estacionales.
“Los planes reguladores tienen que considerar también los efectos del cambio climático. Y una parte fundamental en todo este proceso es el de la educación, que nos permita trabajar de la mano con los productores, dando capacitaciones a grupos específicos de manera que puedan prepararse ante la inminencia de una crisis”, sugirió la experta.
Propuesta de la UNA
En respuesta a estas necesidades, desde la UNA se lanzó la Red Costarricense de Gobiernos Locales ante el Cambio Climático, una plataforma de apoyo institucional en materia de mitigación y adaptación. Actualmente, 22 municipalidades forman parte de la red.
Dentro de sus objetivos está el intercambio de experiencias locales sobre acción climática, la divulgación de acciones informadas en materia de investigación, así como la promoción de alianzas nacionales e internacionales. Desde la universidad mencionaron que esta iniciativa se complementa con los proyectos de extensión sobre gestión del agua, manejo de residuos, prácticas agrícolas, biodiversidad y turismo sostenible que implementan en los territorios.