Costa Rica se ha destacado por consolidar una agenda de conservación de la biodiversidad, principalmente orientada en ecosistemas terrestres. Sin embargo, en los últimos años se han profundizado esfuerzos para la tutela de los espacios marinos. En total, se contabilizan 28 áreas marinas protegidas que comprenden aproximadamente 165.000 kilómetros cuadrados (un 30.3 % del territorio). Con respecto a la totalidad de las áreas silvestres protegidas se cuenta con 152, incluyendo las categorías más recientes de Parques Naturales Urbanos, de los cuales se han creado dos (el Parque Natural Urbano Lorne Ross y el Parque Natural Urbano Simón Bolivar). En la porción terrestre se han protegido unos 13 mil kilómetros cuadrados para un porcentaje cercano al 25,7.
Estas iniciativas cuentan con múltiples retos y oportunidades, algunos de los cuales se enuncian a continuación.
Oportunidades
El país ha impulsado acciones internacionales de conservación de los océanos. De esta forma Co-presidió la Conferencia de los Océanos III en el 2025 junto con Francia. Estas Conferencias tienen por propósito apoyar la implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 14 (vida bajo el agua/océanos). Su tema principal radicó en acelerar las acciones y movilizar a todos los actores para conservar y usar sosteniblemente los océanos. En está, promovió la Meta de Conservar el 30 por ciento de la biodiversidad marina mediante áreas protegidas y otras medidas de conservación basadas en áreas (OMECS) y apoyo la entrada en vigencia Acuerdo para la Conservación y el Uso Sostenible de la Biodiversidas en Areas Fuera de Toda Jurisdicción Nacional, conocido como el del BBNJ (véase La cumbre de la ONU sobre los océanos se clausura en Niza con una oleada de compromisos | Noticias ONU). Ha dado pasos, en coordinación regional, para la declaratoria del Domo Térmico como una de las Areas Marinas a ser incluidas bajo el Capítulo III del BBNJ, ratificado por el país. Igualmente, ha liderado la Coalición de Alta Ambición par la Naturaleza y las Personas, que ha promovido el cumplimiento de la Meta 30/30 del Marco Global de la Biodiversidad que busca proteger y manejar al menos el 30 % de los ecosistemas terrestres y marinos para el año 20230.
Como un aspecto positivo en el 2024 se aprobaron leyes sobre servicios ecosistémicos marinos y decretos sobre pago por servicios ambientales a manglares que han sido implementados de manera reciente. Así, mediante el Decreto No. 44558-MINAE del 2024, se ha incorporado expresamente el pago de servicios ambientales a ecosistemas de manglar como parte de los esfuerzos asociados al llamado “carbono azul”.
Retos
Las áreas marinas protegidas constituyen una oportunidad para promover el desarrollo socioeconómico del país, además de permitir la conservación de la biodiversidad marina. La ampliación por el Decreto Ejecutivo No. 43368-MINAE del 2021 de los límites marinos del Parque Nacional Isla del Coco y de los límites del Area Marina de Manejo Montes Submarinos (de paso se cambia de nombre a Area Marina de Manejo del Bicentenario Montes Submarinos), permitió que se alcanzara la meta de conservar un 30 por ciento del océano costarricense. En los últimos, el establecimiento y la gestión de las AMP ha sido objeto de una prioridad política, asociada además a procesos internacionales en los cuales el país ha tenido una participación activa.
En materia de gobernanza, la Comisión Nacional Marina (Decreto Nº 41775-MP-MSP-MAG-MINAE-MOPT-TUR del 2019), ha tenido una limitada efectividad para articular, coordinar y promover la conservación de los recursos y para mejorar la gestión de las áreas marinas protegidas. Esta podría convertirse en una instancia de alto nivel para definir políticas y lineamientos que finalmente permitan ordenar el accionar de las instituciones, solventar potenciales conflictos y generar una visión única respecto a cómo gestionar los recursos marinos. En ese sentido, fortalecer otros órganos como la Dirección Marino-Costera del MINAE contribuiría a mejorar la institucionalidad en la materia.
Si bien el país ha generado acciones para mejorar la vigilancia y control de las áreas marinas protegidas, incluyendo el uso de equipos e imágenes satelitales, estas se concentran en el Parque Nacional Isla del Coco. Otras áreas presentan carencias en materia de equipamiento y monitoreo satelital. Asimismo, la efectividad del manejo de las áreas marinas debe ser fortalecida y mejorarse los espacios para la difusión de resultados a la sociedad civil. La generación de información científica y técnica sobre el estado de los recursos resulta normalmente producto de centros de investigación, académicos u organizaciones de la sociedad civil. Las capacidades de las instituciones y órganos públicos han sido, en este sentido, limitadas.
En lo relativo a la institucionalidad pesquera este constituye un aspecto crítico para incrementar la sostenibilidad del manejo y ordenamiento de los recursos. A la fecha existen diversas debilidades relativas al marco legal, pero fundamentalmente éstas son atinentes a la implementación de las disposiciones existentes, en materias como la información pesquera, control de artes de pesca y cumplimiento de requisitos, establecimiento de medidas de ordenamiento, fiscalización de actividades con y sin licencia, atención de conflictos entre distintos tipos de pescadores, entre otros. Desde el punto de vista de la vigilancia, el Servicio Nacional de Guardacostas se encuentra llamado a cumplir un rol de primer orden, ante las dificultades logísticas y legales de otros entes para desarrollar actividades de dicha naturaleza.
Finalmente, en lo que respecta a la navegación marítima, la aprobación de una propuesta legal comprensiva en la materia permitiría mejorar aspectos relacionados con la seguridad en la navegación, el uso del espacio marino y otros de interés.