Presidenta dijo que mostrará a los diputados “los datos reales” de seguridad pública.
La presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, anunció este lunes que convocará a los 57 diputados a una “encerrona de trabajo” para abordar la situación de seguridad pública del país, en medio de sus planteamientos previos sobre un eventual levantamiento de garantías constitucionales en zonas específicas si Costa Rica enfrenta una crisis mayor por homicidios y crimen organizado.
Fernández hizo el anuncio tras una reunión de más de dos horas en Casa Presidencial con representantes del Poder Judicial, encabezados por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez.
La mandataria dijo que recibirá este martes a todas las fracciones legislativas en Casa Presidencial para conversar sobre seguridad y otros temas. Luego agregó que convocará a todos los congresistas a una reunión más amplia.
Mañana yo recibo a todas las fracciones legislativas aquí en la Casa Presidencial, por invitación mía, donde voy a conversar sobre estos temas y otros más, y también para que ustedes sepan y les voy a dar la primicia: de este viernes en ocho estaré convocando a todos los cincuenta y siete diputados a una encerrona de trabajo conmigo para ver los datos reales de cómo está la seguridad pública desde desde lo que le compete al Poder Ejecutivo”.
El anuncio ocurre una semana después de que Fernández dijera, en el programa Nuestra Voz de Radio Monumental, que exploraba la posibilidad legal de sostener una reunión confidencial con los 57 diputados para mostrarles mapas de calor sobre crimen organizado y discutir un eventual levantamiento de garantías individuales en zonas específicas del país, en caso de que la violencia escale.
En esa entrevista, la mandataria sostuvo que el objetivo de ese encuentro sería presentar información georreferenciada sobre puntos donde operan grupos vinculados al narcotráfico y personas con antecedentes penales. También dijo que esos mapas identifican barrios y sectores donde se concentran estructuras criminales.
“Eso es parte de lo que yo quiero conversar con los señores diputados y también con las autoridades del Poder Judicial para ver qué es lo que pasa; si saben dónde están, ¿por qué no los arrestan y los meten a la cárcel?”, cuestionó entonces.
Fernández también aclaró en esa ocasión que un eventual levantamiento de garantías constitucionales no dependería de una decisión unilateral del Poder Ejecutivo, sino de una autorización de la Asamblea Legislativa. “Aunque yo quiera, yo no puedo levantar las garantías constitucionales de nadie. Eso lo hace la Asamblea Legislativa”, sostuvo.
Durante la conferencia de prensa de este lunes, Repretel consultó a Fernández si en la reunión con el Poder Judicial se abordó la eventual suspensión de garantías constitucionales y si, con las estadísticas actuales de homicidios, el país debería llegar a esa medida.
La presidenta respondió que el tema no formó parte de la reunión con los representantes judiciales y reiteró que no lo plantea como una política pública inmediata.
“El tema del levantamiento de las garantías no fue tocado en la reunión. Como ustedes y el pueblo de Costa Rica saben yo he manifestado abierta y públicamente que si en el futuro el país experimenta una profundización, una crisis mayor en materia de homicidios y en delitos asociados al crimen organizado, como una forma excepcional solicitaría autorización a la Asamblea Legislativa para levantar garantías en ciertos puntos del territorio nacional que nos indique la inteligencia policial. Pero eso es una medida que me compete a mí, que sería aplicable de manera excepcional ante una crisis mayúscula que pudiera enfrentar el territorio nacional, pero no es una medida de política pública inmediata ni que yo esté planteando en este momento”, declaró.
La mandataria vinculó la convocatoria a los diputados con una estrategia más amplia de coordinación semanal en materia de seguridad. Fernández dijo que todos los lunes, durante su mandato, se reunirá con el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos Valverde; el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas; y los directores de la Policía de Control de Drogas, la Unidad Especial de Intervención, la Policía de Fronteras y otros cuerpos policiales.
Fernández bautizó ese espacio como “Task Force” y aseguró que ella misma dará seguimiento a las acciones de seguridad nacional.
¿Qué hicieron? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo va la cosa? ¿Qué falta? Creo que esa medida la voy a mantener los cuatro años de mi gobierno para tomar yo misma el control y el seguimiento de los progresos en materia de seguridad nacional”.