La Asamblea Legislativa 2022-2026 cerrará este 1 de mayo con un balance reducido en materia deportiva: en cuatro años, los diputados aprobaron únicamente tres leyes vinculadas directamente con el deporte costarricense. El panorama confirma prácticamente lo mismo que reveló la investigación publicada en setiembre de 2025, cuando ya se advertía que la producción legislativa en esta área quedaría muy por debajo del periodo anterior.
Las tres leyes aprobadas fueron el expediente 23.354, que autorizó a las asociaciones de desarrollo comunal a administrar áreas deportivas municipales mediante convenios con los concejos locales; el expediente 23.505, que fortaleció las potestades de los Comités Cantonales de Deportes y Recreación; y el expediente 23.901, que excluyó al billar de la categoría de juegos de azar.
Desde aquella revisión, el Congreso sí logró aprobar en segundo debate el expediente 24.037, que buscaba agilizar permisos para eventos deportivos en vías públicas terrestres y eliminar el pago del costo operativo por el despliegue de la Policía de Tránsito. Sin embargo, el presidente Rodrigo Chaves vetó la reforma y el proyecto quedó detenido, sin resello legislativo ni una salida definitiva antes del cierre del periodo.
Otro expediente que marcó la discusión reciente fue el 23.566, relacionado con una reforma al Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación. El texto avanzó en comisión y quedó listo para su trámite en primer debate, pero generó polémica porque mantenía un aumento de 1098,73% en las dietas de la futura Junta Directiva del ICODER. Pese a esa discusión, el proyecto no llegó a votarse en el Plenario.
La diputada liberacionista Rosaura Méndez Gamboa se mantuvo como una de las legisladoras más activas en esta agenda. Además de proyectos ya conocidos sobre financiamiento deportivo, autonomía del ICODER, antidopaje, gestión de comités cantonales y eventos en vías públicas, impulsó nuevas iniciativas como el expediente 24.920, para agilizar procesos administrativos de federaciones profesionales, y el expediente 25.354, que propone financiamiento específico para el deporte femenino mediante un impuesto del 2% a bebidas alcohólicas y cervezas.
La lista de propuestas que no llegaron a convertirse en ley también incluyó iniciativas para trasladar la gestión deportiva desde los comités cantonales hacia las municipalidades, despolitizar la integración de los CCDR, establecer suplencias y límites a la reelección en esos órganos, apoyar a atletas con gastos de hospedaje y alimentación, crear una Organización Nacional Antidopaje y volver a establecer el Premio Nacional Deportivo Claudia Poll Ahrens.
En total, el periodo dejó una agenda amplia en papel, pero pocos resultados concretos. Con solo tres leyes aprobadas, un proyecto vetado y múltiples expedientes sin superar el primer debate, la legislatura 2022-2026 cerró sin una reforma estructural para atender temas como financiamiento, gobernanza, deporte femenino, apoyo a atletas y modernización institucional del sector deportivo.