Una ausencia masiva de diputados del oficialismo y sus aliados impidió este lunes alcanzar quórum en el Plenario Legislativo y frustró la votación de la amonestación ética pública contra el diputado Fabricio Alvarado Muñoz por conductas de hostigamiento sexual en perjuicio de la exdiputada Marulin Azofeifa Trejos.
De acuerdo con el registro oficial de asistencia, solo 34 diputados estuvieron presentes y 23 se ausentaron, por lo que no se pudo realizar la sesión. Entre los ausentes estuvo la totalidad del bloque oficialista de ocho congresistas, la totalidad del Partido Nueva República, así como los aliados del oficialismo Leslye Bojorges León (ex-PUSC), Luis Diego Vargas Rodríguez (ex-PLP), Gilberth Jiménez Siles (ex-PLN) y Sonia Rojas Méndez (PLN); así como los socialcristianos Horacio Alvarado Bogantes, Melina Ajoy Palma y Carlos Andrés Robles.
También se ausentaron sin permiso el jefe y la subjefa de fracción de Liberación Nacional, Oscar Izquierdo Sandí y Alejandra Larios Trejos.
La presidencia de la Asamblea Legislativa había otorgado permiso de ausencia únicamente a las diputaciones María Marta Carballo Arce (PUSC), Melina Ajoy Palma (PUSC), Carlos Andrés Robles (PUSC), Paola Nájera Abarca (oficialismo), Manuel Morales Díaz (oficialismo), Rocío Alfaro Molina (FA) y Olga Morera Arrieta (Nueva República). Pese a esos permisos, Carballo Arce y Alfaro Molina sí se hicieron presentes.
El diputado fabricista Yonder Salas Durán, tras ausentarse de la sesión del plenario, fue visto minutos después en el salón de sesiones de la Comisión Especial de Infraestructura, posando de manera sonriente para fotografías tomadas por sus asesores.
El equipo de defensa de la exdiputada Marulin Azofeifa Trejos había advertido horas antes de la sesión que existía riesgo de que no hubiese quórum en la sesión de plenario de este lunes, y ante ello señaló que de ser ese el caso, acudirían a la sede judicial contenciosa-administrativa para reclamar la responsabilidad personal y solidaria de los ausentes, lo que implicaría que tendrían que responder con su patrimonio personal en caso de ser encontrados responsables de conductas omisivas.
El Plenario tenía previsto conocer los tres informes de la Comisión Especial Investigadora: el afirmativo de mayoría, del diputado Alejandro Pacheco Castro; el afirmativo de minoría, de la diputada Johana Obando Bonilla; y el negativo de minoría suscrito por Olga Morera Arrieta y Waldo Agüero Sanabria. Los dos primeros informes recomiendan la imposición de la amonestación ética pública en contra de Alvarado.
La denuncia contra el líder de Nueva República fue presentada el 4 de febrero de 2026, días después de que la presidenta electa de la república, Laura Fernández Delgado, acusara públicamente durante un debate que Alvarado Muñoz había incurrido en conductas sexuales inapropiadas contra ella y otras funcionarias legislativas.
Azofeifa acusó conductas reiteradas de hostigamiento sexual desde 2018, durante la campaña presidencial de ese año y su periodo como diputada, y continuadas hasta el período 2025-2026 mientras ella era asesora legislativa. Los actos en su contra incluyeron tocamientos en glúteos, senos y zonas íntimas, besos forzados pese a su rechazo y el aprovechamiento de la posición jerárquica de Alvarado en su contra.
El informe del diputado Pacheco Castro concluyó que existían indicios consistentes para recomendar la amonestación ética pública, única sanción posible contra un diputado según la ley. La diputada Obando Bonilla respaldó esa recomendación con mayor énfasis en la prueba indiciaria; mientras que los diputados Morera y Agüero, en cambio, consideraron que no se alcanzó el estándar probatorio y pidieron no sancionar a Alvarado.
Tras interponer la denuncia administrativa, la administración del Congreso adoptó varias medidas cautelares, entre ellas reubicar a Azofeifa en otro departamento y bajo la modalidad de teletrabajo.