Este proyecto de ley propone la creación de un impuesto electoral del trece por ciento (13%), el cual sustituiría el pago del impuesto al valor agregado (IVA) en las compras de bienes y servicios realizados por los partidos políticos para sus gastos electorales, de organización y capacitación, la exoneración del pago del IVA en la adquisición de bienes y servicios, y la excepción de emitir facturas en periodo electoral en cuanto a contratos de servicios especiales y arrendamientos de vehículos o bienes inmuebles de proveedores que no estén inscritos ante Hacienda.