La reforma que se propone tiene como objetivo asegurar que las personas candidatas a puestos de elección popular mantengan un comportamiento responsable, ético y coherente con los principios de solidaridad y legalidad que sustentan la seguridad social, sin afectar de manera desproporcionada a sectores vulnerables de la población. En consecuencia, se establece un umbral objetivo de deuda, medido en diez salarios base, y se reconoce la validez de los arreglos de pago vigentes como mecanismo legítimo de cumplimiento de las obligaciones con la CCSS, esto mediante una reforma al artículo 148 del Código Electoral.