Ambas organizaciones cuestionan la ausencia de diputaciones que impidió conocer informes sobre la denuncia por hostigamiento sexual contra Fabricio Alvarado en perjuicio de Marulin Azofeifa y piden avanzar con transparencia y celeridad.
El Movimiento Balance manifestó su preocupación ante la falta de quórum en el Plenario Legislativo que impidió votar la amonestación ética pública contra el diputado Fabricio Alvarado Muñoz, así como por la reciente agresión contra una jueza costarricense, hechos que —según la organización— evidencian un deterioro en la institucionalidad democrática y en la protección de las mujeres en espacios de poder.
A este pronunciamiento se sumó el Foro de Mujeres Políticas por Costa Rica, que expresó su “más firme rechazo” ante la ausencia masiva de diputaciones en la sesión del lunes 27 de abril, señalando que este proceder constituye una grave falta de responsabilidad institucional y política.
El Foro advirtió que la inasistencia deliberada sin justificación válida no solo obstaculiza el acceso a la justicia, sino que también revictimiza a las mujeres denunciantes y debilita la confianza ciudadana en el Parlamento. Asimismo, recordó que había solicitado previamente el conocimiento de los informes de la Comisión Especial Investigadora, por lo que la falta de quórum contradice ese llamado y retrasa un proceso que, según indicaron, debe resolverse con transparencia y celeridad.
Por su parte, el Movimiento Balance también advirtió que este tipo de situaciones se desarrollan en un contexto nacional donde persisten preocupaciones por la violencia contra las mujeres y las limitaciones en la respuesta institucional. En esa línea, recordó que, según el último Informe Estado de la Justicia, solo el 13% de las denuncias asociadas a violencia contra las mujeres terminan en juicio, mientras una gran parte de los casos se desestima en etapas iniciales.
Ambas organizaciones coincidieron en la necesidad de que la Asamblea Legislativa actúe con responsabilidad y garantice el avance de procesos vinculados a denuncias de violencia y hostigamiento, evitando bloqueos políticos que afecten la institucionalidad democrática.