Recursos provenientes de la Junta de Protección Social permitirán ampliar la capacidad operativa de la Cruz Roja Costarricense en zonas urbanas y rurales.
Una inversión de ₡395.616.600 permitirá a la Cruz Roja Costarricense reforzar su capacidad de respuesta ante emergencias mediante la incorporación de 14 nuevas ambulancias que serán distribuidas en distintas comunidades del país.
Los recursos provienen de la Junta de Protección Social (JPS) y se destinaron a la adquisición y equipamiento de vehículos diseñados para atender situaciones críticas, especialmente en zonas de difícil acceso.
La nueva flota incluye unidades tipo Toyota Hiace (4×2 y 4×4), Toyota Land Cruiser 4×4 y pickups doble cabina adaptadas como ambulancias de soporte básico. Todas están equipadas con camillas, sistemas de iluminación y señalización de emergencia, sirenas y desfibriladores externos automáticos (DEA), entre otros insumos esenciales para la atención prehospitalaria.
Según datos de la institución, durante 2025 la Cruz Roja atendió más de 500.000 incidentes en todo el país, incluyendo más de 1.800 casos de personas en condición crítica, lo que evidencia la necesidad de fortalecer su capacidad operativa. Dyanne Marenco, presidenta de la Cruz Roja, agradeció a la Junta de Protección Social y explicó la importancia de la donación:
La benemérita Cruz Roja costarricense atiende una emergencia por minuto, tenemos una flota que ronda los 700 vehículos que recorren más 2 millones de kilómetros por mes, por lo que esta es una de las necesidades críticas de la institución.
La incorporación de estos vehículos permitirá ampliar la cobertura y reducir los tiempos de respuesta en emergencias, tanto en áreas rurales como urbanas, beneficiando directamente a comunidades con acceso limitado a servicios de atención inmediata.
Desde la Cruz Roja destacaron que la renovación de la flotilla vehicular responde a una de las principales necesidades de la institución para garantizar una atención oportuna.
Por su parte, la Junta de Protección Social subrayó que este tipo de inversiones se financian con los recursos generados por la lotería legal, lo que permite canalizar aportes ciudadanos hacia servicios de emergencia y atención a poblaciones en situación de vulnerabilidad.