La Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa aprobó con dictamen afirmativo de mayoría el expediente N.° 24.920, un proyecto de ley que busca reformar la normativa que regula la resolución de conflictos en el deporte costarricense.
La propuesta introduce criterios específicos para identificar a una federación deportiva profesional, como la existencia de relaciones contractuales remuneradas, generación de ingresos comerciales y estructuras organizativas vinculadas a competiciones de carácter profesional.
En contraste, el proyecto define a las federaciones no profesionales como aquellas donde predomina la práctica amateur y no existe una actividad económica relevante asociada a la competencia, manteniéndose bajo los mecanismos tradicionales de resolución de conflictos.
La iniciativa también reforma el artículo 69 de la Ley N.º 7800, con el objetivo de modificar el funcionamiento del Tribunal Administrativo de Conflictos Deportivos y su relación con las federaciones.
Según el nuevo planteamiento, las federaciones profesionales podrán resolver sus disputas internamente, siempre que cuenten con reglamentos vigentes en materia disciplinaria, ética y electoral, así como mecanismos propios de resolución de conflictos.
El Tribunal mantendrá su competencia como instancia posterior, ya que los casos podrán llegar a este órgano una vez agotadas las vías internas, incluyendo reclamos de deportistas, dirigentes, árbitros y público en general.
La propuesta establece que las federaciones deberán garantizar la independencia de sus órganos internos, alineándose con los estándares de las organizaciones internacionales a las que pertenecen.
Tras recibir el dictamen en comisión, el expediente deberá pasar ahora al plenario legislativo, donde afrontará el trámite correspondiente de primer y segundo debate antes de una eventual aprobación final.