Proyecto de la diputada Carolina Delgado propone modificar el artículo 36 de la Constitución Política.
Una reforma constitucional que se encuentra actualmente en la Asamblea Legislativa propone modificar el artículo 36 de la Constitución Política para limitar la posibilidad de abstenerse de declarar contra el cónyuge o familiares hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, en casos de delitos sexuales o violencia intrafamiliar contra menores de edad.
Actualmente, la Constitución Política costarricense permite que familiares cercanos de un menor puedan abstenerse de declarar en un proceso penal por abuso sexual o violencia. Sin embargo, para la Fundación Sin Miedo esta disposición ha generado obstáculos para la investigación y sanción de delitos que ocurren dentro del núcleo familiar, especialmente cuando las víctimas son niñas, niños y adolescentes.
De aprobarse el expediente 23729, se mantendría el principio de que nadie está obligado a declarar contra sí mismo o contra sus familiares, pero se establecería una excepción cuando se trate de delitos sexuales cometidos contra personas menores de edad.
La iniciativa busca adaptar la Constitución a los estándares internacionales de derechos humanos, en concordancia con la Convención sobre los Derechos del Niño, para garantizar el interés superior de la persona menor de edad y su derecho a ser protegida frente a toda forma de violencia.
El proyecto ya fue dictaminado de manera positiva en comisión y fue enviado al Plenario Legislativo con recomendación unánime de aprobación.
La Fundación Sin Miedo, primera organización sin fines de lucro constituida en Costa Rica para apoyar a víctimas de abuso sexual infantil intrafamiliar, solicita a los diputados y diputadas aprobar la reforma en el plenario legislativo.
Fundación se hizo presente en el plenarios.
Para Carolina Delgado, principal impulsora del proyecto "se trata de una reforma para dejar de ser indiferentes y darle el peso necesario a algo tan grave como un abuso sexual".
La mayoría de abusos lamentablemente se dan por familiares o personas cercanas. Y no podemos hacer la vista para otro lado dejando que en una situación tan complicada otros miembros de la familia se escuden con eso”.
Con ella coincide Valeria Yglesias, presidenta de la Fundación Sin Miedo, quien aseguró que se trata de un paso muy significativo para humanizar el proceso, proteger a la niñez, facilitar la ejecución de la justicia en Costa Rica y activar los sistemas de justicia para las personas menores de edad.
Es urgente que este proyecto sea aprobado en la Asamblea Legislativa y es por eso que hacemos un llamado a los señores diputados y diputadas para que garanticen la protección a los menores de edad. Este es el momento para ofrecerles procesos que sí activen los mecanismos de justicia que le corresponden al Estado costarricense”.
Datos del Ministerio Público, señalan que cada año se denuncian más de 12.000 delitos sexuales en Costa Rica, y de esos, alrededor de 8.000 de las víctimas son personas menores de edad.
Además, únicamente el 7% de estos casos recibe condena, lo que evidencia importantes niveles de impunidad.
“Es urgente que este proyecto sea aprobado en la Asamblea Legislativa y es por eso que hacemos un llamado a los señores diputados y diputadas para que garanticen la protección a los menores de edad. Este es el momento para ofrecerles procesos que sí activen los mecanismos de justicia que le corresponden al Estado costarricense”, enfatizó Yglesias.