CGR detectó vacíos en la planificación y coordinación interinstitucional del proyecto.
La Contraloría General de la República (CGR) improbó el financiamiento destinado al diseño y construcción de un embarcadero vecinal en Puerto Viejo de Talamanca, tras detectar vacíos en la planificación y coordinación interinstitucional del proyecto.
La decisión forma parte de la aprobación parcial del presupuesto inicial 2026 de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), en la que el ente contralor rechazó la inclusión de ₡674,2 millones asignados a esa obra.
Según el informe DFOE-CIU-0584, Japdeva no presentó el convenio requerido con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) ni con la Municipalidad de Talamanca, ni aportó acuerdos que evidencien la anuencia de estas instituciones para participar en el proyecto.
Tampoco se detallaron las responsabilidades ni el alcance de las obligaciones que asumirían las entidades involucradas, lo que impidió a la Contraloría verificar la viabilidad administrativa y operativa de la iniciativa.
"Japdeva aduce, para la no suscripción en este momento del convenio, que en la fase actual del proyecto no se cuenta con aporte de recursos y participación del gobierno local", indica el informe realizado por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR.
Ante esto, en el documento dirigido a la presidenta ejecutiva de Japdeva, Sussy Wing Ching, el órgano contralor advirtió que un proyecto de este tipo debe definirse de forma integral desde sus primeras etapas, incluyendo aspectos como la administración, el mantenimiento y la prestación del servicio público que generará la infraestructura.
Además, subrayó que la ausencia de un convenio limita la claridad sobre el marco de competencias de cada institución, lo que podría generar conflictos, dificultades en la coordinación y riesgos en el uso de recursos públicos.
En el oficio, emitido el 23 de diciembre de 2025, la CGR también recordó que las obligaciones entre instituciones no se restringen al aporte económico, sino que abarcan compromisos técnicos, operativos y de gestión que deben quedar formalmente establecidos.
"La importancia de dicho convenio, además, se sustenta en la necesidad de prevenir conflictos, facilitar la cooperación, administrar riesgos a fin de lograr los objetivos propuestos", señalan.
La ausencia del respectivo convenio también limita, comprender y dilucidar el marco competencial de cada una de las instituciones para la atención de la obra a ejecutar y que debe contemplar la fase de prestación del servicio público para el cual se construye, fase que debería estar suficientemente sustentada dado que materializa el objetivo por el cual se crea.
Ante estas deficiencias, el monto improbado deberá trasladarse a la partida de “Cuentas especiales”, lo que impide su ejecución en el proyecto mientras no se subsanen los requisitos señalados.
El rechazo se enmarca en la revisión del presupuesto de Japdeva para 2026, el cual la Contraloría aprobó parcialmente por un total de ₡39.307,2 millones.
Delfino.cr consultó a Japdeva una posición sobre el tema, pero al cierre de esta noticia no se obtuvo respuesta.
Cuestionamientos sobre la viabilidad ambiental
En octubre del año anterior ambientalistas denunciaron que la viabilidad ambiental otorgada a este proyecto se dio de manera exprés. Además, vecinos de la zona indicaron que la tramitación fue desconocida por la comunidad hasta que Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica de Costa Rica (Japdeva) anunció su existencia a finales de agosto de 2025.
A partir de ese momento diversas personas comenzaron a solicitar información a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) y a la misma Japdeva, sin obtener respuestas claras sobre la existencia del expediente.
No fue sino hasta que una fuente anónima facilitó parte de la documentación que se confirmó la existencia de la viabilidad ambiental Nº D1-0883-2024-SETENA, dada en un trámite de apenas 18 días hábiles (entre el 7 y el 30 de octubre de 2024).
“Tienen el permiso ambiental aprobado desde hace un año sin que ninguna persona de la comunidad, asociación o parte interesada fuera notificada o apersonada ni tuviera acceso al expediente”, explicó el grupo BloqueVerde.
Asimismo, las personas de la comunidad denuncian que fueron convocadas a un supuesto proceso de consulta destinado a “legitimar” un proyecto que ya había sido aprobado, lo que consideran una burla al derecho a la participación ciudadana y al acceso a la información pública.
Los colectivos recordaron que en 2008 y 2019 se impulsaron iniciativas similares como la marina New World y un atracadero adjudicado a Náutica JJ S.A, que finalmente fueron rechazadas por inconsistencias en los estudios de impacto ambiental y por la ausencia de audiencias públicas.
Problemática ambiental
En el área ambiental, las personas también se oponen al proyecto del atracadero por su impacto sobre el ecosistema marino. La zona donde se quiere construir alberga un jardín coralino único, con más de 130 especies de peces, además de corales, esponjas y macroalgas.
Las organizaciones advierten que el sitio coincide con arrecifes vivos, frágiles y esenciales para la biodiversidad, la protección costera y el turismo sostenible, por lo que su intervención implicaría un riesgo significativo.
El arrecife ya enfrenta presiones recientes como descargas de aguas residuales, obras de infraestructura sin control de sedimentos y episodios de blanqueamiento por el aumento de la temperatura del mar.
El arrecife conocido como El Chino, frente al centro de Puerto Viejo, figura entre los más vulnerables y ya presenta impactos asociados a intervenciones previas.
