La comisión especial de reformas al sistema político y electoral dictaminó afirmativamente este lunes dos proyectos de ley que modifican el Código Electoral con el objetivo de cerrar portillos en la regulación de la beligerancia política en la función pública.
Las iniciativas —expedientes 24.837 y 24.891— pasarán ahora al plenario legislativo. Aunque ambas parten del mismo artículo, plantean cambios distintos sobre la normativa vigente.
El artículo 146 del Código Electoral actualmente prohíbe a los empleados públicos dedicarse a trabajos o discusiones político-electorales durante la jornada laboral y utilizar el cargo para beneficiar a un partido. Para un grupo de altos funcionarios —entre ellos el presidente, vicepresidentes, ministros, magistrados y jerarcas de entes autónomos— la norma impone una prohibición más estricta: no pueden participar en actividades partidarias, asistir a reuniones políticas ni hacer ostentación de carácter partidista. El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) puede ordenar la destitución e imponer inhabilitaciones de dos a cuatro años.
El artículo 265, por su parte, establece que las denuncias por parcialidad política deben presentarse ante el TSE, por lo que ese tribunal no puede actuar de oficio.
El expediente 24.837, presentado por el diputado Gilberto Campos Cruz y la bancada del Liberal Progresista, mantiene la estructura del artículo 146, pero amplía su alcance.
En primer lugar, extiende la prohibición a “todo el periodo del ejercicio del cargo” y no solo a las horas laborales, cuando se trate de utilizar el puesto, recursos públicos, insumos o personal bajo mando para beneficiar aspiraciones político-electorales.
El texto también añade nuevas categorías dentro de la prohibición absoluta, como el personal contratado bajo el régimen de confianza de la Presidencia, jefaturas de despacho y funcionarios de medios de comunicación estatales.
Además, habilita a la Inspección Electoral del TSE para abrir investigaciones de oficio en el caso del presidente y vicepresidentes, y faculta a la Contraloría General de la República para investigar de oficio el presunto uso de recursos públicos con fines electorales.
El expediente 24.891, impulsado por diputados del Frente Amplio, introduce cambios más amplios. En primer lugar, reformula el artículo 146 para prohibir no solo trabajos o discusiones político-electorales en horas laborales, sino también “manifestaciones, expresiones o conductas, de forma directa o indirecta”, que busquen influir en la voluntad electoral mediante el uso de la condición de funcionario o de medios institucionales.
Asimismo, establece que los funcionarios con prohibición absoluta tienen vedado realizar cualquier conducta —activa u omisiva— que beneficie o perjudique a un partido político.
En materia de sanciones, eleva el rango de inhabilitación. El TSE deberá imponer destitución e inhabilitación de dos a ocho años, en lugar del rango actual de dos a cuatro.
El proyecto también modifica el artículo 265 para autorizar al TSE a abrir investigaciones de oficio por beligerancia política cuando los hechos involucren a la Presidencia, Vicepresidencias, ministros o magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Por último, reforma la Ley Orgánica de la Contraloría para permitir investigaciones una vez que el TSE declare la existencia de un presunto uso de recursos públicos con fines electorales, y reafirma que corresponde exclusivamente al tribunal electoral declarar la culpabilidad y decretar las sanciones.
Breves
— Con 43 votos a favor y 0 en contra se aprobó en primer debate el expediente 23.557 "Reforma del Artículo 1 de la Ley de Subvención a las Juntas de Educación y Juntas Administrativas por las Municipalidades, Ley N° 7552 2 de octubre de 1995, para Fortalecer a los Centros de Enseñanza Especial del Ministerio de Educación Pública".
— Con 43 votos a favor y 0 en contra se aprobó en primer debate el expediente 25.114 "Aprobación de la adhesión de la República de Costa Rica al Acuerdo de Asociación de Economía Digital (DEPA), al Protocolo al Acuerdo de Asociación de Economía Digital y a la decisión del Comité Conjunto del Acuerdo de Asociación de Economía Digital (DEPA) relativa a la adhesión de la República de Costa Rica al DEPA a la cual se anexan las condiciones de adhesión de la República de Costa Rica al Acuerdo de Asociación de Economía Digital (DEPA)".
— Con un doble empate de 20 votos a favor y 20 en contra, se rechazó en primer debate el expediente 23.714 "Ley para el enjuiciamiento de las causas declaradas como narcoactividad y sus manifestaciones criminógenas". A pesar de que el artículo 106 del Reglamento dispone que en casos de doble empate el asunto sobre el cual recayó la votación se tiene por archivado sin más trámite, el presidente interino, Carlos Felipe García admitió preliminarmente dos mociones de reconsideración de la votación a raíz de reclamos de la diputada María Daniela Rojas Salas (PUSC), quien afirmó contar un criterio del Departamento de Servicios Técnicos del año 2024 que permite presentar mociones de ese tipo en casos de dobles empates; dicho criterio cita además la resolución Nº 17616-2005 de la Sala Constitucional, donde el tribunal resolvió, por mayoría 6 vs. 1 que sí se pueden presentar mociones de reconsideración de la votación sobre asuntos que fueron inicialmente rechazados por doble empate. La votación de las mociones se suspendió a la espera de un nuevo criterio de Servicios Técnicos.
Proyectos dictaminados
— La Comisión de Ambiente rechazó el expediente 24.752 "Ley para el control de los cocodrilos y caimanes en Costa Rica". Por el contrario, dictaminó afirmativamente el expediente 24.970 "Reforma al artículo 1 de La Ley Forestal, Ley N°7575, de 16 de abril de 1996", el expediente 25.014 "Ley marco sobre captura y comercialización de Carbono Azul en ecosistemas marinos “Elizabeth Odio Benito”", el expediente 25.189 "Ley para la salvaguarda ambiental del cauce principal del río Pacuare".
Leyes publicadas
En el Alcance N.° 17 a La Gaceta N.° 35 del viernes 20 de febrero de 2026 se publicaron y entraron a regir las siguientes leyes:
— Ley 10.842 "Aprobación de la Adhesión al Protocolo de 1996 Relativo al Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y otras Materias, 1972" que se tramitó bajo el expediente 24.856. Esta iniciativa se aprobó en segundo debate el 2 de febrero de 2026, por lo que transcurrieron 18 días para que fuera publicada en La Gaceta.
— Ley 10.843 "Aprobación del Tratado de Asistencia Judicial en Materia Penal entre la República de Costa Rica y la República Oriental del Uruguay" que se tramitó bajo el expediente 24.816. Esta iniciativa se aprobó en segundo debate el 2 de febrero de 2026, por lo que transcurrieron 18 días para que fuera publicada en La Gaceta.
— Ley 10.844 "Aprobación del Tratado entre la República de Costa Rica y la República de El Salvador para el cumplimiento de condenas penales en el extranjero" que se tramitó bajo el expediente 24.857. Esta iniciativa se aprobó en segundo debate el 2 de febrero de 2026, por lo que transcurrieron 18 días para que fuera publicada en La Gaceta.