En plena COP 30, mientras se negocia el futuro internacional de la senda climática. No se debe desaprovechar la coyuntura para volver a plantear a los costarricenses la pregunta sobre dónde se encuentra Costa Rica en el ámbito climático y sostenible.
Y es que, si bien se podría afirmar que Costa Rica había logrado ganar un lugar privilegiado en el imaginario mundial como “país verde”, construyendo una narrativa —acompañada de acciones— que relataban cómo apostó por un desarrollo sostenible, recuperó la cobertura boscosa revirtiendo los patrones de deforestación como pocos países lo han hecho y convirtió al ambiente en parte de su identidad nacional, transformando dicho pilar en un aliado estratégico en las mesas de negociación internacional, se ha visto enfrentado a desafíos.
Actualmente, se vive un periodo de altos niveles de incertidumbre, donde no se observa un frente unido de cómo se posiciona Costa Rica con respecto a temas climáticos ante el mundo. Haciendo cada vez más notorio cómo esta narrativa se encuentra en tela de juicio. Hoy, cuando se pregunta si el pilar ambiental sigue vigente, la respuesta titubea y no se puede afirmar con la misma certeza de antes.
Ciertamente, existen varias conquistas importantes que han llevado al país por el buen camino y no se deben desestimar; ya que dispone de una matriz energética mayoritariamente renovable con un estimado del 98% de suministro eléctrico de energías de fuentes limpias (Electricidad en Costa Rica 2024/2025, 2025), una ley forestal pionera en los noventa (PGR, 1996) y un sistema de Pago por Servicios Ambientales reconocido internacionalmente (CMNUCC, s.f).
Además, no debe perderse de vista el trabajo que se realiza a nivel país por construir y actualizar políticas públicas relativas al ambiente como las NDC, el Plan Nacional de Descarbonización o el Plan Nacional de Adaptación (DCC, 2021). Asimismo, recientemente se destacan iniciativas como el Código de construcción climática, que se tenía previsto presentar en la COP30 (Castro, 2025).
No obstante, se presentan realidades que contradicen esa imagen de forma tajante: desarrollos turísticos sin viabilidad ambiental, como pasa con frecuencia en la provincia de Guanacaste (Román, 2025), deficiencias en el tratamiento de aguas residuales (OCDE, 2025), una agenda climática ambiciosa pero con emisiones altas de sectores como transporte y agricultura (OCDE, 2025) y conflictos territoriales con comunidades indígenas que llevan años pidiendo justicia (OBC, 2025).
Sin mencionar el sinsabor que causa para Costa Rica el haber impulsado en su momento la creación del Acuerdo de Escazú, para después negarse a ratificarlo. Así como tampoco se puede hablar de liderazgo en materia ambiental cuando los informes de rendición de cuentas presidenciales omiten, o apenas mencionan, dicha temática.
En un contexto internacional, el panorama no es más alentador, ya que la crisis climática ha llegado a un punto de inflexión inminente ante la degradación climática, donde el Secretario General de la ONU, António Guterres, anunciaba en su discurso de apertura de la COP30: “Hemos fracasado en nuestro intento de mantenernos por debajo de 1,5 grados”.
Mientras que, a nivel de financiamiento internacional ambiental, se observan limitaciones importantes por las brechas de financiamiento climático existentes, así como críticas puntuales sobre cómo el financiamiento proviene cada vez más en forma de préstamos y menos de subvenciones. Ante ello, Costa Rica no es la excepción.
De todo esto, la reflexión que debe de quedarse en el colectivo es que el liderazgo ambiental costarricense no se mantiene por inercia y que requiere coherencia entre lo que se dice y lo que se hace tanto en el ámbito local, nacional e internacional. Y, sobre todo, requiere que la sociedad se involucre y crea en la urgencia e importancia del medio ambiente en todas sus dimensiones.
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