Desde 1942, mediante el Decreto Ejecutivo N.° 18 del 6 de noviembre, se instauró el Día de la Democracia Costarricense. Cada año celebramos esta fecha y nos enorgullece ser una de las democracias más sólidas y respetadas del mundo. Y sí, lo somos.

Sin embargo, es un error darla por sentada. Tener más de ocho décadas de vida institucional no la hace inmune a amenazas que, de consolidarse, podrían implicar un cambio de modelo —no precisamente en beneficio de los derechos y garantías ciudadanas— en nuestro país.

Nuestra democracia es longeva, pero, como cualquier otra, debe construirse día a día. Más allá de su dimensión política —un sistema donde la autoridad reside en el pueblo y las mayorías adoptan decisiones—, la democracia descansa en la división de poderes como salvaguarda frente a la concentración y el abuso.

Supone, además, el respeto de los derechos fundamentales de todas las personas, no solo de quienes integran una mayoría circunstancial. Como advierte el jurista Luigi Ferrajoli, esos derechos están constitucionalmente sustraídos al arbitrio de las mayorías y operan como límites insalvables a las decisiones del Estado.

En este contexto, la independencia judicial desempeña un papel esencial. Jueces y juezas están llamados a asegurar el cumplimiento de la ley y la protección de los derechos y garantías de cada ciudadano. Esto exige, con frecuencia, defender a las minorías frente a las mayorías y adoptar decisiones justas, aunque impopulares.

El Poder Judicial debe ser transparente, estar abierto al escrutinio y reconocer sus errores, pero quienes ejercen la judicatura no pueden renunciar a su deber porque sus resoluciones sean objeto de ataques. En una democracia sólida, la independencia judicial es garantía de que la ley se aplicará con rigor e igualdad, y de que las decisiones no responderán a intereses políticos, económicos o de otro tipo.

Por eso, atacar al Poder Judicial es la receta antidemocrática por excelencia: debilita el freno que impide los excesos del poder y allana el camino a los autoritarismos. La democracia no debe ser solo un recurso retórico que se invoca cada 7 de noviembre.

Requiere conciencia de su valor y de su fragilidad. Se construye con hechos, con decisiones apegadas a la ley, con respeto institucional y con ciudadanos que entienden que la justicia es pilar de la República.

Cada persona, desde su ámbito, tiene la responsabilidad de fortalecer nuestra democracia. Los jueces y juezas lo hacen al aplicar la ley con independencia; la ciudadanía, al defender la institucionalidad sobre la que Costa Rica ha edificado una historia de paz, progreso y libertad.

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