La CICR advierte que las alzas propuestas afectarían de manera directa los costos de operación de múltiples industrias y sectores productivos.
La Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) presentó ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) una oposición formal al estudio tarifario ordinario de oficio que propone aumentar las tarifas a los servicios de estiba, desestiba, carga y descarga que se brindan en las terminales portuarias Hernán Garrón Salazar (Limón) y Gastón Kogan Kogan (Moín), administrados por JAPDEVA.
La posición del sector industrial se fundamenta en que el informe técnico preliminar elaborado por Aresep presenta debilidades metodológicas, falta de información esencial y se echa de menos un análisis de eficiencia y calidad del servicio, lo que impide asegurar que las tarifas propuestas respeten el principio de servicio al costo, establecido en la Ley 7593.
La CICR señala que el estudio tarifario:
- Carece de contabilidad de costos por servicio, a pesar de que su implementación fue ordenada desde 2015, lo que impide diferenciar gastos requeridos para brindar el servicio de los que no lo son.
- Utiliza información limitada a un solo año (2024) y emplea como sustituto metodológico las “horas-hombre”, una aproximación que no refleja productividad ni eficiencia real.
- Promedia datos de operaciones heterogéneas, pese a que las empresas estibadoras presentan estructuras operativas, volúmenes, rendimientos y costos sustancialmente distintos.
- Incluye aumentos tarifarios desproporcionados, algunos superiores al 100%, sin evaluar su efecto en competitividad, logística y costos de operación.
- Aplica un margen de rentabilidad fijo del 15%, basado en un estudio de 1998, sin actualizarlo según condiciones económicas actuales ni metodologías regulatorias modernas.
- No incorpora análisis de calidad del servicio, productividad, costo eficiente, ni comparación con otros puertos del país o de la región.
La CICR advierte que las alzas propuestas para servicios críticos estiba, desestiba, carga y descarga afectarían de manera directa los costos de operación de múltiples industrias y sectores productivos. Lo cual compromete la competitividad del país en un entorno global donde Costa Rica debe mantener estructuras logísticas eficientes y tarifas razonables para sostener su acceso a mercados internacionales. Máxime considerando que se trata de un incremento de oficio, ya que las empresas concesionarias que prestan el servicio no han solicitado alza alguna.
En su oposición, la CICR solicitó:
- Exigir el cumplimiento efectivo de la contabilidad de costos ordenada desde 2015, como condición indispensable para cualquier fijación tarifaria.
- Realizar un análisis de eficiencia y productividad, que permita depurar costos ineficientes.
- Actualizar la metodología de cálculo de rentabilidad, sustituyendo el margen fijo del 15% por modelos modernos y técnicamente justificados.
- Incorporar un análisis de impacto económico para garantizar equilibrio entre usuarios y operadores, tal como dispone la Ley 7593.
La Cámara reafirmó su compromiso de defender condiciones logísticas y regulatorias que promuevan la competitividad del aparato productivo costarricense. “Los servicios portuarios eficientes y con tarifas basadas en información real, verificable y moderna son esenciales para el desarrollo industrial del país y para la estabilidad de las exportaciones”, concluyó el Sergio Capón, presidente de la Cámara.