Congreso deberá decidir si permite que Chaves y su ministro de Cultura sean investigados penalmente.

El Poder Judicial remitió formalmente este lunes a la Asamblea Legislativa la resolución de Corte Plena mediante la cual se solicita el levantamiento del fuero de improcedibilidad (conocido como inmunidad) del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, y del ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives, para que el Congreso lo analice, discuta y resuelva en definitiva.

El trámite se da luego de que, el pasado 1.° de julio, la Corte Suprema de Justicia, reunida en Corte Plena, aprobara por mayoría de 15 votos contra 7 trasladar la solicitud de la Fiscalía General de la República, que acusó a ambos jerarcas por un presunto delito de concusión, tipificado en el artículo 355 del Código Penal y sancionado con penas de entre dos y ocho años de prisión.

La acusación se originó en la contratación de servicios de comunicación por $405.800 mediante un convenio con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Según la Fiscalía, el contrato fue adjudicado a RMC La Productora S. A. (Nocaut) y fraguado a la medida del empresario Christian Bulgarelli Rojas, con el fin de beneficiar a personas allegadas al presidente.

Entre los supuestos beneficiarios figura Federico "Choreco" Cruz Saravanja, exasesor de imagen de Chaves, quien habría recibido $32.000 para la compra de una vivienda. De acuerdo con la investigación, Chaves y Rodríguez (entonces jefe de despacho presidencial) sostuvieron reuniones previas con Bulgarelli en Casa Presidencial, donde le habrían instruido redactar los términos de referencia del contrato.

La Fiscalía sustenta su acusación, entre otras pruebas, en los denominados "Audios de la Presidencia", una serie de grabaciones hechas en Casa Presidencial tras el inicio del gobierno en mayo de 2022. En una de ellas, el presidente solicita expresamente el contrato con el BCIE y menciona tener "un montón de antojos", preguntando además si Cruz Saravanja estaría incluido entre los beneficiarios.

Con la remisión del expediente, la Asamblea deberá abrir un procedimiento legislativo para estudiar la solicitud. Esto incluye la conformación de una comisión especial de tres diputados, encargada de analizar las pruebas y dar audiencia tanto al presidente como al ministro antes de emitir una recomendación al plenario legislativo.

Para que proceda el levantamiento de inmunidad se requiere una mayoría calificada de 38 votos. Si el plenario lo aprueba, la investigación será asumida por un magistrado instructor de la Sala de Casación Penal (Sala Tercera), quien convocará a Chaves y a Rodríguez a declarar en indagatoria y dará inicio al proceso penal. En caso contrario, el expediente podrá ser reactivado por la vía ordinaria cuando ambos pierdan su inmunidad.

El empresario Christian Bulgarelli no fue incluido en la acusación penal, ya que recibió un criterio de oportunidad por colaborar con la investigación. Su testimonio está condicionado a que su aporte resulte útil y veraz; de lo contrario, el Ministerio Público podría retomar la acción penal en su contra.

De forma paralela, la Fiscalía tramita una causa separada contra Cruz Saravanja, bajo el expediente 25-000044-0033-PE, ya que él no cuenta con fuero de improcedibilidad.