El presidente de la república, Rodrigo Chaves Robles, acusó falsamente a las fracciones legislativas de Liberación Nacional (PLN) y el Frente Amplio (FA) de intentar reducir las penas de prisión por el uso de armas de guerra o de alto calibre, pese a que los registros legislativos muestran lo contrario. Además, atribuyó falsamente al ministro de Seguridad, Mario Zamora Cordero, una reforma que en realidad fue impulsada por una de sus "enemigas políticas": la diputada independiente Gloria Navas Montero.
Durante la conferencia de prensa previa al Consejo de Gobierno de este miércoles, Zamora explicó que actualmente se tramita en la Asamblea Legislativa un proyecto para endurecer las penas contra sicarios y solicitó un incremento “de forma radical y fuerte” en las sanciones.
Chaves respondió con escepticismo y sarcasmo a lo dicho por su ministro y realizó dos afirmaciones incorrectas.
Don Mario, ¿usted tiene fe de que ellos van a hacer algo? Vea, pasaron la iniciativa suya, creo, no estoy seguro, penas más fuertes para quienes agarrábamos nosotros con armas de guerra y ahora oigo, escucho y me cuentan de que Frente Amplio y Liberación Nacional […] quieren bajar de vuelta las penas que se aprobaron hace poco".
Zamora respondió afirmativamente, validando la afirmación del presidente, a pesar de que no era cierta.
El proyecto que incrementó las penas por el uso ilegal de armas de fuego, tramitado bajo el expediente 24.095, fue una iniciativa de la diputada independiente Gloria Navas Montero y el diputado liberacionista Gilberth Jiménez Siles. Esta propuesta dio origen a la Ley 10.610, que entró en vigor en noviembre de 2024, y que aumentó las penas por delitos relacionados con armas de fuego, incluyendo agresión con armas prohibidas, acopio de armas prohibidas, introducción y tráfico de materiales prohibidos, amenazas agravadas y el accionamiento de armas.
La ley se tramitó casi en paralelo con otro proyecto presentado por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), que pretendía agravar las penas por amenazas con armas de fuego a funcionarios públicos. Sin embargo, el avance simultáneo de ambas iniciativas generó una discrepancia en las redacciones de los artículos del Código Penal.
Cuando la propuesta del PUSC llegó al plenario en febrero de 2025, su redacción no reflejaba la actualización ya aprobada en la Ley 10.610. Como resultado, su versión implicaba una reducción de penas en comparación con la legislación vigente, aunque sí aumentaba las sanciones respecto al texto original del Código Penal sobre el cual se trabajó.
El 13 de febrero, la Asamblea aprobó la iniciativa en primer debate con 39 votos a favor, incluidos siete del partido de gobierno. No obstante, el 18 de febrero, antes de su votación en segundo debate, la jefa de fracción del PUSC, María Marta Carballo Arce, advirtió el error. Ese mismo día, el plenario aprobó una moción para devolver el proyecto a primer debate y, el 24 de febrero, se corrigió la redacción para evitar cualquier rebaja de penas.
La versión corregida fue aprobada en primer debate el 13 de marzo y en segundo y último debate el 18 de marzo, con unanimidad de los presentes, incluido el oficialismo.
Tras las declaraciones del presidente, diputadas de las fracciones mencionadas desmintieron sus afirmaciones. Priscilla Vindas Salazar, representante del FA en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, calificó la situación como “verdaderamente penosa”.
“Confunden los tipos penales, pues no pretendíamos bajar la pena sino adecuarla a la reforma realizada recientemente. Se solicitó devolver la redacción a la legislación vigente, con lo cual, lejos de disminuir la pena, se pretendió dejarla como estaba actualmente”, declaró Vindas.
Por su parte, Alejandra Larios Trejos, del PLN, criticó la falta de rigurosidad del mandatario.
Es lamentable que, ni siquiera en un tema tan serio como el de la seguridad del país, el presidente de la república actúe con responsabilidad y estudie antes de emitir un criterio, o lo que es peor, siga engañando a las personas. No es cierto que la Fracción de Liberación Nacional haya bajado las penas a los delitos cometidos con armas de guerra".
La diputada explicó que el PLN apoyó la modificación de penas cuando se usaban armas para amenazar a funcionarios públicos, pero que posteriormente se presentó y aprobó una moción para adecuarlas a lo que ya establecía el Código Penal.
“Así que, reitero, es una mentira más del presidente de la República”, concluyó.
Cronología de lo ocurrido
- 4 de mayo de 1970: Se promulga el Código Penal vigente cuyo artículo 140 castiga con prisión de dos a seis meses el que agrediere a otro con cualquier arma u objeto contundente, aunque no causare herida, o el que amenazare con arma de fuego.
- 13 de diciembre de 2023: Gloria Navas y Gilberth Jiménez presentan el expediente 24.095 para agravar las penas en delitos con armas de fuego, incluida la pena del artículo 140.
- 8 de enero de 2024: La fracción del PUSC presenta el expediente 24.104 para agravar las penas por amenazas con armas de fuego contra civiles y funcionarios públicos, incluida la pena del artículo 140.
- 11 de julio de 2024: La Comisión de Seguridad y Narcotráfico dictamina afirmativamente el expediente 24.095 agravando las penas del artículo 140 a cárcel de cuatro meses a dos años.
- 9 de septiembre de 2024: La Comisión de Seguridad y Narcotráfico dictamina afirmativamente el expediente 24.104 agravando las penas del artículo 140 a cárcel de cuatro meses a un año.
- 22 de octubre de 2024: Se aprueba en primer debate por unanimidad el expediente 24.095 agravando las penas del artículo 140 a cárcel de cuatro meses a dos años.
- 28 de octubre de 2024: La Comisión de Redacción presidida por la diputada oficialista Paola Nájera Abarca aprueba la redacción final que se llevará a segundo debate del expediente 24.095.
- 29 de octubre de 2024: Se aprueba en segundo debate por unanimidad el expediente 24.095 agravando las penas del artículo 140 a cárcel de cuatro meses a dos años.
- 30 de octubre de 2024: La Comisión de Seguridad y Narcotráfico aprueba la moción de fondo 137-5 de la diputada Carballo Arce al expediente 24.104, agravando las penas del artículo 140 a cárcel de cuatro meses a dos años.
- 15 de noviembre de 2024: El expediente 24.095 se convierte en la ley 10.610, agravando las penas del artículo 140 a cárcel de cuatro meses a dos años.
- 16 de enero de 2025: La Comisión de Seguridad y Narcotráfico aprueba las mociones 137-1 de la diputada Carballo Arce; 137-2 y 137-3 de varios diputados al expediente 24.104, con las cuales ocurre el desfase en las penas del artículo 140 original y el reformado por la ley 10.610. Ese día se cierra la oportunidad de hacerle más modificaciones al texto del expediente 24.104, y ningún congresista presenta mociones de reiteración para que el plenario conociera de propuestas de cambio adicionales.
- 13 de febrero de 2025: Se aprueba en primer debate por unanimidad el expediente 24.104 con penas en el artículo 140 de cárcel de cuatro meses a un año.
- 17 de febrero de 2025: La Comisión de Redacción aprueba la redacción final que se llevará a segundo debate del expediente 24.104 con el desfase respecto a las penas vigentes por la ley 10.610.
- 18 de febrero de 2025: El plenario suspende el segundo debate del expediente 24.104 y aprueba retrotraer el expediente a primer debate para hacerle un cambio que impida la reducción de las penas fijadas por la ley 10.610.
- 24 de febrero de 2025: Se aprueba por unanimidad en el plenario una moción de fondo que corrige el desfase de las penas y las equipara a las que quedaron vigentes con la ley 10.610.
- 13 de marzo de 2025: Se aprueba en primer debate por unanimidad, por segunda vez, el expediente 24.104.
- 18 de marzo de 2025: Se aprueba en segundo debate por unanimidad el expediente 24.104 con las penas corregidas.
- 19 de marzo de 2025: Rodrigo Chaves acusa falsamente al PLN y al FA de intentar rebajar las penas por uso de armas de gran calibre.
Breves
Este miércoles no se conocieron proyectos de ley ni reformas constitucionales en el plenario, ni sesionaron las comisiones con potestad legislativa plena.
Proyectos dictaminados
— La Comisión de Honores dictaminó afirmativamente el expediente 24.004 "Benemeritazgo de la Patria a Lilia Ramos Valverde", el expediente 24.253 "Declaratoria de Benemeritazgo de la Educación y la Cultura para Flory Chaves Castro (Tía Flory)", el expediente 24.449 "Declaratoria de Benemérita de las Artes Patrias a María del Carmen "Lía" Bonilla Chavarría", y el expediente 24.680 "Declaratoria de Benemérito de la Patria a Eduardo Mora Valverde". Por el contrario, rechazó el expediente 24.306 "Ley que declara el Colegio Técnico Profesional de Talamanca como Institución Benemérita de la Patria" y el expediente 24.726 "Declaración de la Ciudadanía de Honor para Wilburg Jimenez Castro".
— La Comisión de Asuntos Sociales dictaminó afirmativamente el expediente 24.627 "Reforma del inciso b) del artículo 15 de la Ley N.º 4351 de 11 de julio de 1969 y sus reformas".
— La Comisión de Turismo dictaminó afirmativamente el expediente 24.061 "Ley para la simplificación y la seguridad jurídica de la actividad de hospedaje no tradicional".
— La Comisión de Asuntos Agropecuarios dictaminó afirmativamente el expediente 24.475 "Ley para declarar como prioridad sanitaria y prevenir, mitigar y contener la enfermedad conocida como Huanglongbing (HLB) de los cítricos, en todo el territorio costarricense".
— La Comisión de Asuntos Jurídicos dictaminó afirmativamente el expediente 24.119 "Ley para autorizar al Ministerio de Cultura y Juventud y sus órganos desconcentrados a dar en custodia o administración de sujetos privados, fondos y actividades públicas" y el expediente 24.158 "Ley para prevenir el secretismo salarial".
Leyes publicadas
Este 19 de marzo no se publicaron nuevas leyes en La Gaceta.
